PROVEA https://www.derechos.org.ve Todos los Derechos para Todas y Todos Thu, 06 Aug 2020 22:23:36 +0000 es hourly 1 https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/cropped-Logoazulnuevo-32x32.jpg PROVEA https://www.derechos.org.ve 32 32 Covid19: Informe Condiciones Medio Ambiente de Trabajo Sector Salud en Venezuela https://www.derechos.org.ve/actualidad/covid19-informe-condiciones-medio-ambiente-de-trabajo-sector-salud-en-venezuela?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=covid19-informe-condiciones-medio-ambiente-de-trabajo-sector-salud-en-venezuela Thu, 06 Aug 2020 17:05:18 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17155 Provea inicia con el presente Informe un monitoreo riguroso sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo del personal de salud en Venezuela. Los trabajadores y trabajadoras del sector están expuestos por sus propia labor a un mayor riesgo ante el coronavirus. Con dedicación y sacrificio vienen trabajando en centros de salud públicos y privados […]

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Provea inicia con el presente Informe un monitoreo riguroso sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo del personal de salud en Venezuela.

Los trabajadores y trabajadoras del sector están expuestos por sus propia labor a un mayor riesgo ante el coronavirus. Con dedicación y sacrificio vienen trabajando en centros de salud públicos y privados a nivel nacional. Las condiciones en que dicha labor se viene realizando no es buena.

Además de salarios miserables, no se cumple con la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Tampoco se aplican recomendaciones de distintos organismos de Naciones Unidas.

Queremos con el Informe que iremos publicando mensualmente en el contexto de la pandemía contribuir a visibilizar las condiciones en las cuales laboraran las personas en el sector de la salud pública en nuestro país y llamar la atención tanto de las autoridades en sus distintos niveles de responsabilidad nacional, estadal y municipal como de las agencias internacionales que vienen prestando ayuda humanitaria en Venezuela

Desde Provea, expresamos nuestro reconocimiento a todo el personal de salud que a
pesar de las difíciles situaciones económicas y sociales que padece y los riesgos a los que se exponen para dar atención a la población afectada por el Covid-19, realizan día a día su labor. A
los familiares y colegas de las personas fallecidas nuestras más sentidas condolencias.

Puedes acceder al Informe en el presente link PDF

informe sector salud covid19 JULIO

 

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Sobrevivir es el desafío en cárceles venezolanas https://www.derechos.org.ve/opinion/sobrevivir-es-el-desafio-en-carceles-venezolanas?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sobrevivir-es-el-desafio-en-carceles-venezolanas Thu, 06 Aug 2020 16:22:30 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17153 Marino Alvarado / Las cárceles venezolanas están llenas de jóvenes. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su reciente informe sobre la situación carcelaria en 2019 había un total de 43.992 reclusos distribuidos en 44 cárceles que están funcionando de 52 recintos existentes. Esa cantidad de personas privadas de libertad no incluye a quienes están los […]

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Marino Alvarado / Las cárceles venezolanas están llenas de jóvenes. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su reciente informe sobre la situación carcelaria en 2019 había un total de 43.992 reclusos distribuidos en 44 cárceles que están funcionando de 52 recintos existentes. Esa cantidad de personas privadas de libertad no incluye a quienes están los calabozos policiales los cuales son cerca de 25.000.

El reto de cualquier preso en una cárcel venezolana es salir vivo de ella. Los altos niveles de violencia, la creciente desnutrición que genera muertes por hambre y la falta de atención médica adecuada y oportuna, produce mensualmente muertes por tuberculosis y otras patologías.

Las cifras emanadas de OVP sobre la violencia en las cárceles refleja el fracaso de la gestión pública en materia carcelaria. Desde 1999 hasta 2019 han fallecido 7.374 personas en las cárceles venezolanas y otras 17.715 resultaron heridas, lo que engloba una cifra total de víctimas, entre muertos y heridos, de 25.089

Si bien la cantidad de personas fallecidas en las cárceles ya sea por violencia o falta de atención adecuada de salud o desnutrición sigue siendo alta, debe reconocerse que ha bajado progresivamente, sobre todo porque han disminuido las muertes por violencia.

Los presos fallecidos por hambre y enfermedades, al contrario, vienen en franco crecimiento. La situación es tan grave que en el año 2019 la cifra de fallecimientos por problemas de salud fue superior a la referida por motivos violentos. Del total de 104 personas fallecidas, 66 relacionados con asuntos de salud, lo cual representa un 63,5%. Ello es un indicador del nivel de indolencia por parte de las autoridades.

Cuando las cifras por violencia eran muy altas superiores a 500 en un año, la excusa fue que los controles de las prisiones estaban en manos de los propios reclusos bajo el mandato de los llamados pranes. El Estado fue asumiendo la autoridad en algunas cárceles y como resultado bajaron los hechos violentos. Pero aumentaron las muertes por no brindar a los presos el mínimo de atención en materia de salud y alimentación.

El Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura ha indicado que la no atención médica oportuna y adecuada a un privado de libertad constituye trato cruel e inhumano.

En los centros de reclusión, los espacios destinados a servicios de atención médica primaria se encuentran cerrados, bien por falta de personal médico o de enfermería, o porque la dotación de insumos es prácticamente inexistente.

Los presos que padecen alguna complicación de carácter médico son trasladados a centros asistenciales de salud sólo cuando se encuentran en situación de extrema gravedad o agonizando. Constantemente familiares de reclusos denuncian ante las organizaciones de derechos humanos, así como ante los distintos entes y medios de comunicación, dicha irregularidad. Se descarga en los familiares el suministro de los tratamientos o medicamentos requeridos por sus seres queridos detrás de las rejas.

Los problemas de alimentación también son graves. Afirma OVP que con frecuencia reciben denuncias de huelgas de hambre realizadas por la población penitenciaria a nivel nacional como medida de protesta, ya que la desnutrición en los múltiples centros está a la orden del día. En 2019 se produjeron 1.934 huelgas de hambre.

Los entes encargados de proveer alimentos a estos recintos no supervisan la entrega efectiva de los mismos, eso sin contar las condiciones de insalubridad de aquellos que efectivamente son entregados. Por otra parte, no se garantizan las tres comidas diarias. Tampoco una alimentación suficiente, ni consistente, ni balanceada, ni variada y, mucho menos, preparada de acuerdo con las normas nutricionales y dietéticas.

Indica OVP que la situación es aún más preocupante porque en los centros de reclusión nacionales existen dos realidades en torno a la alimentación de la población penitenciaria. Por un lado, están los centros bajo el control de un régimen penitenciario impuesto por los organismos nacionales. Es en ellos donde más se padecen los embates de una mala alimentación y donde se focalizan las protestas de los reclusos por la falta de una ingesta alimenticia adecuada.

Por otra parte, los centros donde el control es ejercido por los denominados pranes. En esos recintos, algunos reclusos cuentan con una mejor alimentación siempre que hagan la debida cancelación de una cuota denominada llamada “la causa”. Esta es solicitada por quienes lideran el control penitenciario. Una privatización de hecho del sistema alimentario que produce exclusión. ¿Qué pasa con aquellos privados de libertad cuyas familias no tienen posibilidad de cumplir las exigencias de los pranes? De esta manera también se consolida un sistema delictivo a costa del hambre de los presos.

Ineficacia, indolencia e improvisación caracterizan la gestión penitenciaria. Las consecuencias son muy negativas para los miles de privados de libertad quienes día a día tienen que sortear peligros y dificultades para sobrevivir.

El desafío de todo preso cada día es no morir. Así transcurren las semanas, meses y años para la gran mayoría. Quien recobre la libertad luego de pagar su condena, muy bien puede llamarse un superviviente.

  • Abogado, Coordinador de Investigación y Difusión de Provea

 

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Boletín Crisis en Venezuela N° 144 | Rubén González: libertad diferida https://www.derechos.org.ve/actualidad/boletin-crisis-en-venezuela-n-144-ruben-gonzalez-libertad-diferida?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=boletin-crisis-en-venezuela-n-144-ruben-gonzalez-libertad-diferida Thu, 06 Aug 2020 10:55:15 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17148 En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la […]

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En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.

En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

Puedes descargar el Boletín Crisis en Venezuela EN ESPAÑOL | ENGLISH

Boletín 144 - Crisis En Venezuela ES B

 

 

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CODEHCIU | Bolívar registra 127 ejecuciones extrajudiciales durante el primer semestre de 2020 https://www.derechos.org.ve/actualidad/codehciu-bolivar-registra-127-ejecuciones-extrajudiciales-durante-el-primer-semestre-de-2020?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=codehciu-bolivar-registra-127-ejecuciones-extrajudiciales-durante-el-primer-semestre-de-2020 Thu, 06 Aug 2020 10:44:16 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17144 Las muertes potencialmente ilícitas o ejecuciones extrajudiciales son una realidad diaria para los bolivarenses. En el nuevo reporte de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) hay reflejados 127 de estos casos, correspondientes al primer semestre de 2020; y  algunos familiares, que son víctimas indirectas, desmienten las versiones oficiales de los organismos […]

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Las muertes potencialmente ilícitas o ejecuciones extrajudiciales son una realidad diaria para los bolivarenses. En el nuevo reporte de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) hay reflejados 127 de estos casos, correspondientes al primer semestre de 2020; y  algunos familiares, que son víctimas indirectas, desmienten las versiones oficiales de los organismos de seguridad.

El monitoreo de Codehciu contabiliza estas arbitrariedades en Bolívar mediante reportes de la prensa digital de la región y redes sociales; desde 2018 ha evidenciado la reiterada violación a los derechos a la vida y a la integridad de los bolivarenses.

Entre enero y junio el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el órgano vinculado a más ejecuciones extrajudiciales, con 48 muertes. Es importante destacar que los efectivos de este cuerpo de seguridad, desde el inicio del monitoreo en 2018, han sido los más violentos en Bolívar.

Estas situaciones también han llamado la atención de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que documentó, en su informe sobre la situación de Venezuela publicado en julio del año pasado, casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados durante operaciones de seguridad de las Fuerzas Armadas Especiales (FAES).

Víctimas de las arbitrariedades

“Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONG, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas”, alerta el documento, que también exhorta al Estado venezolano a disolver este organismo de seguridad y proporcionar reparación a las víctimas de estas ejecuciones.

Aunque el órgano que logra protagonismo, en cuanto a muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar, es el Cicpc, también le siguen las FAES con 22 víctimas y el Servicio de Investigación Penal de la Policía del Estado Bolívar (Sipeb), con 11.

Froilán Báez, de 21 años, fue ejecutado por efectivos de las FAES en febrero. Reportes de prensa explican que los familiares de la víctima, que viven en Ciudad Guayana, en el sector El Roble, negaron la versión de los funcionarios de un presunto enfrentamiento.

El padre del joven narró al diario Primicia  que cuando ocurrió la ejecución la víctima se encontraba en su hogar junto a sus hermanas. Por otro lado, los vecinos alegan haber sido amedrentados por las FAES.

En enero de 2020 Euclides Fajardo, de 32 años, fue ejecutado de dos balazos por las FAES en San Félix, en Ciudad Guayana. Reportes de prensa explican que familiares de la víctima contaron que los funcionarios llegaron a la vivienda y exigieron que saliera para quitarle la vida. Pero la información oficial reseña un presunto enfrentamiento.

Las ejecuciones extrajudiciales representan una violación al derecho a la vida y a la integridad de la persona. El protocolo de Minnesota Sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas explica que los Estados deben adoptar medidas que aseguren el respeto de los derechos humanos durante las investigaciones pertinentes, y que además debe existir una responsabilidad ética hacia las víctimas y sus familiares, con el fin de lograr la reparación y la no repetición.

El contexto de violencia en el que está hundido Bolívar, la falta de respuesta del Estado ante la emergencia humanitaria compleja, el aumento de la violencia armada entorno a la minería ilegal producto del Arco Minero del Orinoco (AMO), la impunidad y falta de transparencia de las entidades públicas, son elementos que impulsan el deterioro de los derechos humanos en Venezuela.

Meses más violentos

Codehciu observa con preocupación  la falta de formación en materia de derechos humanos en los miembros de los cuerpos de seguridad, y la ausencia de investigaciones imparciales que aseguren el cese de estas ejecuciones que siguen originándose en varios sectores de Bolívar.

Asimismo, durante el primer semestre de 2020, abril fue el mes con más muertes a manos de cuerpos de seguridad, con 38 de estos casos. En el segundo lugar está mayo, con 27; de tercero se encuentra febrero, con 25. Les siguen: junio, con 15; enero y marzo con 11 víctimas cada uno.

Los tres municipios con más ejecuciones extrajudiciales entre enero y junio fueron: Caroní, que registró 66; Angostura del Orinoco, con 25 y de tercer lugar Sifontes, con 17.

Codehicu exhorta al Estado venezolano a establecer políticas de seguridad ciudadana eficientes y no violatorias de los Derechos Humanos, y a investigar de manera imparcial cada hecho en el que exista una presunta ejecución extrajudicial para así lograr la reparación a las víctimas.

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Ocho cavilaciones ciudadanas sobre las parlamentarias https://www.derechos.org.ve/opinion/ocho-cavilaciones-ciudadanas-sobre-las-parlamentarias?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ocho-cavilaciones-ciudadanas-sobre-las-parlamentarias Thu, 06 Aug 2020 00:58:44 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17142 Rafael Uzcátegui/ 01 No hay que equivocarse: El principal promotor del abstencionismo en Venezuela es el gobierno de Nicolás Maduro. Al ser una minoría social y electoral, la única manera de ganar elecciones, sin realizar un fraude de los resultados -que deja evidencias y tiene un alto costo político- es desestimular a que los votos […]

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Rafael Uzcátegui/

01

No hay que equivocarse: El principal promotor del abstencionismo en Venezuela es el gobierno de Nicolás Maduro. Al ser una minoría social y electoral, la única manera de ganar elecciones, sin realizar un fraude de los resultados -que deja evidencias y tiene un alto costo político- es desestimular a que los votos en contra sean finalmente depositados en las urnas. Esta formula ya ha sido aplicada en los dos últimos certámenes electorales y ahora está en pleno refinamiento.

02

Frente a la realidad anterior, la realización de elecciones sin garantías de libertad y credibilidad así como la ejecución de diferentes estrategias para neutralizar e impedir los derechos de libertad, asociación y participación política de la ciudadanía, las dos posibles decisiones políticas son votar por una candidatura diferente a la oficial o abstenerse. Cualquiera no debe ser una estrategia en si misma, sino parte de un proyecto a mediano y largo plazo para la recuperación de la democracia.

03

En las actuales condiciones es difícil tomar alguna de las dos decisiones involucrando a la totalidad del campo democrático. Por las razones que sea, habrá quienes votarán y quienes no lo harán, es un hecho estadístico. Intentar legitimar alguna de las dos desprestigiando los voceros o los argumentos de la otra, y no por la propia oferta programática y estratégica es hacerle un favor a la dictadura, quien tiene en la separación y división de sus contrarios su principal mecanismo de gobernabilidad.

04

Votar como sea y por quien sea, o abstenerse, ya se ha hecho en el pasado cercano, con resultados que están a la vista. El estímulo a alguna de estas dos alternativas sólo por el tacticismo cortoplacista, el antagonismo ególatra a lo interno de la oposición o el “cómo vaya viniendo vamos viendo” continuará dando oxígeno al autoritarismo y será origen de nuevas frustraciones.

05

En el nivel actual del autoritarismo bolivariano es imposible la posibilidad de la independencia de poderes o que alguna de las instituciones sirva de contrapeso efectivo al abuso de poder. Principalmente por el acoso gubernamental, pero también por algunos errores de la oposición que catalizaron su desinstitucionalización, la Asamblea Nacional se ha transformado en un símbolo vaciado de contenido real. Para la dictadura hay varios objetivos en su captura, pero para el campo democrático alcanzar su mayoría o tener presencia en ella, más que un objetivo per se, debería ser un episodio dentro de una narrativa estratégica de largo aliento.

06

Si la lógica de quienes llaman a votar como sea es el aprovechamiento de las grietas en el muro del autoritarismo, para así aumentar la masa crítica de presión y promover modificaciones del estado de las cosas desde adentro, no ha quedado suficientemente claro. Esta mirada no es nueva y puede ser parte de una lógica política de confrontación de baja intensidad. Durante el régimen de Pérez Jiménez el partido Copei participó en elecciones mientras otros partidos estaban ilegalizados, y hoy nadie los recuerda como “colaboradores” de esa dictadura. Hasta hoy los voceros de la participación como sea han emitido un mensaje confuso, que genera más dudas que certezas. Visiblemente, han hecho de su principal contrincante al resto del campo democrático, con la intención de ocupar un lugar a costa del desprestigio del resto. No han divulgado una estrategia que vaya más allá de enero de 2021.

07

Quienes han promovido la abstención no han realizado esfuerzos reales en la recuperación de los derechos de participación electoral. Visiblemente pareciera que su principal base de apoyo es la comunidad internacional y no la movilización y organización de los propios venezolanos. Algunos de sus voceros se han hecho eco de la tesis antidemocrática de la continuidad administrativa del gobierno interino, por fuera de la Asamblea Nacional, y con funcionamiento fuera del país. Tampoco han dicho en que consiste su estrategia después de las elecciones parlamentarias.

08

Como ciudadano, aspirante al regreso de la democracia en Venezuela, mi antagonista actual es un gobierno decidido a quedarse indefinida e irregularmente en el poder. Mis enemigos no son ni la “mesita”, ni la “mesa”, quien se ubique por fuera de las dos o quien tenga alguna opinión disímil, por extravagante que sea. Consciente que los actores sociales y políticos son los que son y los que están, estoy dispuesto a sumar fuerzas con quien señale un camino democrático para la reversión de la dictadura, que aprenda de los errores del pasado y que construya de manera inclusiva un proyecto de país que devuelva la esperanza a los venezolanos. Por contrario, me alejaré de quienes coloquen sus apetitos personales sobre los intereses de la totalidad de la población.

Sociólogo, Coordinador General de Provea

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Venezuela: paralización del acceso a la justicia durante el covid-19 https://www.derechos.org.ve/actualidad/venezuela-paralizacion-del-acceso-a-la-justicia-durante-el-covid-19?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=venezuela-paralizacion-del-acceso-a-la-justicia-durante-el-covid-19 Thu, 06 Aug 2020 00:44:17 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17139 El presente informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, da cuenta de la situación del acceso a la justicia en el contexto del COVID-19, con especial referencia a la región andina de Venezuela. Dividido en siete partes, en la Introducción se presenta la causa estructural en la raíz […]

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El presente informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, da cuenta de la situación del acceso a la justicia en el contexto del
COVID-19, con especial referencia a la región andina de Venezuela.

Dividido en siete partes, en la Introducción se presenta la causa estructural en la raíz de la vulneración del derecho a la justicia por la cooptación del poder judicial por el poder ejecutivo y la paralización del sistema judicial ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia tras decretarse el estado de alarma por el gobierno de facto de Nicolás Maduro.

En la sección segunda se revela la inoperancia de la justicia mediante un revisión de sentencias en las distintas materias en el área de los estados andinos.

La tercera sección, da cuenta de la inexistencia o inefectividad de plataformas digitales alternativas que permitan acceder a la justicia. En la cuarta sección se hace mención
al retardo procesal que se profundiza a consecuencia de la inoperatividad de los órganos de
justicia.

En la quinta sección hay una referencia a las numerosas denuncias que este Observatorio ha hecho ante órganos auxiliares de la justicia con especial competencia en el área de los derechos humanos, y las cuales no han tenido ninguna respuesta.

En la sexta sección se hace referencia a la situación de la justicia en distintos países latinoamericanos y a los mecanismos que dichos países han implementado para garantizar la justicia a sus ciudadanos y, finalmente en la sección siete y para concluir se presentan una serie de recomendaciones.

Puedes acceder al documento PDF

2.InformeParalización-de-la-justicia-COVID-Def-ESP

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La travesía de los venezolanos retornados: albergues y cuarentenas interminables https://www.derechos.org.ve/actualidad/trabajos-especiales/la-travesia-de-los-venezolanos-retornados-albergues-y-cuarentenas-interminables?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-travesia-de-los-venezolanos-retornados-albergues-y-cuarentenas-interminables Mon, 03 Aug 2020 19:13:05 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17104 El gobierno esperaba unos 15.000 ciudadanos de vuelta, unas previsiones que se han visto desbordadas por los 70.000 venezolanos que ya han regresado a su país

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Migrantes venezolanos caminan a través de Colombia para alcanzar la frontera y retornar a su país.
Migrantes venezolanos caminan a través de Colombia para alcanzar la frontera y retornar a su país. © Cortesía: Eduardo Mendoza
8 min

Muchos llegaron caminando a la frontera con Venezuela y al llegar al país empezaron un periplo de albergues y cuarentenas antes de poder llegar a sus casas. El gobierno esperaba unos 15.000 ciudadanos de vuelta, unas previsiones que se han visto desbordadas por los 70.000 venezolanos que ya han regresado a su país.

Un día del mes de abril, luego de quedarse sin trabajo en Bogotá por el COVID-19, Eduardo Mendoza se levantó y decidió que regresaría caminando a Venezuela. Tomó su mochila con cuatro mudas de ropa y animó a otro connacional que vivía cerca para emprender el camino.

Cuenta que caminaron por siete días y durmieron donde los agarraba la noche, incluso una vez en un cementerio. Al llegar a la ciudad de Pamplona, a unos 80 km de la frontera, un autobús del Gobierno Colombiano los acercó hasta el puente internacional en Cúcuta.

Al siguiente día, cuando finalmente pudo cruzar a territorio venezolano, lo esperaba un equipo de médicos y policías. Primero le revisaron la huella para saber si estaba solicitado por las autoridades y luego pasó por una de las 5 pruebas rápidas que le hicieron en los siguientes 14 días.

“Salí negativo, pero esperamos mucho tiempo por unos autobuses que nos trasladarían al refugio. Todos los que estábamos allí teníamos hambre y no nos dieron absolutamente nada de comer, ni agua; distinto a Colombia que nos había dado comida y bebida el día antes mientras lográbamos cruzar la frontera”, expresó.

Este joven de 20 años, que es cantante de rap, contó que luego de unos 20 km llegaron a una escuela abandonada que les serviría de albergue para cumplir, junto a otras 400 personas, la cuarentena obligatoria designada por el Gobierno.

Un grupo de venezolanos caminan a lo largo de las carreteras colombianas para llegar a su país después de quedarse sin trabajo por la pandemia de Covid-19.
Un grupo de venezolanos caminan a lo largo de las carreteras colombianas para llegar a su país después de quedarse sin trabajo por la pandemia de Covid-19. © Cortesía: Eduardo Mendoza

“Fuimos los primeros en llegar a ese refugio. No tenían nada preparado. Dormimos los tres primeros días en el piso pelado. Al cuarto día llegaron unos colchones. Los baños estaban dañados, y comíamos poco”, señaló.

Según Mendoza al pasar los días fue mejorando la situación, en parte porque el militar que estaba a cargo hizo lo posible por mejorar las condiciones. “El capitán pidió recursos, y nosotros mismos arreglamos los baños y las instalaciones para hacerlas más confortables”, indicó.

Compartía el ala del albergue con otros 252 hombres. Lo recuerda porque todas las tardes los contaban para ver si alguien se había fugado. Las mujeres y niños estaban en otro lado de la escuela.

“Era una locura, parecía un penal, pero pasábamos el tiempo jugando basquetbol, y hacíamos ejercicios”, recordó.

Llegó el día de partir a Valencia, la ciudad donde vivía con su madre antes de emigrar. Varios autobuses del gobierno cargaron a los retornados para llevarlos a ese destino. Un viaje de unos 670 km lo hicieron en 24 horas. “Nos paraban en todas las alcabalas y además de eso se nos pinchó un caucho”, agregó.

Varios venezolanos pasan el tiempo en uno de los albergues fronterizos destinado a acoger a los retornados al país.
Varios venezolanos pasan el tiempo en uno de los albergues fronterizos destinado a acoger a los retornados al país. © Cortesía: Eduardo Mendoza

Cuando arribaron a Valencia, los llevaron muy tarde, en la noche, a la Villa Olímpica, un lugar que también funge como albergue. Le hicieron la última prueba rápida, le dieron alimentos y bebidas y lo montaron en otros autobuses que lo llevarían hasta la puerta de su casa. No pasó: lo dejaron en un puente donde tuvo que caminar, por horas, de madrugada.

Su madre no sabía que él había salido del refugio. Saltó la cerca de su casa a las 3 de la madrugada y el ladrido de su perro despertó a la madre. “Mi mamá salió, me vio, nos abrazamos y lloramos”, sollozó.

De refugio en refugio

Carmen Rondón tuvo una travesía un poco menos accidentada que la de Eduardo para llegar a la frontera pero tampoco la cuenta como fácil. Con su esposo, fueron censados en Barranquilla, ciudad donde estaban residenciados, y Migración Colombia los montó en un autobús que los dejó en Cúcuta. Ambos habían perdido sus trabajos y ya no tenían cómo mantenerse ni enviar dinero a sus cinco hijos que quedaron en Venezuela.

Cuando cruzaron el puente, fueron recibidos por el Defensor del estado Táchira, Freddy Bernal, y por un grupo de médicos para hacerles la prueba rápida. Al salir negativos fueron llevados al terminal de pasajeros de la ciudad fronteriza San Antonio donde pasaron los siguientes 4 días.

“Dormíamos sentados debajo del techo donde se estacionaban los autobuses, nos daban comida, pero nosotros preferimos comer algunas galletas y panes que traíamos”, sostuvo.

Luego fueron llevados a un refugio en La Tiendita, ubicado en plena frontera con Colombia, donde pasaron cuatros días más. “Allí teníamos una colchoneta, la comida no era mucha, pero era más acogedor”, relató.

El noveno día fue el traslado para su casa en Caracas. Ella y su esposo emprendieron un viaje que duró 28 horas, debido a las distintas paradas reglamentarias de revisión en los puestos militares dispuestos en el camino. Antes de entrar a la capital, fueron chequeados y les hicieron una prueba rápida previo a llevarlos al hotel donde pasarían los siguientes 20 días de cuarentena obligatoria.

En el estado Táchira, el gobierno tiene habilitados 29 Puestos de Atención Integral (PASI) que funcionan como albergue para los retornados, y también la Cámara Hotelera de Venezuela difundió que 75 hoteles han sido tomados en el territorio venezolano para albergar a estos venezolanos que habían abandonado el país.

Migrantes venezolanos caminan a través de Colombia para alcanzar la frontera y retornar a su país.
Migrantes venezolanos caminan a través de Colombia para alcanzar la frontera y retornar a su país. © Cortesía: Eduardo Mendoza

Carmen y su esposo fueron llevado al Hotel Anauco. Un aparta-hotel venido a menos, que antes de ser expropiado por Hugo Chávez pertenecía a la cadena Hilton. “Dormía en una habitación con cuatro hombres más y mi esposo, una cama para cada uno, sin aire acondicionado y sin televisor. No podíamos salir de allí. Todo lo que hicimos fue conversar, y mirar por la ventana, esperando que pasaran los días rápido”, expresó.

Como el caso repetitivo entre los retornados que son llevados a albergues, comentó que la comida era muy poca y que les permitían que familiares y conocidos les llevaran alimentos, que luego eran entregados en sus habitaciones.

El día 16 de cuarentena le hicieron la prueba PCR y cuatro días después la llevaron a su casa donde la esperaban sus hijos que habían quedado a cargo de su hija mayor. Pero allí no terminaba la cuarentena. La mañana siguiente, los integrantes del Consejo Comunal le tocaron la puerta para pedirles que se quedaran otros 14 días encerrados. Carmen se negó.

“No teníamos dinero, ni agua, ni gas, teníamos que salir a resolver la vida y a reinstalarnos. ¿Cómo pretendían que nos quedáramos encerrados?”, alegó.

A los 15 días le hicieron otra prueba y le dieron un papel donde decía que estaba libre de coronavirus. Un día después montó una venta de café en la calle de su casa y con eso se sustenta.

“El gobierno no tenía idea de que iban a llegar tantas personas”

Según el padre Eduardo Soto, Director del Servicio Jesuita para los refugiados en Venezuela, las historias de caos en los distintos Puestos de Atención Integral contadas por los migrantes que decidieron regresar al país se dan porque el Gobierno no tiene recursos para cubrir las necesidades de más de 70.000 retornados.

Los albergues en Venezuela destinados a acoger a los retornados disponen de equipo médico para realizar pruebas de Covid-19.
Los albergues en Venezuela destinados a acoger a los retornados disponen de equipo médico para realizar pruebas de Covid-19. © Cortesía: Eduardo Mendoza

“El gobierno no tenía idea de que iban a llegar tantas personas. De hecho, en su momento dijeron que esperaban 15.000. Pensaban que iban a llegar por goteo, pero Colombia habilitó transporte para dejarlos en la frontera. Y este es un momento donde el Estado no tiene dinero, tiene dificultad para conseguirlo, y eso hizo que colapsara toda la logística para recibirlos”, enfatizó.

Asimismo, el padre indicó que su ONG no pudo tener acceso a los refugios donde estas personas se encuentran alojadas. Sin embargo, alegó que lo que han podido recabar es que la alimentación está cubierta, y que han recibido solicitud de ayuda con artículos de limpieza para el aseo de los albergues.

El funcionario jesuita también reveló que han tenido conocimiento de distintos hechos de violencia en estos lugares. “Ha habido intentos de fuga y situaciones difíciles de controlar”, explicó.

Su sugerencia es que “el gobierno debe dejar el hermetismo y permitir una mayor concertación con las organizaciones nacionales e internacionales que prestan ayuda humanitaria para que podamos dar una respuesta integrada a estos ciudadanos a su regreso”, sugirió.

A su juicio, el modo militar con el que se ha dado respuesta al recibimiento de todas estas personas también ha agravado la desorganización. “Tradicionalmente, cuando se presenta un problema en nuestras fronteras, son las Zonas de Defensa Integral (ZODI) las que asumen esa coordinación. Y han manejado la situación desde el punto de vista de seguridad, se están tomando las medidas en ese sentido, y no están atendiendo factores que en la vida civil normalmente se tomarían en cuenta”, concluyó.

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Más de 1.000 desplazados en frontera colombo-venezolana por violencia en 2020 https://www.derechos.org.ve/actualidad/trabajos-especiales/mas-de-1-000-desplazados-en-frontera-colombo-venezolana-por-violencia-en-2020?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mas-de-1-000-desplazados-en-frontera-colombo-venezolana-por-violencia-en-2020 Mon, 03 Aug 2020 13:03:15 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17108 Más de 1.000 personas se vieron forzadas a desplazarse de sus hogares en la frontera colombo-venezolana este año por los enfrentamientos entre grupos armados, que se disputan el control territorial en esa región

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Foto: The New York Time

Fuente: Contrapunto

Según el censo realizado por las alcaldías de Cúcuta y Tibú, hay 325 venezolanos, 82 miembros de la comunidad indígena Wayúu y 45 ancianos, “configurando una doble afectación”

Más de 1.000 personas se vieron forzadas a desplazarse de sus hogares en la frontera colombo-venezolana este año por los enfrentamientos entre grupos armados, que se disputan el control territorial en esa región, informó este sábado 1 de julio la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).

“Del desplazamiento proveniente del estado de Zulia, en Caño Motilón y de los desplazamientos en zona rural de Cúcuta y Tibú (Colombia), se identificaron un total de 1.019 víctimas”, detalló la Ocha en un comunicado.

Entre los desplazados, según el censo realizado por las alcaldías de Cúcuta y Tibú, hay 325 venezolanos, 82 miembros de la comunidad indígena Wayúu y 45 ancianos, “configurando una doble afectación”, añadió el organismo.

Por otra parte, la Ocha, que señala que la violencia en la zona limítrofe se agudizó este año, informó que en esta región han sido perpetradas en 2020 cinco masacres, tres de ellas, el mes pasado.

La última de ellas fue denunciada esta semana por la Fundación Progresar, que advirtió que en la vereda (aldea) de Campo Alegre, que hace parte de Cúcuta, capital departamental del Norte de Santander, fueron asesinadas cuatro personas y atribuyó esos crímenes a enfrentamientos entre la banda paramilitar de Los Rastrojos y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Hemos podido confirmar la masacre ocurrida esta mañana de este sábado en la vereda Campo Alegre (…) de 4 personas, sin identificar. ¿Qué más tiene que ocurrir para que haya una respuesta de las autoridades?”, expresó Cañizares.

La Ocha señaló que también han sido asesinados cuatro líderes sociales en la frontera y manifestó su preocupación porque “estas emergencias humanitarias se desarrollan en contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

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Denuncian presencia del ELN y colectivos armados en centros de retornados en Venezuela https://www.derechos.org.ve/actualidad/trabajos-especiales/denuncian-presencia-del-eln-y-colectivos-armados-en-centros-de-retornados-en-venezuela?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=denuncian-presencia-del-eln-y-colectivos-armados-en-centros-de-retornados-en-venezuela Sun, 02 Aug 2020 21:26:14 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17101 El retorno al propio país es un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales de los cuales es parte Venezuela.

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Fuente: El Diario de Las Américas

El director del Centro de DDHH de la UCAB Eduardo Trujillo fustigó que el régimen de Venezuela se refiera a los retornados como “bioterroristas

El director del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Eduardo Trujillo denunció la presencia de guerrilleros del ELN y miembros de grupos de colectivos armados en los centros de migrantes retornados instalados por el régimen en las zonas fronterizas de Venezuela.

Trujillo, comentó durante la sesión ordinaria virtual de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos de la Asamblea Nacional (AN), que han recibido reportes alarmantes de periodistas y victimas que han denunciado que grupos paramilitares del Ejército de Liberación Nacional (ELN) acuden amedrentar a los venezolanos retornados que se encuentran en los Puntos de Atención Social Integral (PASI), ubicados en las zonas fronterizas de los estados Apure, Bolívar y Táchira, informó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.

Trujillo dijo además que han atendido denuncias sobre la inadecuada infraestructura en la que pernoctan estas personas y mala calidad de la alimentación y los malos tratos que presuntamente reciben por parte de los cuerpos de seguridad del régimen y colectivos paramilitares.

El director del CDH-UCAB pidió a la Subcomisión que proponga a las agencias de las Naciones Unidas y la Unicef verificar estos sitios de concentración de personas que quieren ingresar al país.

Trujillo afirmó que el calificativo de “bioterroristas” que usa el régimen de Maduro para referirse a los retornados venezolanos evidencia un “discurso de odio y criminalización”.

Exhortó al régimen a poner fin a la criminalización de los retornados y abstenerse de emitir expresiones discriminatorias contra estas personas y usar la detención de retornados como herramienta disuasiva. El director del CDH-UCAB pidió que cese la detención de migrantes que han usado las vias no controladas para ingresar a Venezuela y que los que han sido aprehendidos sean liberados.

Recordó que el retorno al propio país es un derecho humano consagrado en instrumentos internacionales de los cuales es parte Venezuela.

Denuncias

Rosalinda Hernández, periodista en la fuente de suceso de la frontera, constató las denuncias manifestadas por muchas de las víctimas que han tenido que permanecer en los PASI, donde existe la presencia de colectivos armados que supervisan, controlan y amedrentan a las personas que están en ese sitio de reclusión.

Por su parte, Javier Sánchez Chacón, Investigador del Centro de Estudios de Fronteras e integración de la Universidad de Los Andes, denunció que desde hace más de una década no hay una comisión presidencial para las zonas de fronteras, así como también no existe actualmente el comercio fronterizo.

Recomendó la creación de una oficina de atención al ciudadano en la ciudad de Cúcuta, Colombia, por el gobierno encargado de Venezuela para atender denuncias de los venezolanos.

 

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La pandemia que castiga como en campos de concentración https://www.derechos.org.ve/actualidad/trabajos-especiales/la-pandemia-que-castiga-como-en-campos-de-concentracion?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-pandemia-que-castiga-como-en-campos-de-concentracion Sun, 02 Aug 2020 13:33:39 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17094 Las organizaciones sociales, los periodistas, trabajadores de la salud y la ciudadanía tienen la ardua labor de registrar cada historia, escribirlas, documentarlas para que la memoria no se borre

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Foto: Crónica Uno

Cuando comenzamos a recibir testimonios en el mes de abril, nunca imaginamos que en julio llegáramos a comparar los Puestos de Atención Social Integral (PASI) con campos de concentración

Gabriela Buada Blondell / Caleidoscopio Humano y Provea / Especial de Migración Forzada

“Tuve que dejar de comer porque vi que colaban la pasta con agua de lluvia empozada. No hay condiciones higiénicas ni para que los animales sobrevivan, nos tratan como basura. Es una pesadilla, me arrepiento de haber regresado. Esto no se le desea a nadie”, Rubén nos contó por medio de una llamada lo que estaba viviendo desde el 10 de julio en uno de los Puestos de Atención Social Integral (PASI) en el estado Guárico, justo en la sede del Seniat.

Retornados castigados

La comida no solo tiene mal aspecto si no que la preparan en espacios insalubres y es una porción al día.

Rubén logró contactarnos por medio de un colega periodista, también venezolano que le sugirió llamarnos y otras instrucciones de supervivencia “por si la cosa se ponía difícil al llegar”. La llamada fue rápida, no duró más de 2 minutos, pero fue el tiempo suficiente para validar lo que ya sabíamos que ocurría con otros 6 testimonios que nos lleva a intuir que estos lugares, adecuados como refugios provisionales para la atención de quienes regresan se pueden comparar con lo que se conoce en la historia como campos de concentración.  

Sin duda, la pandemia ha dejado como consecuencia la estigmatización y discriminación, tanto en los Estados receptores de la migración forzada como en Venezuela. Odio y rechazo son las características principales de los discursos diarios en los reportes de las cifras de contagio de la Covid19 en el país, mientras que en Latinoamérica las medidas de confinamiento que imposibilitan el sustento de millones de venezolanos que migraron forzadamente por la emergencia humanitaria compleja generan miles de retornos forzosos que ponen en peligro sus vidas en el tránsito e incluso al llegar. Es así, como la crisis sanitaria global borra la memoria de los gobiernos que tienen como deber y obligación respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de personas retornadas, migrantes o de refugiados. [1]

Huir del virus es regresar a la persecución

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a mediados del mes de julio a través de su cuenta en twitter[2]rechazó la militarización de las fronteras venezolanas y los discursos estigmatizantes en contra de personas retornadas a Venezuela, asegurando que tales medidas tienden a promover la discriminación y agravar su vulnerabilidad. Los llamados internacionales, de organizaciones locales y hasta religiosos[3] se han hecho sentir, y es que la persecución y criminalidad por decidir regresar ha sido la característica más común de las autoridades.

Logramos comunicarnos con Rubén para hacer seguimiento a su situación, y en esa segunda oportunidad vía WhatsApp señaló que llegó por el paso fronterizo de los llanos hace más de 5 días. En ese momento no le habían realizado la prueba para detectar si contrajo el virus. A ninguna de las 103 personas que estaban en el campamento improvisado.

“Los guardias al ver mi contextura física de más de 1.70 metros de altura, cuerpo ejercitado y con 21 años de edad inmediatamente me decían que si no hacía lo que me pedían me iban a presentar como “trochero” o que, si no me entregarían a los guerrilleros”.

El primer impase que tuvo Rubén con los uniformados ocurrió al negarse a entregar su teléfono celular y el efectivo que traía en divisas desde Perú para el viaje. “Yo me vine seguro de que esto no me iba a pasar. Lo más lógico era que nos pusieran en confinamiento, pero no que nos robaran, nos amenazaran o nos maltrataran”. A este grupo de más de 100 personas no se le hizo ninguna de las pruebas si no al décimo día de haber llegado a Guárico.

“Dormimos todos en un galpón, sin aislamiento físico. Hasta tres personas deben pasar la noche entera en un mismo colchón de tamaño individual, no tenemos baños, no tenemos agua, no hay nada. Solo amenazas y malos tratos”, refirió.

 

Aumenta la curva

Según los hallazgos recién publicados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, (Encovi)[4], 19 por ciento de los 9.932 hogares encuestados reportó que alguno de sus integrantes migró entre 2014 y 2019. En términos generales, el estudio reveló que en los últimos tres años salieron del país 2,3 millones de venezolanos. Hoy con la llegada de la pandemia vemos la migración en reversa con más de 1.800 venezolanos que ingresan a la nación semanalmente solo por el Táchira, pero también vemos los rostros aterrados por el castigo propinado a quienes solo claman por la ayuda y el apoyo que necesitan con urgencia.

“No se puede decir que las personas que estamos acá no hemos protestado para que paren las humillaciones, hemos peleado porque 3 mujeres abortaron porque no se les prestó atención médica, las envolvieron en sabanas y se las llevaron a otros lugares para que no nos diéramos cuenta, nos pusimos en huelga de hambre al ver como preparaban los alimentos y todo ha pasado en 6 días. Hoy es cuando nos harán la prueba a todos porque no había reactivos y debemos esperar que los resultados lleguen desde Caracas unos 6 días más”.

Rubén nos contactó por tercera vez una semana después de que le hicieran la prueba. “La mía dio negativo, pero ahora nos van a llevar 10 días más a un colegio a seguir la cuarentena. Solo 3 personas de los 100 dieron positivo, sin embargo, van a dejar a 20 más porque supuestamente tienen los síntomas ¿cómo no nos vamos a contagiar si estamos sin condiciones adecuadas para un aislamiento preventivo?”.

La historia de Rubén es la misma de Luis, muy parecida a la de Maira y a la de Esteban. Todas tienen una leve diferencia, (Rubén con 21 años de edad, Luis con 55, Maira embarazada y Esteban con VIH y sin tratamiento) pero lo que es muy común son los distintos malos tratos, humillaciones y vejaciones que han vivido solo por haber decidido regresar.

Sin duda el mes de julio estuvo enmarcado por la profundización de discursos discriminatorios y estigmatizantes como el del Protector del estado Táchira, Freddy Bernal, presentando el trofeo de la detención de 36 “trocheros”, al mismo tiempo que catalogaba la acción como “terrorismo biológico”, afirmando que quienes infrinjan la ley con estos negocios serán imputados con penas entre los 6 a 10 años, que serán cumplidas en la cárcel El Dorado, ubicada en el estado Bolívar, luego de una línea discursiva del propio Nicolás Maduro al reportar el aumento de los casos que ellos llaman “comunitarios”.

Las organizaciones sociales, los periodistas, trabajadores de la salud y la ciudadanía tienen la ardua labor de registrar cada historia, escribirlas, documentarlas para que la memoria no se borre, se exija justicia y reparación para todas estas personas, pero sobre todo, para que no se pierda la memoria y no se repita nunca más.

No son casos importados, son venezolanos que regresaron de la misma forma en la que huyeron de un Estado que les niega sus derechos y les castiga una y otra vez.

 

[1] Proyecto Migración: ACNUR y los venecos https://migravenezuela.com/web/articulo/acnur-y-los-venecos/1990 21.06.20

[2] CIDH: Cuenta official en Twitter https://efectococuyo.com/venezuela-migrante/cidh-rechaza-discursos-discriminatorios-contra-migrantes-retornados/ 22.07.20

[3] Efecto Cocuyo: Jesuitas rechazan palabras discriminatorias y peyorativas de Numa Molina contra venezolanos retornados https://efectococuyo.com/politica/jesuitas-rechazan-palabras-discriminatorias-y-peyorativas-de-numa-molina-contra-venezolanos-retornados/ 17.07.20

[4] Proyecto Encovi: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019 – 2020 https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019 07.0720

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