PROVEA https://www.derechos.org.ve Todos los Derechos para Todas y Todos Wed, 30 Sep 2020 22:25:02 +0000 es hourly 1 https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/2020/08/cropped-LOGO-NE-2-32x32.png PROVEA https://www.derechos.org.ve 32 32 Venezuela: Comunicado de prensa sobre el diálogo de la UE con las partes interesadas en Caracas https://www.derechos.org.ve/actualidad/venezuela-comunicado-de-prensa-sobre-el-dialogo-de-la-ue-con-las-partes-interesadas-en-caracas?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=venezuela-comunicado-de-prensa-sobre-el-dialogo-de-la-ue-con-las-partes-interesadas-en-caracas Wed, 30 Sep 2020 22:25:02 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17874 (Traducción no oficial) Tras la reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto (GIC) del 17 de septiembre, en particular la decisión del Grupo de trabajar para mejorar las condiciones electorales en Venezuela, dos funcionarios del SEAE viajaron a Caracas, Venezuela, la semana pasada. El objetivo de la visita era discutir directamente la situación en el […]

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(Traducción no oficial) Tras la reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto (GIC) del 17 de septiembre, en particular la decisión del Grupo de trabajar para mejorar las condiciones electorales en Venezuela, dos funcionarios del SEAE viajaron a Caracas, Venezuela, la semana pasada. El objetivo de la visita era discutir directamente la situación en el país y reiterar la posición de la UE de que las condiciones electorales ahora vigentes no permiten la celebración de elecciones justas, democráticas y competitivas el 6 de diciembre. La misión subrayó la posición de la UE para una solución pacífica, democrática y de propiedad venezolana a la crisis del país.

Esta misión incluyó discusiones con una amplia gama de partes interesadas, comenzando con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y todas las fuerzas de oposición. Las reuniones también incluyeron a funcionarios del régimen, la Conferencia Episcopal Venezolana, la sociedad civil y el sector privado. Las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, los presos políticos y las libertades fundamentales ocuparon un lugar destacado en la agenda.

Hubo un amplio apoyo en Caracas al trabajo de la misión y a los esfuerzos de la UE para encontrar espacios de diálogo, reforzando así el papel de la UE como un interlocutor que puede hablar con todas las partes en Venezuela con credibilidad.

Durante los últimos meses, el Alto Representante/Vicepresidente Josep Borrell ha tenido numerosos contactos con diferentes actores políticos en Venezuela, tanto del régimen como de la oposición. El objetivo de estos contactos fue evaluar las posibilidades de que los actores políticos pudieran acordar las condiciones democráticas necesarias para la celebración de las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre de 2020.

El AR/VP Borrell ha debatido ampliamente estos esfuerzos por fomentar el diálogo y el espacio democrático con los Estados miembros de la UE y los socios internacionales, más recientemente durante la reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto y el Consejo de Asuntos Exteriores del 21 de septiembre. Estas discusiones se suman al trabajo de la UE con socios internacionales para apoyar los esfuerzos internacionales de investigación de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluso con el Grupo de Lima en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La política de la UE con respecto a Venezuela se mantiene sin cambios: actualmente no existen las condiciones para que tenga lugar un proceso electoral libre, justo y democrático. Se discutió la posibilidad de posponer las elecciones legislativas para abrir un espacio de diálogo y cambiar esas condiciones. Sin un aplazamiento y una mejora de las condiciones democráticas y electorales, la UE no puede plantearse el envío de una misión de observación electoral.

La crisis política y humanitaria en Venezuela no se resolverá con un solo evento. Es el momento de tomar decisiones audaces de propiedad venezolana en apoyo de una transición pacífica y democrática. Más allá del tema inmediato de las elecciones legislativas, el objetivo a largo plazo sigue siendo el camino hacia la democracia. Es necesaria una negociación entre todos los actores en Venezuela para encontrar una solución democrática, pacífica y sostenible a las necesidades y demandas del pueblo venezolano.

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Provea y OVCS exigen garantizar el derecho a la manifestación pacífica, libertad de detenidos y cese de la represión https://www.derechos.org.ve/actualidad/provea-y-ovcs-exigen-garantizar-el-derecho-a-la-manifestacion-pacifica-libertad-de-detenidos-y-cese?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=provea-y-ovcs-exigen-garantizar-el-derecho-a-la-manifestacion-pacifica-libertad-de-detenidos-y-cese Wed, 30 Sep 2020 12:45:02 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17866 Caracas, 30.09.20. Las organizaciones defensoras de derechos humanos que suscriben el presente comunicado, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), denuncian ante el país y la comunidad internacional el avance de la política de represión implementada por el Estado venezolano en contra de las manifestaciones […]

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Caracas, 30.09.20. Las organizaciones defensoras de derechos humanos que suscriben el presente comunicado, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), denuncian ante el país y la comunidad internacional el avance de la política de represión implementada por el Estado venezolano en contra de las manifestaciones pacíficas que se han escenificado en regiones del país en los últimos días.

La mayoría de las protestas se han realizado en pequeños poblados. Ello tiene una explicación: en el interior del país la crisis se siente con mayor profundidad sobre todo en los municipios que no son capitales de los estados.

El caos en los servicios públicos ha deteriorado de manera considerable la calidad de vida de la familia venezolana. Cada día es una lucha por sobrevivir ante la escasez de agua, falta de gas doméstico, apagones, ineficiencia en el transporte público.

Las autoridades en lugar de atender los reclamos responden con represión, con lo cual se incrementa el sufrimiento de las familias.

Ante esa situación las dos organizaciones exigimos:

  1. Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
  2. Libertad plena para las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones pacíficas.
  3. Dar respuesta oportuna y satisfactoria a las personas que exigen servicios básicos y el cese a las irregularidades en la distribución de gasolina.
  4. Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades y sanciones correspondientes por las denuncias de tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales ocurridos durante las manifestaciones.
  5. Atender las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (MII-ONU) en materia de libertad de asociación y reunión pacífica.

Puedes leer y descargar el comunicado PDF

COMUNICADO Provea y OVCS Definitivo

Foto: El Carabobeño

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¿Cómo queda el gobierno de facto tras los debates en el Consejo de Derechos Humanos? https://www.derechos.org.ve/opinion/como-queda-el-gobierno-de-facto-tras-los-debates-en-el-consejo-de-derechos-humanos?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=como-queda-el-gobierno-de-facto-tras-los-debates-en-el-consejo-de-derechos-humanos Wed, 30 Sep 2020 11:00:36 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17854 The post ¿Cómo queda el gobierno de facto tras los debates en el Consejo de Derechos Humanos? appeared first on PROVEA.

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Calixto Ávila |​ Los recientes debates en el Consejo de Derechos Humanos, el 23, 24 y 25 de septiembre, son sin duda alguna los más trascendentales sobre Venezuela en la historia del sistema universal de las Naciones Unidas. La presentación del informe de la Misión de Determinación de Hechos (MDH) y la actualización verbal de la Sra. Bachelet, contaron con intervenciones individuales y colectivas de 63 miembros de la ONU. El seguimiento de estos debates permite sacar varias conclusiones preliminares sobre el impacto de las estrategias de propaganda, insultos y confusión implementadas por el gobierno de facto para enfrentar los debates en Ginebra.

Desde los primeros momentos, ese gobierno atacó personalmente a los miembros de la MDH, calificándolos directamente de “mercenarios” mientras sus aparatos de propaganda fabricaban informaciones para descalificar la trayectoria personal de los tres comisionados. No hay que olvidar que esos funcionarios fueron  nombrados y mandatados por la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en consecuencia tienen las inmunidades diplomáticas previstas en los tratados internacionales especializados, ratificados por Venezuela. La reacción vino a primera hora del segundo día, el jueves 24, cuando la misma presidencia del Consejo abrió el debate afirmando: “recuerdo a todas las delegaciones que las declaraciones despectivas o las inflamatorias afirmaciones de naturaleza personal dirigidas a responsables de los mandatos del Consejo son inaceptables, todos pueden expresar sus puntos de vista sobre el informe presentado o sobre las presentaciones de los encargados del mandato pero ataques personales no serán aceptados” (traducción propia del inglés). El insulto es parte de las estrategias de ese gobierno y se equivoca al creer que no debe pagar un precio en las Naciones Unidas.

Por otra parte, para deslegitimar la MDH y su informe, ese gobierno  se refiere a la Resolución 42/25 del 24 de septiembre de 2019, como una resolución impuesta por el Grupo de Lima, políticamente motivada e instrumentalizada. Como si esa resolución del Consejo de Derechos Humanos, que creó la MDH y mandató a Bachelet para presentar su informe, no hubiera sido aprobada por mayoría simple siguiendo los artículo 19 y 20 del Reglamento sobre periodos de sesiones del Consejo. Todas las resoluciones del Consejo son aprobadas de la misma forma, luego de un debate democrático decidido mediante el voto. No aceptar el resultado, por el hecho de perder en la votación, es visto en las Naciones Unidas como una muestra de mala fe, pues las reglas de juego han sido previamente aceptadas por todos sus miembros.

Ese gobierno no acepta perder elecciones en lo interno y tampoco está dispuesto a aceptar los resultados de los votos en el Consejo de Derechos Humanos, cuando no le convienen

En octubre de 2019, varios funcionarios del gobierno de facto calificaron de “histórica” la votación de la Asamblea General que puso a Venezuela entre los 47 miembros el Consejo. Esos mismos funcionarios hoy se percatan del exiguo apoyo a ese gobierno entre los otros 46 miembros. Así lo indica la votación en contra y en solitario, el pasado 17 de julio, de la “Resolución sobre responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”, y la reciente votación en contra y junto a Eritrea (dos votos), de la Resolución 45/1 votada por mayoría (25 votos) y que abrió un debate en urgencia este 18 de septiembre sobre la situación de derechos humanos en Bielorrusia en un contexto de fraude electoral. En esta última votación, Venezuela fue el único país en votar siempre a favor de 17 propuestas de reformas a esa resolución, impulsadas por Rusia para quitarle fuerza, y que fueron todas rechazadas por voto mayoritario.  Finalmente, los debates entre el 23 y el 25 de este mes testimonian esa falta de apoyo: de los 63 Estados que intervinieron sobre Venezuela, solo diez (*) apoyaron los argumentos del gobierno de facto y ninguno de ellos es miembro del Consejo y por tanto no tienen derecho al voto.

Ese gobierno no acepta perder elecciones en lo interno y tampoco está dispuesto a aceptar los resultados de los votos en el Consejo de Derechos Humanos, cuando no le convienen. Huye hacia adelante con argumentos de defensa de la soberanía, se victimiza alegando guerras mediáticas y complots, mientras insulta a sus pares en el Consejo y desconoce a esta institución. La última jugada de ese gobierno fue la remisión al Secretario General de la ONU, de un informe llamado “La verdad de Venezuela contra la infamia” en un hecho que buscaba desconocer a la MDH y su informe, pero que en verdad termina ignorando al órgano competente que es el Consejo de Derechos Humanos, del que además forma parte. Se trata de una actitud escandalosa que sin duda afectará la deteriorada imagen de ese gobierno en el Consejo.

Finalmente, como lo hace a nivel interno, ese gobierno no asume ninguna responsabilidad por la dramática situación de Venezuela, culpa a los otros y se victimiza. Ha machacado hasta la saciedad el discurso de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea, para justificar la crisis humanitaria y de derechos humanos del país. Compartimos plenamente la petición de la Sra. Bachelet para que se levanten las sanciones sectoriales unilaterales, por afectar los derechos humanos de la población, pero es un despropósito no aceptar discutir ningún otro tema distinto a las sanciones. Esta desbalanceada actitud de ese gobierno ha generado un desgaste entre sus pares en el Consejo. En efecto, muy pocos Estados apoyarán propuestas de resoluciones sobre derechos humanos que no pongan la lupa sobre las graves violaciones a los derechos humanos constatadas por la MDH y que no tienen relación alguna con las sanciones, como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y la violencia sexual y de género. Tampoco apoyarán una propuesta que no incluya la situación de los derechos a elegir y ser elegido, la libertad de opinión y expresión, la situación de periodistas, presos políticos y defensores de derechos humanos, hechos y situaciones que no pueden ser achacadas a las sanciones. No aceptarán ver solamente las sanciones sin revisar el impacto en los últimos 20 años de la corrupción a gran escala y su impunidad, en la emergencia humanitaria compleja que vive el país, o el enorme gasto público destinado actualmente (y ostentado sin pudores) al aparato represivo y militar, pese a la existencia de las sanciones.

Las estrategias de propaganda, insulto y confusión desplegadas por ese gobierno han deteriorado aceleradamente su imagen en el Consejo de Derechos Humanos. No hay que olvidar que el abandono del sistema interamericano de derecho humanos había ya afectado su reputación ante la comunidad internacional, cuyas instituciones funcionan como vasos comunicantes. Como en un juego de dominó, ese gobierno trata de “trancar el juego”, pero los otros jugadores se percatan de que esconde las fichas y no respeta ni las normas ni a los participantes en la mesa.

* Esos diez países fueron: Corea del Norte, Bielorrusia, Irán, Siria, Myanmar, Laos, Nicaragua, Rusia, China y Cuba.

Calixto Ávila, consultor de derechos humanos y representante de Provea en Europa. 

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Boletín Crisis en Venezuela N° 152 | Informe de la Misión de Determinación de Hechos: crímenes de lesa humanidad con nombre y apellido https://www.derechos.org.ve/actualidad/boletin-crisis-en-venezuela-n-152-informe-de-la-mision-de-determinacion-de-hechos-crimenes-de-lesa-humanidad-con-nombre-y-apellido?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=boletin-crisis-en-venezuela-n-152-informe-de-la-mision-de-determinacion-de-hechos-crimenes-de-lesa-humanidad-con-nombre-y-apellido Wed, 30 Sep 2020 10:00:11 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17860 En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la […]

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En el contexto de crisis que vive Venezuela, las organizaciones de promoción de derechos humanos mantenemos un esfuerzo continuo en el registro y documentación de las violaciones sistemáticas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población a fin de acompañar a las víctimas y darle visibilidad a estos atropellos ante la comunidad nacional e internacional.

En este sentido el Boletín Crisis en Venezuela, surge como un espacio semanal en el que como movimiento de Derechos Humanos, reunimos las situaciones que actualmente reflejan la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

Puedes descargar el Boletín Crisis en Venezuela EN ESPAÑOL | ENGLISH

Boletín 152 - Crisis En Venezuela ES B

 

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Repunta el dólar por el caos económico de Nicolás Maduro https://www.derechos.org.ve/opinion/repunta-el-dolar-por-el-caos-economico-de-nicolas-maduro?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=repunta-el-dolar-por-el-caos-economico-de-nicolas-maduro Wed, 30 Sep 2020 10:00:04 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17842 The post Repunta el dólar por el caos económico de Nicolás Maduro appeared first on PROVEA.

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Luis Crespo | Durante las últimas semanas en Venezuela el tipo de cambio del dólar con respecto al bolívar se disparó, superando los Bs.430.000,00 por dólar, como bien sabemos, este comportamiento alcista de la moneda estadounidense angustia a las familias venezolanas por el impacto devastador que tiene en sus mermados ingresos debido a los aumentos significativos de precios en el país; la tendencia al alza, así como sus efectos perniciosos e incertidumbre se mantendrán de no ocurrir un cambio en la política económica nacional.

Nicolás Maduro destruyó el bolívar, el signo monetario venezolano está pulverizado, con muy poco valor y sin cualidades como dinero: medio de intercambio, unidad de cuenta, y reserva de valor, ello provoca su rechazo por los sectores económicos que optan por utilizar otras monedas para realizar sus operaciones de intercambio, originando el fenómeno de la dolarización transaccional desordenada en el país.

Esta situación se produce y reproduce constantemente y la inflación continúa su alza, galopó entre enero y agosto, situándose en 1.079,67% (fuente AN). Durante el confinamiento por la pandemia, el repunte inflacionario ha sido significativo en el país, tanto que la mayoría de los precios durante este periodo se sextuplicaron, resaltando el rubro de los medicamentos, donde los incrementos han sido exponenciales.

La economía venezolana está marcada por la distorsión del sistema de precios y los sistemas de pagos, esto aceleró el uso del dólar norteamericano en las transacciones de bienes y servicios hoy:

  • Más del 60% de transacciones se hacen con dólares en Caracas, también los precios están expresados en esta moneda.
  • el 83% de las empresas que operan en el país cancelan sus nóminas en dólares, 21% de las compañías pagan a la totalidad de sus trabajadores en divisas y el resto cancela entre 30 y 50% de sus empleados en moneda estadounidense según la encuesta de la Asociación Venezolana de Gestión de Talento Humano.

En medio de esta coyuntura, el Banco Central de Venezuela emitió una circular en la cual estableció un mecanismo para liberar 30 billones de bolívares semanales, correspondiente al encaje legal a partir del 18 de septiembre, lo que significa un aumento en los créditos otorgados por la Banca Nacional, siendo un alivio para este sector bancario que se encontraba con niveles de intermediación bancaria en sus mínimos históricos, pero que, indudablemente, traerá como consecuencia el incremento de la liquidez en la economía venezolana, donde están presentes grandes desequilibrios fiscales y monetarios, lo cual, presionará el tipo de cambio y los precios.

Las familias venezolanas atraviesan por un acelerado deterioro socioeconómico, en medio de la emergencia humanitaria compleja, acosados por la incertidumbre, salarios destruidos y servicios públicos colapsados

El desastre económico del régimen pulverizó el salario mínimo llevándolo a niveles insignificantes, está destruido, no garantiza, ni siquiera, cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, el deterioro es tal que en el mes de agosto se necesitaban casi 5 salarios mínimos para poder adquirir los gastos básicos de alimentación de una familia promedio según el CENDA, situación que coloca a una cantidad significativa de venezolanos en condiciones de pobreza extrema.

Los trabajadores y gremios en el país reclaman salarios acordes a la canasta alimentaria, más aún con el avance del proceso de dolarización transaccional desordenado en el país.

Actualmente Venezuela enfrenta graves dificultades políticas, económicas y sociales, inmerso en grandes desequilibrios macroeconómicos, destrucción de la producción interna, enorme y crónico déficit fiscal, corrupción, exorbitantes niveles de deuda externa, monetización del déficit fiscal financiado con dinero que no se produce, pero que, de manera irresponsable y cómplice, le proporciona el Banco Central de Venezuela al régimen junto a sus empresas públicas con todas las distorsiones que esto genera.

La problemática económica del país se complejiza y avanza la dolarización transaccional desordenada, legitimada por el régimen, hemos advertido que si todos los precios se dolarizan, mientras la gran mayoría de los trabajadores, jubilados y pensionados perciben salarios en bolívares, seguirán empobreciéndose rápidamente como resultado del alza del dólar, que se acelera; a la vez existe una parte de la población que accede a divisas que les permite alcanzar mejores condiciones de vida: esta situación amplía la brecha de desigualdad.

No podemos olvidar la destrucción del Banco Central de Venezuela y sus implicaciones en la pulverización del bolívar, esta institución debería trabajar por la estabilidad de precios, preservar el valor interno y externo de la moneda, administrar las reservas internacionales, entre otras funciones de vital importancia. El Banco Central no tiene autonomía, fue convertido en la caja chica del régimen, al operar como una maquinaria proveedora de bolívares para de cubrir el enorme déficit fiscal del régimen y su corrupción.

Las familias venezolanas atraviesan por un acelerado deterioro socioeconómico, en medio de la emergencia humanitaria compleja, acosados por la incertidumbre, salarios destruidos y servicios públicos colapsados. Este caos debe detenerse, es fundamental impulsar un nuevo proyecto de país, que lo enrumbe hacia el crecimiento económico y el respeto de los derechos humanos.

El país requiere un gobierno e instituciones que generen mejores condiciones de vida, oportunidades y bienestar, Venezuela necesita un nuevo modelo que recupere el Estado de derecho y la justicia en función del respeto a los valores, la libertad y el bienestar del pueblo. Una sociedad de oportunidades.

 

Economista, Msc. Moneda e Inst. Financieras, Prof. Economía UCV. @camberin

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La CIDH llama a los Estados de la región a implementar políticas de seguridad ciudadana democráticas y participativas centradas en la protección de la persona https://www.derechos.org.ve/actualidad/la-cidh-llama-a-los-estados-de-la-region-a-implementar-politicas-de-seguridad-ciudadana-democraticas-y-participativas-centradas-en-la-proteccion-de-la-persona?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-cidh-llama-a-los-estados-de-la-region-a-implementar-politicas-de-seguridad-ciudadana-democraticas-y-participativas-centradas-en-la-proteccion-de-la-persona Wed, 30 Sep 2020 01:15:24 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17848 Washington, DC.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación ciertas tendencias que apuntan a restricciones ilegítimas y actos arbitrarios en materia de seguridad ciudadana en algunos Estados de la región que han traído como consecuencia situaciones de violencia y vulneraciones a los derechos humanos. La CIDH llama a los Estados a respetar […]

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Washington, DC.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con preocupación ciertas tendencias que apuntan a restricciones ilegítimas y actos arbitrarios en materia de seguridad ciudadana en algunos Estados de la región que han traído como consecuencia situaciones de violencia y vulneraciones a los derechos humanos. La CIDH llama a los Estados a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos a través del fortalecimiento de políticas de seguridad ciudadana democráticas y participativas que sean centradas en la protección del ser humano.

Desde finales del 2019 y en lo que va del 2020, en el contexto marcado por la pandemia originada por el virus COVID-19, la Comisión advierte el incremento de la militarización en la región, el uso excesivo de fuerza policial y militar en manifestaciones y protestas sociales encausadas a la lucha contra la criminalidad en general, así como la detención arbitraria de personas. Estas prácticas son contrarias a las obligaciones contraídas voluntariamente por los Estados miembros que exigen políticas públicas sobre seguridad ciudadana que contemplen prioritariamente el funcionamiento de una estructura institucional eficiente con la finalidad de respetar y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos a través de la prevención de vulneraciones, el control de la violencia y el delito.

En relación con las políticas de seguridad ciudadana, la CIDH observa situaciones preocupantes respecto de la adopción de normas que permiten la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana y manifestación pública de instrucciones que autorizan el uso de la fuerza letal a agentes de seguridad. La Comisión reitera que las obligaciones en derechos humanos establecen que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad ciudadana debe ser excepcionales, extraordinarias, subordinadas y complementarias a las labores de las corporaciones civiles, reguladas mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, y adecuadamente fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente adecuados. Asimismo, el uso de la fuerza letal es el último recurso a ser empleado por los agentes de seguridad para su protección, y solo podría ser utilizado cuando sea absolutamente inevitable para proteger la vida y no exista otro medio menos lesivo para repeler dicha agresión de tal forma que su autorización irrestricta o anticipada no es aceptada por el derecho internacional de los derechos humanos.

La CIDH ha seguido de cerca la intensificación de actos de violencia policial y militar en manifestaciones y protestas sociales que ha provocado muertes, lesiones graves y detenciones arbitrarias contra los manifestantes y terceras personas ajenas a la protesta. La Comisión recuerda a los Estados su deber de garantizar la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, especialmente, de aquellos grupos que sufren discriminación y que han sido tradicionalmente silenciados. La CIDH ha condenado el uso desproporcionado de la fuerza policial y ha llamado a los Estados de las Américas para que investiguen de manera exhaustiva las circunstancias en que tuvieron lugar y sancionen adecuadamente a sus responsables.

Ante la recurrencia de estos hechos, la Comisión reitera que, de acuerdo con los estándares interamericanos, en el marco de protestas sociales los Estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad cuenten con distintos tipos de armas, municiones y equipos de protección que les permita adecuar su reacción proporcionalmente a la situación que requiere su intervención, generando salvaguardas adecuadas y efectivas contra la arbitrariedad. En este contexto, la Comisión alerta respecto de la utilización generalizada de las llamadas “armas menos letales” en protestas sociales, por diversos cuerpos policiales de la región y advierte las gravísimas consecuencias que puede también tener su uso desproporcionado para la integridad personal, e incluso para la vida. En relación con dicho tipo de armas o medios disuasivos, resulta también problemático el uso de dispositivos de efectos indiscriminados, como armas de disparos de múltiples proyectiles, aunque sean de goma, de gases lacrimógenos y otros agresivos químicos o sonoros. En este sentido, la Comisión subraya la obligación que tienen los funcionarios estatales de observar en todo momento los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

La CIDH recuerda que las acciones de algunas personas dentro de las manifestaciones, no desautorizan el derecho de reunión para manifestantes que observen un carácter pacífico y sin armas. Los Estados tienen el deber de proteger el ejercicio del derecho de reunión y libertad de expresión de los manifestantes, identificando y aislando a aquellas personas que interfieran su pleno ejercicio. Actos aislados de violencia no otorgan una autorización automática a las fuerzas policiales o militares para disolver o dispersar la manifestación ni exime a sus agentes de respetar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

En relación con la lucha contra la criminalidad, la Comisión nota con preocupación un alto nivel de violencia en varios de los operativos de seguridad ciudadana conducidos por policías y policías militarizadas al momento de la detención de supuestos criminales. Estas operaciones son llevadas a cabo de madrugada, y en su desarrollo ocurren hechos de violencia, allanamientos ilegales, uso indiscriminado de armas de fuego y detenciones arbitrarias de personas. Estos operativos por lo general ocurren en zonas marginalizadas, que son habitadas por poblaciones negras o en situación de pobreza, y afectan generalmente a hombres jóvenes, incluyendo adolescentes.

En línea con lo anterior, la CIDH ha recibido información sobre el uso excesivo de la fuerza en la detención de personas en la vía pública en zonas aledañas a centros urbanos o barrios marginalizados. En las situaciones reportadas, los agentes de seguridad recurren al uso de las armas de fuego como primer recurso en el cumplimiento de sus funciones de seguridad ciudadana. El uso indiscriminado de la fuerza letal ha producido muertes en contextos no esclarecidos de supuesto fuego cruzado con agentes de seguridad y así como de personas, incluyendo adolescentes, que caminaban pacíficamente por la zona. La Comisión resalta que no se encuentra autorizado el uso de la fuerza letal con el fin de detener a una persona que no representa una amenaza o peligro real o inminente de los agentes o terceros.

En relación con las medidas de control de la pandemia, la CIDH ha sido informada sobre el acontecimiento de cientos de detenciones, el uso de violencia física, empleo de armas de fuego y de las consideradas “menos letales”; en contra de personas que supuestamente contravenían las medidas de control epidémico. Al respecto, los Estados deben evitar realizar detenciones arbitrarias durante las restricciones a la circulación de las personas, y toda detención debe contar con el debido control judicial, de conformidad con los estándares en derechos humanos. La Comisión reitera que los Estados deben adoptar medidas para combatir el uso del perfilamiento racial de personas afrodescendientes y de otras prácticas discriminatorias, explícitas o implícitas, por motivos de origen étnico-racial o situación socioeconómica, que resulten directa o indirectamente contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de igualdad y no discriminación, en conexión con sus deberes de respeto y garantía de los derechos a la vida e integridad.

En el caso del uso de la fuerza, los Estados deben adoptar medidas concomitantes y posteriores al uso de la fuerza que garanticen la revisión del desempeño de sus agentes públicos y la determinación de responsabilidades disciplinarias y penales si las hubiera. Toda actuación policial debe quedar registrada y deben existir inventarios precisos respecto del armamento asignado a cada funcionario. Es necesario que se establezca una clara cadena de mando con atribuciones específicas en materia de autorización del uso de la fuerza y un adecuado sistema de comunicación policial que resguarde la totalidad de las órdenes operativas pronunciadas.

En virtud de las consideraciones anteriores, la CIDH insta a los Estados de las Américas a que redoblen sus esfuerzos en el fortalecimiento y consolidación de instituciones, políticas y prácticas de seguridad ciudadana que permitan la prevención y control del crimen y la violencia, enfocándose en la construcción de ciudadanías democráticas en cuyo centro se encuentren las personas y el ejercicio de sus derechos. La Comisión resalta la importancia del entrenamiento y capacitaciones constantes en los estándares de derechos humanos relacionados con la seguridad ciudadana, en especial, con el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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El Observatorio | Venezuela: Alerta por hostigamiento y criminalización a ONG tras el informe de la ONU https://www.derechos.org.ve/actualidad/venezuela-alerta-por-hostigamiento-y-criminalizacion-a-ong?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=venezuela-alerta-por-hostigamiento-y-criminalizacion-a-ong Wed, 30 Sep 2020 00:34:52 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17843 Ginebra-París, 29 de septiembre de 2020 – Tras el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela, que denunció la comisión de crímenes contra la humanidad en el país, un medio para-estatal, Misión Verdad, inicia una campaña de hostigamiento y señalamiento de las organizaciones de la sociedad […]

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Ginebra-París, 29 de septiembre de 2020 – Tras el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de determinación de los hechos sobre Venezuela, que denunció la comisión de crímenes contra la humanidad en el país, un medio para-estatal, Misión Verdad, inicia una campaña de hostigamiento y señalamiento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que hace temer la comisión de represalias y actos de represión por parte del gobierno venezolano contra ellas.

Desde el pasado 24 de septiembre, la cuenta en redes sociales denominada “Misión Verdad” ha iniciado una campaña para criminalizar, hostigar y estigmatizar a varias organizaciones no gubernamentales venezolanas, acusándolas de transmitir información falsa a la Misión de la ONU, que documentó centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, entre otras violaciones de derechos humanos.

En la campaña se apunta directamente a organizaciones como el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) –miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT–, Espacio Público, Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Control Ciudadano, todas ellas organizaciones de reconocida trayectoria en la documentación y defensa de los derechos humanos en el país. En el caso de COFAVIC, el artículo señala a la organización como principal fuente de información del informe de la ONU e incluso se incluye una foto de su directora, la Sra. Liliana Ortega.

“Misión Verdad” difunde desde hace varios años contenidos que buscan criminalizar el trabajo de organizaciones y personas que defienden derechos humanos. Dada la clara vinculación de esta plataforma con el Gobierno – de hecho el propio ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores re-tuiteó este contenido en su cuenta personal[1] , desde el Observatorio tememos que esta acción sea el preludio de una nueva campaña de represión estatal contra las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela.

El Observatorio denuncia que esta nueva amenaza contra la sociedad civil se desarrolla en un contexto de amenazas y ataques sistemáticos contra las personas defensoras de derechos humanos y ONG que, en la práctica, ya han tenido un fuerte impacto en el cierre del espacio cívico democrático en Venezuela. Efectivamente, como ya venimos documentando ampliamente, la estigmatización de las personas defensoras se ha convertido en un mecanismo esencial en Venezuela para reducir el impacto de las personas y organizaciones que defienden derechos humanos y consolidar una peligrosa narrativa del “enemigo interno” [2].

El patrón identificado para la persecución siempre es el mismo: primero la estigmatización se recrudece en los medios de comunicación públicos de alcance nacional y redes sociales de alta penetración en Venezuela. Posteriormente, el hostigamiento a las personas defensoras inicia con acusaciones realizadas por funcionarios del Estado, generalmente de altos niveles del poder, donde se les acusa y desprestigia de forma sistemática. Finalmente se consolidan las agresiones y campañas de estigmatización y descrédito a las personas defensoras.

Estas campañas de estigmatización y descrédito se alimentan de un discurso de odio y desprestigio del trabajo de defensa de derechos humanos. Estos ataques se han convertido en una política de Estado en Venezuela“,  declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

Este patrón de hostigamiento se dirige especialmente a personas defensoras que cooperan con organismos internacionales de protección y realizan labores de incidencia y denuncia a escala internacional y viene acompañado de una estigmatización al financiamiento internacional, como sucede en este caso. Son varios los intentos de restringir el acceso a fondos internacionales por parte de las organizaciones de la sociedad civil venezolana , denunciados por el Observatorio como parte de un intento de silenciar el trabajo de las mismas. A modo de ejemplo, el pasado 19 de febrero el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Sr. Diosdado Cabello, anunciaba un proyecto de reforma legislativa ante la ANC que buscaba restringir la financiación extranjera a las ONG [3].

Es preciso recordar también que el Informe Anual del Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres presentado al Consejo de Derechos Humanos según su Resolución 12/2 por acciones de agentes del Estado ocurridas entre junio de 2019 y abril de 2020, pone en evidencia como ciertas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, entre ellas, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA) han sido atacadas por el gobierno por colaborar con el Sistema de Naciones Unidas

Reiteramos que los estándares internacionales de derechos humanos de aplicación en Venezuela reconocen sin duda alguna que el derecho de las ONG a la financiación internacional es una parte integral del derecho a la libertad de asociación“,  declaró Alice Mogwe, Presidenta de la FIDH.

Por todo ello, manifestamos nuestra preocupación y nuestro profundo rechazo a las campañas de desprestigio continuas hacia las ONG venezolanas y urgimos a las autoridades de Venezuela a poner fin a todo tipo de hostigamiento en contra de ellas. El Estado debe respetar y garantizar su trabajo, tal y como está establecido en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998. Asimismo, exhortamos a las autoridades a establecer plenas garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, de información y de defensa de los derechos humanos en el país, incluida la financiación de éstas, como parte integrante del derecho a la libertad de asociación.

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Mientras arranca el año escolar https://www.derechos.org.ve/opinion/mientras-arranca-el-ano-escolar?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mientras-arranca-el-ano-escolar Tue, 29 Sep 2020 01:01:07 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17837 Luisa Pernalete/ No sé qué dicen ustedes, pero este año escolar parece que no acaba de arrancar del todo. En todo caso, va lento, muy lento este inicio. Se supone que debió comenzar el 16 pero todavía está lejos de tener vigor. Mientras arranca con vigor, me voy a atrever a dar unos consejos a […]

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Luisa Pernalete/ No sé qué dicen ustedes, pero este año escolar parece que no acaba de arrancar del todo. En todo caso, va lento, muy lento este inicio. Se supone que debió comenzar el 16 pero todavía está lejos de tener vigor.

Mientras arranca con vigor, me voy a atrever a dar unos consejos a las familias, a los alumnos, a los educadores e incluso a las autoridades.

Comencemos por las familias:

Empiecen los padres por recoger sus aprendizajes del año pasado, ¿Qué aprendieron de sus hijos? Vayan uno por uno. ¿Qué aprendieron como acompañantes de la educación de sus hijos? ¿Cómo se sienten ante este nuevo período escolar? ¿Hay miedos? ¿Hay angustia? ¿Hay cansancio adelantado? Pongan nombre a sus emociones y sentimientos, y hagan esas mismas preguntas a sus hijos, ¿Qué aprendieron el año pasado?

Algo así como un repaso rápido, sin presión, pero el repaso es importante para que lo importante permanezca. Si hay niños pequeños, de esos que están todavía aprendiendo a leer y escribir, pongan letreros con palabras claves en las diferentes partes del hogar… pizarra activa pues. Pregunten también a ellos qué esperan del nuevo año, esas mismas preguntas que se hicieron a ustedes, háganlas a ellos, ¿Tienen miedos? ¿Echan de menos a los compañeros? Escúchenles.

Conviene, además de las expectativas de cada uno, que hablen de los compromisos, en qué quieren mejorar, qué errores no quieren repetir; hagan la nueva rutina, consensuada: hora para levantarse, en cuáles tareas del hogar cooperarán, quién ayudará a quién. Si tienen teletrabajo, coloquen en el horario el tiempo en el que ustedes necesitan cooperación, silencio, explíquenles que también tienen tareas.

Ayuda mirar más allá, entonces hagan un ejercicios de imaginación de cómo esperan terminar el año que se inicia. Si son pequeños, que cierren sus ojos y lo imaginen como si fuera la televisión, si son más grandes, pueden hacer una carta a su maestro o profesor guía con su resumen de ese año.De paso, refuerza la competencia de comprensión lectora y de escritura.

Si ya han comenzado las actividades en el plantel donde estudian, recuerde además de la rutina que deben construir, lo importante que es reconocer lo bueno que hagan. Felicite a sus hijos por cualquier cosa buena que hagan, verá que responderán con más acciones buenas. El estímulo positivo suele ser muy más efectivo que el estímulo negativo.

No se olvide lo útil que  son los ejercicios de relajamiento y los de risoterapia para la concentración, para el buen ambiente de trabajo y estudio. Un poco de ejercicio físico, ejercicios de gimnasia cerebral, respiración profunda y  mucha risa y uso del buen humor. Suelo recomendar reír frente al espejo y/o hacer parejas y sonreír de manera forzada, uno frente a otro y verá como en unos segundos todos estarán sonriendo o riendo a carcajadas. Funciona, créanlo.

Dígales también que usted confía en ellos, que esto va a pasar, que esta cuarentena no será eterna, que entre todos pueden contribuir a hacer del estudio una aventura y no un fastidio.

Si tiene buena relación con los padres de los compañeros, ayuda hacer un grupo de wasap, si fuese posible, pero no para preguntar dónde venden la harina menos cara, sino para cooperar unos con otros. Si consideran que el año pasado hubo exceso de tareas, convérsenlo entre ustedes y díganlo de buena manera al maestro.

Pasemos a los docentes. Doy el mismo consejo de recoger los aprendizajes. Partir de lo positivo y de ahí a los vacíos que quisieras llenar. Aprovecha que hay actividades de formación para los docentes. El Centro de Formación e Investigación “Padre Joaquín”, de Fe y Alegría, por ejemplo, tiene todos los viernes foros, gratuitos, con herramientas para educadores.

La Escuela de Piscología de la UCAB, CECODAP, El Pitazo, también ofrecen frecuentemente espacios de formación, por dar otros ejemplos. Y en las redes sociales, te recomiendo @EducaciónGUAO, suele dar consejos muy útiles. No se les olvide  reconocer los sentimientos en este inicio. Pónganle nombre, no los repriman, pero si adminístrenlos adecuadamente.

Si ya comenzaron el trabajo con alumnos, hagan el ejercicio de imaginar cómo quieren terminar este año, ¿qué tal una carta a los alumnos como si fuera el último día de clases? Y pregúntense después qué deben poner de su parte para que este año sea enriquecedor para ustedes y para los alumnos.

Si trabajan en escuelas públicas o subvencionadas, como las de Fe y Alegría, entiendo que les preocupe el tema del salario. Les entiendo, con esos salarios “miserables” como los ha calificado el Director Nacional de Fe y Alegría no se puede vivir, ni siquiera se puede comer o pagar transporte público. La verdad es que no son dignos de la profesión docente, bueno, en realidad no son dignos para ningún venezolano. Sabemos que hay mucho educador haciendo un trabajo de héroes.No dejen de luchar por el salario justo que se merecen y recuerden lo que decía José Martí: la mejor manera de decir es haciendo.

A las autoridades, a esas que les corresponde garantizar el Derecho a la Educación de calidad a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de este país –Artículos 102 y 103 de la CRBV -, esas que son las que diseñan las políticas públicas y administran los dineros públicos, que recuerden que los derechos de los NNA son Prioridad Absoluta, según nuestras leyes vigentes – Artículo 78 de la CRVB y 7 según la LOPNNA – y por eso hay que garantizar unas inversiones suficientes para hacer realidad este derecho, y ello supone un salario decente para los docentes. Escúchenles. No se pide más que lo que reza el Artículo 91 de la Constitución: “todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. Cómo verán, no estamos inventando nada. Recuerden que sin maestros no hay escuelas. Sin maestros no hay educación ni presencial, ni a distancia.

También nos gustaría conocer  de parte de las autoridades, una especie de  “hoja de ruta” o planificación a corto, mediano y largo plazo, que indique que los problemas que interfieren en el Derecho a la Educación se van a ir solucionando. Que los reconocen y saben que deben resolverlos. Los servicios, el agua, la electricidad, mejorar acceso a Internet… por poner algunos ejemplos. Sabiendo, además,  que lo que se decida no puede ser improvisado y debe tener siempre por delante el “Interés superior del niño”, o sea, no se puede tomar ninguna decisión que le perjudique. También está en nuestras leyes.

Finalmente, todos sabemos que no está fácil resolver los problemas en un país que está inmersa en una Emergencia Humanitaria Compleja, y sobre esa emergencia se montó esta pandemia, pero por eso hay que establecer prioridades…

Nelson Mandela, a quien le correspondió dirigir a su país en un tiempo muy difícil, dijo sobre la educación lo siguiente: “ La educación es el gran motor del desarrollo personal” y en otra ocasión dijo: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.

Publicación original: Radio Fe y Alegría

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FDDHHANZ: Funcionarios siguen acumulando crímenes de lesa humanidad https://www.derechos.org.ve/actualidad/fddhhanz-funcionarios-siguen-acumulando-crimenes-de-lesa-humanidad?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fddhhanz-funcionarios-siguen-acumulando-crimenes-de-lesa-humanidad Mon, 28 Sep 2020 19:44:15 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17832 (Comunicaciones 28/09/2020) La fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ) exhorta al Ministerio Público a investigar y sancionar a los funcionarios policiales y militares responsables de tratos o penas crueles inhumanos o degradantes durante las detenciones ocurridas en el marco de manifestaciones pacíficas, durante las últimas semanas en el país. Así lo dio […]

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(Comunicaciones 28/09/2020) La fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ) exhorta al Ministerio Público a investigar y sancionar a los funcionarios policiales y militares responsables de tratos o penas crueles inhumanos o degradantes durante las detenciones ocurridas en el marco de manifestaciones pacíficas, durante las últimas semanas en el país.

Así lo dio a conocer Alcides Magallanes, director institucional de la mencionada Organización No Gubernamental (ONG), quien resaltó que en la mañana de este lunes, organismos de seguridad aplicaron el uso excesivo de la fuerza en las protestas registradas en los estados Sucre y Nueva Esparta

“Funcionarios siguen acumulando crímenes de lesa humanidad, no han tomado en cuenta los exhortos presentados en el informe de Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas. De esta forma buscan acallar las voces que exigen el respeto de sus derechos y que cada vez se  hacen extensivas en las comunidades populares”, apuntó Magallanes.

El representante de la institución argumentó que los abusos policiales se han producido tras el descontento de la población por la falta de los servicios públicos.

Aseguró que de acuerdo al Observatorio de la Fundación de los Derechos Humanos, 25 personas fueron detenidas arbitrariamente en Nueva Esparta y 10 resultaron heridas en Carupano, mientras protestaban por la falta de gas y gasolina.

“Desde la Organización de las Naciones Unidas sugieren a los cuerpos de seguridad del Estado actuar con sensatez y probidad en el manejo de las manifestaciones, minimizando la posibilidad del uso de la discriminación, atropellos y privación arbitraria de la libertad personal”, afirmó.

Por último, Magallanes enfatizó que los casos documentados por la fundación serán presentados ante la representante de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.

 

 

 

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Entrevista | Rafael Uzcátegui: Posibilidad de enjuiciar a Nicolás Maduro por lesa humanidad se abrió https://www.derechos.org.ve/actualidad/entrevista-rafael-uzcategui-posibilidad-de-enjuiciar-a-nicolas-maduro-por-lesa-humanidad-se-abrio-3?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=entrevista-rafael-uzcategui-posibilidad-de-enjuiciar-a-nicolas-maduro-por-lesa-humanidad-se-abrio-3 Sun, 27 Sep 2020 10:00:16 +0000 https://www.derechos.org.ve/?p=17826 El coordinador de la ONG de Derechos Humanos, Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), Rafael Uzcátegui, aseguró que el caso de Venezuela motiva a estudiar la creación de nuevos mecanismos para evitar la violación de DDHH “El informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas es absolutamente demoledor. […]

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El coordinador de la ONG de Derechos Humanos, Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), Rafael Uzcátegui, aseguró que el caso de Venezuela motiva a estudiar la creación de nuevos mecanismos para evitar la violación de DDHH

“El informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas es absolutamente demoledor. En él se señala que Nicolás Maduro y dos de sus ministros son responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad. Son las acusaciones más graves que se pueden hacer a nivel internacional. En todos los países se cometen violaciones, pero en muy pocos se dice que son crímenes de lesa humanidad. Ellos han entrado en el panteón de criminales, es un durísimo golpe a nivel internacional para un gobierno supuestamente comprometido con valores progresistas”.

Así lo expresó el coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, quien indicó que el documento despeja el camino para que los responsables de estos hechos puedan ser investigados penalmente.

“A partir de este informe se abre un abanico de posibilidades penales para que los responsables sean llevados a la justicia. Una es la llamada jurisdicción universal, a través del convenio de la convención contra la tortura. Las personas señaladas puedan ser llevados a juicio; el caso más conocido es el de (el exdictador chileno Augusto) Pinochet. La otra es el avance de la fase preliminar a la de investigación en la CPI. Abre las posibilidades penales para responsables”, detalló sociólogo.

Rafael Uzcátegui avizora un incremento en intensidad en mecanismos internacionales

El coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui, recordó que ya desde hace un año el gobierno de Nicolás Maduro había anunciado que iba a desconocer el resultado de la Misión, pero acotó que Venezuela forma parte de esa instancia del Consejo de Derechos Humanos, la misma que ordenó el informe y amplió el trabajo de la Alta Comisionada por los DDHH, Michelle Bachelet, siendo ambas acciones líneas de trabajo complementarias.

-El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado descalificar el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU porque la misión no estuvo en el país ¿Cuál es su apreciación de esto y cuál considera que es la trascendencia del documento?

-El Estado no le permitió el ingreso a territorio venezolano a los integrantes de la misión, no atendió ninguna de las solicitudes de información que se le hicieron. Ese intento actual de decir que es un documento que está siendo presentado a destiempo es un intento de propaganda para decir que la palabra de los Estados no es considerada y que son iniciativas impulsadas por EEUU.

“La línea narrativa del gobierno tiene dos áreas, una enfocada para su público local y sectores más fanatizados a nivel internacional, a través del cual se intenta criminalizar el informe diciendo que es un operativo de guerra sucia contra el gobierno, que intenta sacar el informe del contexto de Naciones Unidas, pero también han intentado decir que hay dinero de por medio, que además de fallas metodológicas fue realizado por entrevistas por Whatsapp y hasta ha hurgado en el pasado de los integrantes de la misión, que está conformada por tres expertos, a ver qué elementos podían encontrar para intentar deslegitimar a los voceros; pero eso está orientado básicamente a su gente dentro de Venezuela, decir que es un informe fantasma, mercenario, pero en el contexto de Naciones Unidas va a decir que ya tiene un acuerdo con la Alta comisionada y que el mismo es suficiente y ya ha estado arrojando resultados positivos. Va a decir que eso es suficiente y no necesitamos ningún mecanismo adicional”, sostuvo Rafael Uzcátegui.

Mecanismos de buena fe se están agotando, aseveró Rafael Uzcátegui

El coordinador de Provea Indicó que debe esperarse la votación. Hay una propuesta de que continúe el trabajo de la Alta Comisionada y que se prorrogue el trabajo de la Misión por dos años más.

“Hay que resaltar que estas instancias siempre tratan de agotar los mecanismos diplomáticos de buena fe, para que gobiernos tomen decisiones a nivel local para mejorar situación de DDHH, pero esos mecanismos de buena fe ya se están agotando, porque el Estado. a pesar de los llamados de atención, y observaciones, las situaciones no solo se continúan repitiendo sino agravando. Estos mecanismos buscan escalar en intensidad”, aseveró.

-¿Qué pasos siguen luego de presentado el informe? ¿Cree que Naciones Unidas presente el mismo a la Corte Penal Internacional?

-Los mecanismos no son lo rápido que uno quisiera, no son expeditos. La lentitud de la redacción, en el caso venezolano ha costado muchísimo, sangre sudor y lágrimas. Sensibilizar a la comunidad internacional ha llevado tiempo. Más de cuatro millones de venezolanos han tenido que salir de manera forzada para que América Latina pudiera haber reaccionado al deterioro de la situación venezolana.

“La Fiscalía es independiente –prosiguió Rafael Uzcátegui-, usualmente se tarda para procesar la cantidad de información necesaria para avanzar en una investigación formal. Colombia lleva 12 años esperando que se inicie un proceso de investigación formal por caso paramilitares. A pesar de todos los elementos, todavía se está esperando que esto avance a la etapa de investigación formal. Eso tiene que ver con una situación de mentalidad, la Fiscalía está esperando que proceso de paz sea suficiente para promover mecanismo de memoria, verdad y justicia”.

Ojo con el Ministerio Público

Añadió Rafael Uzcátegui que, en el caso venezolano, el gobierno está intentando decir que el Ministerio Público es suficiente, que tiene las condiciones y capacidad para castigar a los responsables. “Es por eso que nos generan tanta preocupación los reconocimientos de la Alta Comisionada por la supuesta colaboración del Ministerio Público (MP) en los últimos meses. Si el mensaje es que el Estado es capaz por sí mismo de castigar a los responsables, el camino a la CPI se va a demorar mucho más. Nosotros decimos que el MP es un elemento activo de la violación, un mecanismo de criminalización por razones políticas y no tiene independencia”.

El camino demanda paciencia, constancia, las organizaciones de DDHH tenemos que empezar a aprender a entregar información a la CPI, que se hace de manera diferente que a las organizaciones de DDHH. No es lo mismo informar a la CIDH que la CPI, las organizaciones venezolanas no estábamos acostumbradas a acudir al sistema de protección. Nos ha obligado a ir aprendiendo sobre la práctica. Tenemos las expectativas que, en cuanto al informe preliminar, que tiene cuatro fases y que Venezuela está en la dos, haya un anuncio de que haya pasado de la dos a la tres, que sigamos avanzando en la posibilidad de que se inicie una investigación.

Sistemas de protección deben ser revisados

-El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, habló durante la realización de la Asamblea de Naciones Unidas. Pidió considerar aplicar el mecanismo de la Responsabilidad de Proteger R2P. Siempre se ha descartado una intervención internacional por parte de Naciones Unidas por el derecho a veto de Rusia y China ¿Usted ve posibilidades de aplicar ese mecanismo? ¿Está de acuerdo con que se aplique?

-La R2P implica múltiples dimensiones para proteger DDHH. No solamente se limita a la posibilidad de una intervención física, abre posibilidades de otros mecanismos. Es un escenario que está allí. Habla de las limitaciones de los organismos internacionales de protección. Creo que el gobierno de Nicolás Maduro ha puesto a prueba mecanismos internacionales de protección. Hay que discutir nuevos mecanismos. En América Latina sabemos que la Carta Democrática se aprobó por Alberto Fujimori. Ahora ese desafío se abre con Nicolás Maduro. Se trata de evitar graves violaciones de DDHH y la activación de la mayor cantidad de mecanismos habla de la grave situación venezolana pero también de crisis de los sistemas de protección que son ineficientes e ineficaces.

Actualización del informe de Michelle Bachelet

-En la actualización del informe sobre Venezuela, la Alta Comisionada Michelle Bachelet indicó que en 2020 se han producido dos mil muertes por operativos de seguridad. ¿Cuál es la evaluación que hace sobre este tema?

-Esta actualización oral que incluye actuación dos meses y medio. Se mantiene, a pesar de la presencia del equipo de la Alta Comisionada, la situación de violación a los DDHH. Tenemos un país que en el primer semestre ha tenido tres meses en cuarentena y, a pesar de ello, continúa esta situación de control de territorio, que genera graves violaciones de DDHH, con la actuación de las FAES y colectivos para inhibir la expresión del descontento de los venezolanos (protestas).

“La Alta Comisionada -continuó Rafael Uzcátegui- abordó áreas como prevención y detención a quienes demandan salarios o gasolina, figura el caso de dos personas asesinadas, ataques a periodistas y activistas de DDHH la muerte de personal de protección, pero me parece muy importante el reconocimiento que hace a que la convocatoria a las elecciones parlamentarias no tiene condiciones ni creíbles equitativas ni libres, y que inclusive, adolece cuatro condiciones claves. Ese reconocimiento de la doctora es muy importante. Tiene obligación de mantener el diálogo con el gobierno y es por eso que el tono es excesivamente diplomático, pero hay aseveraciones muy graves que ratifican las propias denuncias de la Misión de Determinación de los Hechos”.

-También habló sobre la estigmatización de las personas que regresan al país por caminos no regulares ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de actitud?

-Cuando Nicolás Maduro habla sobre los bioterroristas, así califica a venezolanos, pudiera estar está generando condiciones para que existan tratos crueles inhumanos y degradantes contra ellos, maltrato verbal y física como lo afirma la Misión, Maduro conoce la situación y no hace nada para prevenir estas violaciones. Creo que con esta política permanentemente mediática que realiza el gobierno, nunca un presidente había brindado tantos elementos para ser señalado por crímenes de lesa humanidad.

Elecciones en la mira

-La Alta Comisionada manifestó su preocupación por decisiones del TSJ que obstruyen libertades, señala el nombramiento no consensuado del CNE y cambios en las normativas electorales, afirma que “es crucial que en próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático”, ¿Cómo cree que puede hacerse esto?

-En primer lugar, tiene que cesar la persecución y hostigamiento contra toda la sociedad civil, partidos, periodistas, activistas sociales, defensores. La sociedad civil tiene derecho a denunciar, a documentar, a pedir respuesta por parte de las autoridades de diferentes situaciones. No tienen que ser perseguidos, criminalizados ni privados de libertad por esta razón.

Rafael Uzcátegui deseó que las gestiones de la Unión Europea (UE) prosperen para garantizar derechos electorales, no solo que se reprogramen los comicios, sino que se generen mejores condiciones para que los venezolanos puedan participar. “Creo que también cuando se habla de proteger espacios se trata garantizar condiciones eficaces para ejercer el derecho a elegir”, añadió.

-Próximamente vendrá una comisión de la UE para reunirse con Nicolás Maduro para abordar el tema de las elecciones. ¿Qué cree que debe ser el objetivo a lograr para garantizar proteger el derecho a elegir de los ciudadanos?

No solo hay un cronograma (electoral) que se ha incumplido con los plazos que se debían realizar, sino que la cuarentena y la escasez de gasolina han permitido que ninguno de los procedimientos se pueda haber cumplido con satisfacción, como la inscripción de nuevos electores, que se realizó coincidiendo con una cuarentena radical, y todo eso limita posibilidad que proceso se cumpla manera satisfactoria. El gran desafío es realizar unas elecciones que no generen riesgos para los votantes ni para los no votantes, hay una situación de pandemia que debe ser el principal objetivo del liderazgo político, cómo poner el bienestar de la población sobre cualquier otra consideración. Esperemos que se puedan generar las condiciones y continuar sirviendo a la contención de la pandemia.

Finalmente, Rafael Uzcátegui lamentó la posición asumida por el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, quien aseguró que existen motivaciones políticas detrás del informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas.

“Formo parte del movimiento de DDHH en Venezuela y para mí es absolutamente vergonzoso que una persona que formó parte de ese movimiento, Alfredo Ruíz, sea un elemento para legitimar la tortura y delitos de lesa humanidad. Es todo lo malo de una persona que dice que defiende DDHH en Venezuela, yo hago esfuerzos para que mis pasos no terminen como los de él. Está avalando lo que tanto criticó, los anarquistas han dicho que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Él fue coordinador de una organización que fue hermana de Provea Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, yo hago un esfuerzo consciente para que mi destino no sea como el de él”.

Para la Alianza Tal Cual-Provea

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