Provea – Cadef – Defensoras de DDHH Táchira – Laboratorio de Paz

Debido a su situación de vulnerabilidad y desprotección en otros países, centenares de venezolanos y venezolanas en situación de migración forzada están retornando a Venezuela en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Las autoridades locales deben garantizar que los protocolos de atención a su llegada cumplan con principios médicos y técnicos, pero también respetuosos de la dignidad humana.  Las agencias de Naciones Unidas presentes en Venezuela deben trasladarse a frontera y garantizar la realización de procedimientos correctos por parte de las autoridades. No se debe obstaculizar el trabajo de los actores humanitarios nacionales, y defensores de derechos humanos, que puedan brindar apoyo en las garantías a los derechos humanos de quienes regresan al país en difíciles circunstancias físicas y emocionales.

Forzados a migrar, obligados a regresar

Migrante venezolana es auxiliada tras sufrir dificultades mientras cruzaba por una de las trochas en la frontera Colombia-Venezuela del estado Táchira. Imagen cortesía.

Debido a la ausencia de democracia y la emergencia humanitaria compleja, Venezuela es el centro de una de las peores crisis migratorias de la región en los últimos años. En octubre de 2019 la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), estimó que para finales del 2020 la cantidad de venezolanos en situación de migración forzada podía superar los 6 millones de personas. Esta crisis ha representado múltiples desafíos para los países de acogida, quienes no han establecido todas las medidas necesarias de protección, lo cual ha quedado en evidencia en situaciones críticas como en la actual pandemia de COVID-19.

El gobierno colombiano ha emitido 33 decretos para hacer frente a la emergencia causada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los migrantes venezolanos, quienes constituyen el 92% de la población migrante en el hermano país, 1.800.000 de personas según cifras oficiales, quedaron por fuera de todos, lo cual los colocó en una mayor situación de vulnerabilidad a la que ya poseían como personas necesitadas de refugio.

Según el diario La Opinión de Cúcuta “Pese a que el Ministerio de Salud publicó los lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 entre la población migrante en Colombia, no hay un marco legal lo suficientemente amplio que abarque a todos los ciudadanos. Solo se han ejecutado medidas temporales como transferencias monetarias a 150 mil familias y 150 mil mercados a personas en condición de vulnerabilidad en Bogotá.” Diferentes políticos y especialistas del tema migración en el hermano país han estado solicitando aprobación de medidas que incluyan a los venezolanos como población vulnerable. Por ejemplo, el senador Antonio Sanguino propuso al presidente Iván Duque para que expida un decreto ley relacionado con el asunto migratorio en el marco del coronavirus, basado en una regularización migratoria, un sistema de registro de información y de asistencia a los migrantes bajo una figura institucional. También planteó, siguiendo el ejemplo de España, apresurar la homologación de títulos y permisos de trabajo para incorporar a los médicos migrantes al Sistema Nacional de Salud y así afrontar la enfermedad.


Sin trabajo y sin hogar

Migrantes venezolanos. Imagen: Provea.

Los primeros días de abril se denunció el desalojo de familias de venezolanos de pensiones conocidas como “pagadiario” en Bogotá, pues las personas pagan por día de pernocta. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en una polémica declaración pidió recursos al gobierno central para sufragar el costo de los alquileres en familias en condición vulnerable bajo la pandemia, incluyendo a los venezolanos: “Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir, es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del Gobierno Nacional. Un peso aunque sea, uno. Porque todas estas cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos tres años pagando eso, a 450.000 personas de Venezuela”. El presidente Ivan Duque expresó posteriormente: “Hay algunos alcaldes que de alguna manera están tratando decir: Es que ese no es mi problema. Es una responsabilidad de todos. Aquí nadie puede lavarse las manos, nadie, frente a un tema tan sensible”, dijo en un comunicado de la Presidencia de Colombia, sin referirse de manera directa a López.

La situación se repitió en el departamento de Magdalena, cuya capital es Santa Marta. Según recogió el diario argentino Clarín: “el grueso de los retornados comenzó en el Departamento de Magdalena en Colombia donde fueron desalojados de sus viviendas porque no podían seguir pagando el alquiler (…) Este miércoles varios propietarios de pensiones realizaron un desalojo masivo entre las calles 22 – 24 y carreras 17 – 18, a personas que vivían allí con el sistema de renta ‘paga diario’.

La comunidad venezolana residía en este barrio de la localidad Los Mártires, en varias de las edificaciones que están ubicadas en la zona de tolerancia. “El motivo del desalojo de los venezolanos se habría hecho porque llevaban varios días sin pagar arriendo y pese a que la alcaldía de esta localidad ordenó que según el Decreto 903 en el Artículo 6, no se puede desalojar a nadie del lugar donde vive, esta comunidad estaba en la calle sin un lugar a donde ir, sin alimento, ni medios económicos para mantenerse; ya que no han podido trabajar por las medidas de aislamiento impuestas por el Gobierno nacional”, agregó la nota del periódico argentino.


Los venezolanos se ven impedidos de ejercer sus ocupaciones informales y están siendo desalojados de sus viviendas al no poder seguir pagando los alquileres.  El 7 de abril la gobernación del Norte de Santander reveló que desde el 14 de marzo habrían pasado 30 mil personas a Venezuela. Desde el 18 de marzo las organizaciones humanitarias que brindaban apoyo en la frontera del lado colombiano, comida y medicinas, a los venezolanos suspendieron sus actividades hasta nuevo aviso, como medida para prevenir la propagación del Covid-19. 

Retornados pudieran llegar al millón y medio


El director del Servicio Jesuita de Refugiados Venezuela, Eduardo Soto, declaró para Radio Fe y Alegría Noticias que podrían llegar a ser un millón y medio los retornados en todo el país para los próximos meses. Explicó que la pandemia ha revelado las injusticias estructurales que sufren los migrantes en la región. “La negación del derecho a la salud en los países de acogida es una evidencia de la ausencia de políticas de protección”. La negación de la asistencia médica, en su opinión, sería una de las principales motivaciones para que las personas decidan retornar, así como la pérdida de posibilidades de ingresos económicos. “Así como muchos de ellos no planificaron su ida, de la misma manera están regresando: gastando sus ahorros, a riesgos, muchos de ellos enfermos con nada que tenga que ver con el Covid-19, pero no pueden recibir la atención en el lugar donde estaban”.

Sobre la cifra definitiva de retornados Soto expresó que dependerá de la capacidad que tengan para emprender el viaje de retorno: “dependiendo de cómo evolucionan las medidas de restricción y de cómo evolucionan las medidas de protección a los migrantes fuera del país”.

“Hay que llamar la atención de los organismos internacionales”


Provea se comunicó con un venezolano residente en el Norte de Santander, quien ha venido participando en las organizaciones de apoyo a los migrantes, para conocer sus impresiones sobre la situación:

“Desde hace algunos días y producto del virus se ha notado el incremento de venezolanos retornando a los puntos de frontera, en especial en el Norte de Santander. Desde el momento en que se hizo público los acuerdos con las autoridades venezolanas para el retorno, desde el sábado 4 se notó el incremento. Los que están retornando no es sólo de Colombia, también están subiendo de Ecuador y Perú. Muchos de ellos se han quedado sin trabajos formales y vivieron hasta hace poco del producir día a día, por lo que se vieron afectados para continuar pagando las residencias donde vivían y los servicios, pues recordemos que acá los servicios son elevados y deben pagarse de manera mensual obligatoriamente.


En Bucaramanga, en este momento, hay un grupo importante reunido para retornar. Nos informan que sobrepasan las 2.000 personas, que pudieran estar viajando en las próximas horas hacia Cúcuta. Varios alcaldes están ofreciendo transporte gratuito a los venezolanos que se quieran devolver, lo que esta generando un cuello de botella tanto en la propia Bucaramanga como en Pamplona.


Las personas que han logrado entrar a territorio venezolano se encuentran, en la mayoría de los casos, hacinados, en confinamiento preventivo, pero en condiciones deplorables, sin agua potable. Según nos han contado, los han humillado verbalmente, tratándolos de “traidores a la patria”. Incluso nos cuentan que en uno de los refugios, que no diré cuál para no poner a nadie en riesgo, les dijeron que los van a usar de escudos humanos en caso de una invasión de Estados Unidos. A esto se une la situación de falta de gasoil y gasolina.


Es importante que se conozca lo que está pasando a nuestros hermanos venezolanos, una doble tragedia, pues e están devolviendo de manera forzosa, pues no tienen otra opción. Hay que llamar la atención de los grupos internacionales y organizaciones de derechos humanos. Se está generando una situación crítica para el estado Táchira, pues como no pueden pasar por los puntos de La Guajira, los venezolanos que están por ese lado deben bajar a Cúcuta para entrar a Venezuela. Incluso han tenido que habilitar un estadio de futbol de sala para recluir a las personas, dado el volumen de personas que están regresando”, finalizó.

El Estado colombiano incumple con las recomendaciones ONU

Canal fronterizo cerrado entre Colombia y Venezuela, Cúcuta, Colombia. Imagen cortesía.

La Organización de Naciones Unidas emitió unas Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por covid-19. Entre las acciones concernientes a los migrantes expresa: “La inclusión de todos los migrantes y grupos marginados es necesaria en todos los aspectos de la respuesta al COVID-19, ya sea que busquemos prevención, detección o acceso equitativo a medidas de tratamiento, atención o contención, o condiciones seguras de trabajo”.

La atención en materia de salud a migrantes y refugiados no es una excusa, la propia ONU afirma que estados pueden solicitar apoyos financieros adicionales y las instituciones financieras deben jugar un papel de liderazgo aprobando fondos por esta contingencia.

Ha exhortado a Estados a regular a las personas migrantes indocumentadas para facilitar su acceso a los servicios de salud. Sobre todo “Los Gobiernos deben asegurar que todas las personas internamente desplazadas tengan acceso al agua, al saneamiento, a instalaciones de higiene personal, a alimentación y vivienda adecuadas”.

El Estado Colombiano no ha actuado de forma incluyente, amplia y con garantías de protección a derechos humanos para migrantes que necesitan del apoyo en igualdad de condiciones a nacionales frente a la pandemia.


La respuesta del lado venezolano: Centros de alojamiento temporal

El Estado venezolano ha informado de la conformación de centros de alojamiento temporal destinados a los retornados en los diferentes estados del país. Aún se desconoce la lista y totalidad. Según informó Naciones Unidas, se estima que en 7 estados habría 71 centros con una capacidad para 3.664 personas.  Los estados serían Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Sucre, Táchira, Zulia. Allí no se mencionó el primero que comenzó a funcionar en el interior del país, la Villa Bolivariana en Barquisimeto, estado Lara.

A continuación, se presentan 3 casos de estudio, elaborados por diversas organizaciones de derechos humanos y defensoras del estado Táchira donde se analiza la respuesta dada por el Estado venezolano en los refugios o casas de alojamiento temporal para los retornados venezolano/as. Al final se establecen las falencias de estos lugares y las peticiones inmediatas al estado venezolano, así como a las agencias de cooperación de ONU con presencia en el país y la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas.

Caso Señora Gregoria. Refugio temporal Liceo Manuel Díaz Rodríguez.

La ciudadana Gregoria, de nacionalidad venezolana, 59 años de edad, viajó en fecha 13 de marzo de 2020 desde la ciudad de Tinaquillo, estado Cojedes, hasta la ciudad de San Antonio, estado Táchira, motivado al viaje pautado para el 17 de marzo de 2020, vía aérea desde Cúcuta – Colombia hasta Santiago – Chile. Ingresó al territorio colombiano presentando un cuadro de malestar físico debido a su enfermedad crónica de hipertensión, por lo que ingresó en un alojamiento en Cúcuta mientras restauraba su salud.  Esa noche fue anunciado el cierre de fronteras de Colombia con Venezuela. Chile también anuncia el cierre de todas sus fronteras, aéreas, marítimas y terrestres lo que deja a la Sra. Gregoria en situación de tránsito y sin poder devolverse a Venezuela.

Permaneció del 13 de marzo hasta el 5 de abril del 2020, en Cúcuta, y decidió retornar a Venezuela aprovechando la apertura de un corredor humanitario por parte del Estado colombiano. Considerando 1) que ya habían pasado los días recomendados para la aparición de algún síntoma de COVID-19, sin generar síntomas; y 2) Conforme al protocolo que había anunciado la Gobernadora del Estado Táchira, en Venezuela que consistía en que todas aquellas personas que resultaran en las pruebas de detección del COVID-19 negativas, serían trasladadas hasta sus estados de origen. Y las personas que resultaran COVID-19 positivo serían trasladadas a un refugió en San Antonio estado Táchira. 

El 06.04.20, a las 07.00 am la Sra. Gregoria se encontraba en el puente Simón Bolívar.  Junto a ella se encontraba un grupo de aproximadamente 60 personas a la espera de la apertura de la frontera del lado venezolano. A las 11.00 am aproximadamente permitieron el ingreso al territorio venezolano del primer grupo, entre los cuales se encontraba Gregoria. En la Aduana, luego de cruzar el puente, funcionarios de la Guardía Nacional Bolivariana (GNB) agrupaban a las personas para realizarles la prueba de detección rápida de COVID-19. A las 03.53 pm le fue practicada la prueba resultado negativo. A las 09.00 pm los funcionarios de la GNB informaron que debían abordar los autobuses que estaban dispuestos para los traslados. La sra. Gregoria junto a 34 personas más, también habían resultado COVID-19 negativo, abordaron la unidad de transporte y fueron llevados al Liceo Manuel Díaz Rodríguez, unidad Educativa, en San Antonio del Táchira, dispuesta por la gobernación para que las personas que resultaran COVID-19 positivo realizaran la cuarentena. 

Una vez en este lugar, con la coordinación de los funcionarios de la GNB fueron divididos por estados y encerrados en un salón de clases, con la orden de que “nadie debía entrar ni salir de ese espacio”. De acuerdo a la información de la Sra. Gregoria, se encuentran en el mismo espacio aproximadamente 30 personas del estado Cojedes y 6 de la ciudad de Tinaquillo exactamente, todos son migrantes retornados -excepto de ella-. La Sra. Gregoria trató de demostrar a los efectivos que no había vivido en ningún país, sino que estuvo en Cúcuta por el tiempo reglamentario y había dado negativo en la prueba. Sin embargo, se les informó que todos se quedarían en ese lugar durante 14 días y, posteriormente, serían llevados hasta sus hogares.

El 08.04.20 Gregoria relató: “todos son migrantes, la única que no es migrante soy yo, todos resultaron negativo en la prueba, al puente pasaban grupos de 50 personas, en extranjería verificaban los datos y la nacionalidad, y otro funcionario militar preguntaba uno a uno qué tiempo tenía la persona en Colombia, edad, a qué estado pertenece, la dirección exacta. Nos practicaron dos pruebas de COVID-19. Hoy me dieron los militares un colchón a mi nada más, las otras personas aún están durmiendo en el piso. En la noche ayer (07.04.2020), vino un capitán y volvió a decir que tenemos que estar aquí encerrados todos por 14 días. Vinieron unos médicos a preguntar ¿quién se siente mal? En este salón ninguno se ha sentido mal, salvo las incomodidades”. 

El 09.04.20, Gregoria narró:  Hoy en la mañana repartieron unas arepas, a la tercera edad y a los niños y mujeres embarazadas le dan comida, hay gente que se ha quedado sin comer, hoy le entregaron un colchón a cada uno de los de este salón, ya todos tienen colchón. Ayer en la noche nos entrevistaron uno a uno y preguntaron si nos habían corrido de algún lugar en Colombia, y qué tiempo tenían en Colombia. Me preguntaron también si regresaría a Colombia y yo dije que sí, tengo que viajar porque tengo un pasaje congelado. Me preguntaron que si sufría alguna enfermedad y dije que era hipertensa.”

12.04.20: la señora Gregoria informó que les realizaron nuevamente unas pruebas de detección del Covid-19, y les informaron que los resultados llegarían el lunes 13.04.20. De resultar negativo, los trasladarían hasta sus estados de origen entre lunes o martes.

Según la información recolectada el refugio temporal no cumple con los estándares para brindar atención digna con base en los parámetros de la OMS/OPS:

  • Las personas en el refugio están separadas por estado, las mujeres, hombres, niño/as y adolescentes comparten un mismo salón de clases.
  • En el salón donde se encuentra la señora Gregoria 27 adultos y 3 niños menores de 4 añitos. La señora Gregoria es la mayor.
  • Al segundo día, de estar en el sitio les proveyeron de colchones, la gente los viste con lo que tienen.
  • Les han provisto de las 3 comidas diarias, en la mañana 1 arepa con queso; a medio día arroz con pollo o pasta con pollo, y en la noche 1 sandwich con queso.
  • El baño es compartido por todas las personas, ya que son los baños de la escuela, el mantenimiento es precario, ya que no es el acorde para la cantidad de personas ni para el tipo de uso. Tampoco proveen de desinfectantes, ni cloro.
  • No les proveen de papel higiénico, jabón, pasta de dientes, toallas sanitarias. Las personas se las arreglan con lo que traen.
  • Están todo el día confinados en el salón.
  • El sitio está custodiado por la GNB
  • El personal médico hace 1 visita diaria.
  • No ha habido ninguna presencia de organismos de Naciones Unidas, agencias de cooperación o humanitarias.

Caso Refugio Temporal “El pedagógico (UPEL) y La Normal” en Rubio, Estado Táchira

El miércoles 08.04.20, alrededor de 1000 retornados y retornadas fueron trasladados en 17 autobuses que provenían de San Antonio del Táchira a la ciudad de Rubio. Las autoridades policiales del estado y militares de la GNB tomaron instituciones escolares donde las ubicaron:

  1. Escuela Granja la Gonzalera, saliendo de Rubio vía San Antonio. (100 personas)
  2. Escuela Granja “El Rodeo”, ubicada también en Rubio. (100 personas)
  3. Un inmueble propiedad que maneja el Verbum Dei, comunidad misionera de católicos. Es un espacio donde realizan retiros espirituales, vía San Cristóbal. (200 personas)
  4. El Instituto Pedagógico Rural “Gervasio Rubio” (UPEL) (500personas)
  5. La escuela Técnica Gervasio Rubio (Comúnmente llamada “la Normal”) (180 personas)

Situación en “El pedagógico (UPEL) y La Normal”. Son dos instituciones adyacentes, están en el mismo sitio con continuidad, uno al lado del otro, pero sus espacios son diferenciados. “La Normal”, tiene una infraestructura que antes funcionaba como internado, es pública del Estado venezolano.

  Entre la “UPEL” y “la Normal” hay alrededor de 680 personas. Autoridades de la UPEL emitieron un comunicado por no contar con los servicios públicos requeridos y no tener instalaciones adecuadas para tal fin. Tras reunirse con las autoridades municipales y regionales correspondientes las autoridades Upelistas informaron: “La UPEL es universidad humanista, pero las condiciones no son las adecuadas ante las medidas pautadas por la OMS”. ”La infraestructura no cuenta con las condiciones mínimas necesarias; entre ellas: agua potable, iluminación, baños, duchas, entre otros para atender dicha contingencia”.

Autoridades de la universidad y municipales firmaron un acta compromiso “para el uso, resguardo y adecuación de las instalaciones y de los bienes nacionales, entre ellas delimitar el perímetro de permanencia a los edificios 14 y 15 (12 aulas).

“Como universidad formadora de maestros y aquella que vence las sombras, no podemos dejar de alzar nuestra voz de protesta ante la injusticia evidenciada al someter a una casa de estudios superiores a formar parte de la vulnerabilidad de los derechos humanos de nuestros hermanos venezolanos, quienes han pasado por una serie de atropellos, xenofobia y abusos y maltratos en el exterior y, regresan a su patria con la esperanza de mejores condiciones de vida. Entiéndase que no es un tema político, no es negación a prestar un servicio y a un gesto de solidaridad; es evidente realidad de sometimiento a condiciones infrahumanas, que pueden generar mayores problemas de salud pública a nuestro Municipio. Ninguna instalación educativa está apta para este tipo de contingencia; así le coloquen los adornos que deseen”. El incumplimiento de protocolos es una realidad: las instalaciones no tienen servicio de agua producto de daños en tuberías”. Rechazo a “la arbitrariedad y tarto inhumano”

Entre los retornados en la UPEL hay:

  • Personas de varios estados del país. 
  • Mujeres, niños/as y hombres,
  • 10 personas que son de Rubio, aunque sus familiares rogaron que los dejaran trasladar a sus casas o residencias, para cumplir la cuarentena dentro de sus hogares, los custodios se negaron.

Un testigo afirmó que “las personas que fueron trasladadas y que llegaron a la UPEL y la Normal, se negaban a bajarse. Algunos gritaban que los había engañado, que les había dicho que los iban a llevar al centro del País (Valencia, Maracay, Caracas) y no fue así. Sin embargo, al pasar el rato, los convencieron y lograron que se bajaran de los autobuses. Venía muy cansados, hacinados. Al llegar les dieron un poco de comida, porque venían con mucha hambre”.

El Alcalde de Rubio, Municipio Junín, recibió a las personas junto a las autoridades de la UPEL, y la distribución se realizó de la siguiente forma:

  • La UPEL:  2 edificios, el número 14 y 15, de esos dos edificios hay un total de 12 aulas y allí albergaron aproximadamente 500 personas
  • La Normal: 180 personas fueron alojadas.

“Repartieron para 680 personas 180 colchonetas y se las repartieron como pudieron entre las personas”. “Las aulas fueron desocupadas, sacaron las mesas, sillas, abriendo espacio para que ocuparan el lugar. Simultánea bajaron comida para preparar y la Alcaldía de Municipio Junín se comprometió a llevar el gas y arreglar las instalaciones del agua, pues no cuenta con ese servicio. Se les habilitó 3 salas de sanitarios, 4 pocetas para hombres y 4 para mujeres. Para las 500 personas alojadas en la UPEL”.

El día viernes 10.04.2020, “las personas estuvieron cocinando en una plazuela con leña porque no hay servicio de gas”.

El refugio temporal Upel, La Normal, no cumple con los estándares para brindar atención digna con base en los parámetros de la OMS/OPS,

  • No hay ninguna condición adecuada para albergar personas, agua, baños, servicio de gas y comida, camas.
  • Están hacinadas.
  • Caminan por el campus, no hay aislamiento entre los que allí se encuentran.
  • La custodia la realizan Policía Nacional Bolivariana, Militares del ejército, representante del Fuerte la Tucarena, donde se presta el servicio militar en Rubio. 
  • Preocupa la presencia de “grupos de seguridad civiles”, (Colectivos).
  • El mantenimiento es precario, sin agua, no acorde para la cantidad de personas ni para el tipo de uso. Tampoco proveen de desinfectantes, ni cloro.
  • No les proveen de papel higiénico, jabón, parta de dientes, toallas sanitarias. Las personas se las arreglan con lo que traen.
  • No ha habido ninguna presencia de organismos de Naciones Unidas, agencias de cooperación o humanitarias.

Caso Villa Bolivariana. Barquisimeto, estado Lara.

Aislamiento Villa Bolivariana. Imagen cortesía: La Prensa Lara.

El 24.03.20, Carmen Díaz, en compañía de Willy, su bebé, se dirigían a la ciudad de Barquisimeto (donde se encuentran sus residencias) desde Cúcuta, Colombia. Daniela estuvo viviendo un mes allí, trabajando en una zapatería por la difícil situación económica que vivía en Venezuela.  Sin embargo, al surgir la pandemia del Covid-19 decidió regresar porque no pudo continuar trabajando y no quería quedarse sin ahorros. Al ver que las fronteras estaban cerradas y custodiadas, decidieron pasar por una trocha de forma ilegal frente a la imperiosa necesidad de ingresar al país.

Ese día en San Antonio del Táchira, un grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana le realizaron una revisión médica de rutina para descartar contagio del COVID-19. Ninguna de estas dos ciudadanas presentó los síntomas. En el terminal de pasajeros de San Antonio, lograron comprar un boleto para trasladarse en autobús hasta Barquisimeto. Desde que iniciaron su viaje se percataron del aumento de puestos de control durante la vía. En cada uno funcionarios de los cuerpos de seguridad las hacían descender, para luego retornar al vehículo. Esta situación retrasó el viaje más del tiempo previsto. Estuvieron aproximadamente 17 horas en carretera de las 12 correspondientes.

El 25.03.20 al llegar a uno de los puntos de control, ubicado en la localidad de Zárate, relativamente cerca de la cuidad de Barquisimeto, los funcionarios indicaron que todas las personas que se encontraban en el autobús debían bajar, con la intención de realizarle una inspección. Al percatarse que la mayoría de estas personas provenían de Cúcuta decidieron llevarlas a todas, en contra de su voluntad, a un “Centro de retención” denominado “Villa Bolivariana”, ubicado en la Av. Libertador frente a Empresas Polar, en Barquisimeto.

En el lugar los funcionarios dividieron a las personas por sexo en dos grupos. Las mujeres y niños estarían en una zona de la Villa separadas de los hombres, los cuales estarían en otro lugar cercano que las denunciantes desconocen si está en el mismo edificio. Carmen ingresó con hijo alrededor de las 5 de la tarde. No posee mayores detalles de la estructura del lugar, siendo la primera vez que se encuentra allí. En su descripción alega que pareciera ser el piso 3 y el lugar está dividido por una sala, una cocina sin utensilios, un baño y un solo cuarto (apartamento tipo estudio), pero sin enseres. Cuentan con 3 literas que tienen colchón, pero sin la lencería adecuada. Del lugar emanan olores desagradables por suciedad y no cuentan con artículos de aseo para limpiarlo.

En ese lugar, se encontraban 6 mujeres adultas, 2 bebés de 4 y 10 meses y un niño de 3 años. Los GNB, al llevarlos al sitio, les dijeron que les suministrarían las comidas. Debido al viaje tenían 48 horas sin alimentación adecuada, y aunque informaron a las autoridades del lugar, no les dieron respuesta alguna. En horas de la noche les suministraron una caja que contenía una arepa para cada persona. La comida presentaba un olor putrefacto, no se veía sana y no cumplía con las medidas de salubridad. A pesar del hambre, ninguna de las personas comió las arepas por miedo a enfermarse.

El 26.03.20, luego de 2 días en el lugar, les llevaron comida que sí estaba en buenas condiciones. No obstante, denunciaron que el trato de los funcionarios que realizan las labores de custodia era hostil. Carmen logró comunicarse con sus familiares que viven en la ciudad de Barquisimeto, los cuales se acercaron al lugar con la intención de llevarles comida y algunos productos de aseo personal y de limpieza. Sin embargo, no se les ha permitido entregarlos, ni ingresar ningún tipo de producto de alimentación.

La Villa está rodeada de funcionarios de la GNB y dentro del complejo trabajan varias enfermeras, quienes son las encargadas de repartir la comida y de evaluar físicamente a las personas, en caso de presentar algún síntoma del COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Pero los funcionarios militares son los únicos con los que han hablado. A pesar de explicarles la situación no logran llegar a un acuerdo con ellos. Solo tienen conocimiento que deben estar ahí hasta pasar el proceso de cuarentena.

La mañana del jueves 26.03.20, cuando un grupo de mujeres estaban gritando desde la ventana para denunciar la situación, subieron dos enfermeras y dos GNB. Una de las enfermeras se acercó en actitud agresiva porque uno de sus superiores le llamó la atención debido a que no había entregado el desayuno. Ella les preguntó que porqué estaban gritando y que de su parte no les iba a dar más comida. Un funcionario le dijo a Díaz -quien estaba alterada de los nervios y estaba solicitado la realización de sus exámenes físicos para poder a irse del lugar- “nadie te mandó a irte del país…” y agregó: “quien coño de tu madre te mandó a irte de esta mierda, ¡maldita!”. La víctima forcejeó con el funcionario, luego otro se acercó y la amenazó con ponerle las esposas si no ingresaba al lugar. Le dijo literalmente, según la denunciante: “si no hace lo que él dice va a tener consecuencias, te quedas o te quedas”.

Carmen denunció que la situación era muy difícil. Que le quitaron su libertad sin ningún motivo o razón, y estaba a la espera de que se le realizarán las pruebas correspondientes para poder irse. Se encontraban en malas condiciones y temía que la obligaran a asumir la cuarentena retenida allí, sometidas a malos tratos, insultos y abusos por parte de los funcionarios de seguridad del Estado que custodiaban el lugar.

El viernes 27.03.20 Carmen informó que ingresaron otras personas al apartamento ubicado en la parte superior, quienes tardaron para poder trasladarse en autobús desde el estado Táchira, y que relataron que a un señor se le bajó la tensión por el hambre que tenía. Según lo que pudo constatar se trataba de unas 91 personas en la misma situación, que llegaron en 3 autobuses distintos. Las víctimas solicitaban atención inmediata, pero alegaban tener miedo que los funcionarios atenten contra su persona o la limiten aún más a obtener comida, pues ni sus familiares pueden ingresarle alimentos. 

El 31.03.20 se realizó contacto nuevamente con Carmen Manifestó haber presentado fiebre durante el fin de semana porque padece una otitis aguda. Ha empeorado porque no le han proporcionado los antibióticos que suele tomar, y presenta bastante dolor. Sólo le dieron un paracetamol, ni siquiera tienen termómetro para medirle la temperatura. Indicó que en el lugar no tienen ningún tipo de insumos médicos. No les habían practicado la prueba de diagnóstico del Covid 19 ni a ella, ni al resto de las personas con las que comparte habitación. Tampoco habían sido chequeados por ningún médico ni personal de salud. Solamente les preguntaron, al ingresar, si presentaban síntomas del coronavirus, pero nada más. Para ese día habían mejorado las condiciones en cuanto a los artículos de limpieza y la comida.  Sin embargo, el contenido nutricional es poco saludable y balanceado: para el desayuno y la cena, una arepa con mortadela rayada, y en el almuerzo les dan arroz con alguna proteína como caraotas, carne o pollo, aunque no siempre, sólo a veces. Les dan jugo de guayaba, pero no han comido frutas ni vegetales. Según su testimonio los últimos dos días llegaron unos 4 autobuses más de Colombia, por lo que calcula un aproximado de 200 personas en la misma situación.

Aislamiento en Villa Bolivariana, imagen cortesía: Punto de Corte.

El 02.04.20 Carmen informó que le habrían sido entregados productos de aseo personal a cada una de las personas del lugar. En horas de la noche habrían ingresado un nuevo lote de personas. El 04.04.20 explicó que los habían dejado salir, le dijeron que tenía que trasladarse a su casa y cumplir con un confinamiento obligatorio por 15 días. Fue examinada por las enfermeras del lugar antes de que permitieran su salida. Sólo se le realizó un examen de rutina, se le tomo la temperatura y se examinó de manera superficial.

La Villa Bolivariana de Barquisimeto no cumple con los estándares para brindar atención digna, con base en los parámetros de la OMS/OPS:

  • Trato vejatorio y hostil por parte de los funcionarios de la GNB y las enfermeras en el Complejo
  • Falta de alimentación balanceada y la negativa al apoyo por parte de sus familiares para garantizarles alimentos y bienes de aseo personal.
  • Falta de atención médica adecuada, en el sitio denuncian la falta de insumos para atender dolencias menores lo que no garantiza atención adecuada en caso de COVID – 19
  • Confinamiento indiscriminado, de personas extrañas incluyendo bebés y niños, sin una previa prueba de diagnóstico rápida de coronavirus, tomando en cuenta que puede haber positivos asintomáticos como lo ha establecido la OMS.
  • El lugar sin las normas mínimas y sin adecuadas medidas sanitarias, presentando malos olores y durmiendo en colchonetas sucias, sin sábanas.

Migrantes venezolanos en un centro para refugiados en Cúcuta, Colombia 2018. Foto: Provea.

Preocupaciones sobre el trato dado a los retornados

En los tres casos, los espacios utilizados para el alojamiento temporal no cuentan con las condiciones ni estándares para la atención de personas con un alto nivel de vulnerabilidad porque además retornan a un país del que salieron huyendo por condiciones precarias de vida y regresan en condición de alta fragilidad psiicoemocional, económica y de revictimización.

En los tres casos encontramos que la respuesta no ha sido apropiada y que sobre la marcha autoridades van suministrando atención que en nada se adecuan a protocolos mínimos para este tipo de requerimientos en situaciones de pandemia para un alto flujo de personas.

Entre las situaciones más preocupantes:

  • La utilización de espacios que no están adecuados para la pernocta de personas.
  • Condiciones de hacinamiento e insalubridad.
  • Falta de baños y/o de colocación y mantenimiento de baños portátiles
  • Falta de lavamanos.
  • Falta de servicios fundamentales agua, electricidad.
  • Falta de bienes y enseres para la pernocta.
  • Alimentación escaza y sin una dieta nutricional apropiada
  • Falta de agua potable, pastillas potabilizadoras o filtros.
  • Falta de kits de Higiene personal. Kits para mujeres en periodo de menstruación
  • Falta de guantes, tapabocas y de insumos para la prevención del contagio
  • Falta de enseres mínimos y fundamentales: filtros, mosquiteros, ventiladores, colchonetas, sábanas, lámparas.
  • Falta de productos para la limpieza del lugar, jabón, desinfectante, cloro
  • Kits para infantes en lactancia no materna
  • Mal manejo de los residuos
  • Custodia militarizada. Falta de personal médico, de atención psicológica y emocional.

Solicitamos:

  • Las personas cuyos exámenes de detección del COVID-19 sea negativo deben ser sacadas de los alojamientos temporales, llevadas a sus casas, informadas adecuadamente de las formas de prevención y a sus familiares o cohabitantes en el hogar y realizarles un seguimiento in situ.
  • Permitir a la OACNUDH,  OMS, OCHA, ACNUR, UNICEF y de la cooperación internacional humanitaria con presencia en Venezuela entrar a los alojamientos temporales a constatar las condiciones.
  • Aplicar Protocolos y estándares en los refugios temporales de supervisados y acordados con organizaciones de cooperación de Naciones Unidas de carácter humanitaria y a la OACUNDH.
  • Que permitan la entrada de apoyo humanitario a los alojamientos temporales, tanto de las agencias de cooperación de ONU como de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos con capacidad para apoyar en labores humanitarias y en cualquier denuncia, seguimiento y acompañamiento para la garantía de los derechos humanos.
  • Información oficial y pública amplia, veraz de cada uno de los sitios de alojamiento, las personas, las condiciones, los protocolos que se están aplicando, el personal encargado, etc. que permita hacer monitoreo y contraloría en materia de derechos humanos
  • Desmilitarizar la custodia de los espacios, permitir la entrada de personal multidisciplinario en materia de salud física, psicólogos, y psicopedagogos para atención de niño/as y adolescentes.
  • Transferir a las personas que se encuentran en espacios sin las condiciones a hoteles, posadas, hostales que tengan condiciones idóneas para la pernocta, el aislamiento y la atención con los servicios óptimos para garantizar, su monitoreo, atención, recuperación y salida con garantías de dignidad.
  • Reportes de las agencias de cooperación humanitarias de naciones Unidas y de la OACNUDH sobre las condiciones de los alojamientos temporales y de las personas que allí se encuentran confinadas.
  • A las autoridades civiles y militares abstenerse de realizar tratos inhumanos, crueles y degradantes al sugerir, pública o privadamente, que los retornados son responsables de su situación de confinamiento y transmisión del virus dentro de Venezuela; o de obligarlos a realizar declaraciones, en contra de su voluntad, sobre supuestos o reales actos de xenofobia en otros países en su contra.   

Organizaciones participantes y contacto:

Provea. Coordinador General Rafael Uzcátegui.

Cadef. Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef). Director Carlos Guerra

Defensoras de DDHH, estado Táchira. Judith Pacheco, Raiza Ramírez y Raquel Sánchez

Laboratorio de Paz: Coordinadora Lexys Rendón