Gregorio Alfonso | Las recientes protestas en diversos países de Suramérica, especialmente en Ecuador y en Chile, han generado el debate público sobre: su legitimidad, manera de expresarse y la actuación de los gobiernos de esos países en la generación de las causas que las provocaron y su actuación una vez que estas empezaron a manifestarse. Al respecto, considero importante precisar:

Es público y notorio que la participación de la ciudadanía Ecuatoriana y Chilena en las protestas en esos países no se circunscribe a focos aislados, al contrario, ha sido masiva y en varias ciudades. Esto condujo en el caso de Ecuador a declarar Estado de Excepción y mudar la sede de gobierno de Quito a Guayaquil y en el caso de Chile a decretar toque de queda hasta ahora de manera indefinida. Tales manifestaciones no pueden ser vistas como expresión exclusiva de determinadas agrupaciones políticas, partidos o mercenarios enviados desde otras naciones para atentar contra la paz y generar crisis de gobernabilidad, probablemente puede haber algo de cada uno de ello, pero estos no son factores dominantes, importantes y menos aún se erigen como dirección política del descontento de Ecuatorianos y Chilenos.

En Ecuador, los movimientos indígenas lograron, al calor y la dinámica de las movilizaciones, constituirse como el liderazgo de la protesta, contribuyó en ello su organización y trayectoria de lucha. Los movimientos indígenas reeditaron su tradicional formato – repetido en otras oportunidades en el pasado, en tiempos del Ecuador inestable de finales del siglo XX y principios del XXI- de marchar hasta Quito y bloquear vías, sin embargo, es conveniente destacar que las protestas no fueron protagonizadas exclusivamente por ellos.

En el país meridional, hubo un intento fallido del expresidente Rafael Correa de secuestrar el descontento y colocarlo en favor de sus interés políticos tratando de elevar su visibilidad en medio del conflicto a través de la Redes Sociales, pero ello no prospero pues las protestas no las dinamizó el cambio de gobierno o la solicitud de elecciones adelantadas, lo que las motivó fue el rechazo a medidas de ajustes macroeconómicos que, de un lado, incrementaban notoriamente el precio de los combustibles y de otro, precarizaban y desprotegían al trabajo.

En Chile, al igual, que en Ecuador el detonante de las protestas también fueron medidas de ajustes, básicamente, el incremento de las tarifas del Metro, el cual se suma las tarifas del servicio eléctrico, además de la existencia de un malestar acumulado, por los elevados costes de del servicio de salud, educación e insatisfacción con los fondos de pensiones individuales. Todas estas razones de tipo social, le conceden legitimidad a la protesta Ecuatoriana y Chilena, lo que no significa en ningún caso apoyar sus expresiones violentas o el atentado contra bienes privados o públicos que en ellas ha ocurrido. De igual modo, hay que considerar a la hora de interpretar las protestas que estas se presentan en un momento de desaceleramiento del crecimiento económico en ambos países y que los presidentes de esas naciones se encuentran en su nivel más bajo de aceptación y popularidad.

  1. Las consecuencias sociales y políticas de la liberalización de las economías, especialmente, en materia de precios de bienes y servicios y en relación con la desregulación del trabajo, no son nada nuevas. En la década de los 80 y 90 dieron paso a importantes crisis de gobernabilidad en la región, tales fueron las crisis de Venezuela que favoreció el arribo al poder del Chavismo, en Argentina que dio paso al Kirchnerismo o en Ecuador que dio paso al caudillismo de Rafael Correa.
  2. Sobre estas consecuencias han advertido, tanto, organismos tradicionalmente críticos a las tesis liberales como es el caso de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con su tesis Transformación Productiva con Equidad, sino que también fue advertida por organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el cual a través de su expresidente Michel Camdessus quien empezó a hablar de “Ajustes con Rostro Humano” como un requisito indispensable para hacer viable los programas de ajuste. De modo, que existen sobradas experiencias de que los ajustes macroeconómicos para lograr equilibrios, especialmente, de tipo fiscal son necesarios cuando en los países empiezan a ser recurrentes situaciones de déficit, pero no pueden ser orientados exclusivamente bajo lógicas económicas y financieras, sino y esto es crucial, deben considerarse también desde perspectivas sociales, en términos del impacto en la calidad de vida de la población y desde perspectivas políticas, valorando sus repercusiones en materia de gobernanza. Desconocer esto último, más que mostrar una preferencia por algún modelo económico denotaría ignorancia sobre la legitimidad que deben gozar los gobiernos para preservar la democracia.
  3. Todos los ajustes, los aprobados en Ecuador y en Chile demandaban más diálogo social, valoraciones con las organizaciones políticas en los parlamentos, las organizaciones sociales, principalmente, las más estrechamente vinculadas a la naturaleza de las decisiones, En fin, como lo afirma Nuria Cunill Grau[1] hacer público lo público o la publificación de lo público, pues todas las medidas que han originado esta situación son medidas de políticas públicas. Ese diálogo social, lo logró el presidente Moreno y lo procura el presidente Piñera, ambos luego de importantes y en algunos casos irreparables pérdidas materiales y humanas en sus países. Pese a que siempre es motivo de celebrar que el diálogo social ocurra, en rigor si se reivindica la democracia, debió suceder antes de tomar las medidas que desataron las protestas. Las decisiones de alto impacto deben de ser discutidas de la manera más amplia posible con los sectores involucrados, no pueden ser el monopolio de corporaciones políticas, empresariales o financieras, ese debate previo le otorga legitimidad y viabilidad a las decisiones de gobierno.
  4. La estigmatización es mala consejera y es una práctica habitual del poder para minimizar y deslegitimar a quienes se le oponen, es una acción antidemocrática y reduccionista, a la cual suelen recurrir los gobiernos para construir una narrativa que valide la represión y desvirtué la protesta. De esa práctica estigmatizadora resultan los calificativos: vándalos, delincuentes, guarimberos, usados por los gobiernos, sin aspavientos, para tildar manifestaciones multitudinarias y pacificas protagonizadas por ciudadanos que reclaman derechos y justificar la represión contra ellas. Condenar y debatir esta estigmatización es una tarea de todos los que creemos en la democracia pues sobran evidencias de que cuando estas se hacen dominantes en la lectura de conflictos de orden sociopolítico, son el soporte de la represión oficial y paraoficial.
  5. Reducir los calificativos que pretenden convertir las protestas en delitos requiere de instituciones, discurso alternativo, medios potentes para difundirlo, apego a la verdad y lógicamente, valentía para cuestionar y enfrentar las prácticas que dentro de las manifestaciones imponen la violencia, como ocurrió en dimensiones muy importantes en Ecuador y Chile con el saqueo a comercios y la destrucción de bienes públicos y privados. Los presidentes Moreno y Piñera con base en el discurso estigmatizador legitimaron el decreto de Estado de Excepción y el toque de queda respectivamente, aunque la convocatoria a diálogo del primero de ellos y la más reciente alocución y las medidas tomadas por el segundo, se muestran como una rectificación y avance en la dirección de reconocer a los actores de la protesta como ciudadanos que reclaman derechos y en consecuencia, deben ser atendidos. Esto último, ha sido un reclamo permanente Venezuela durante los casi 20 años de este siglo, sin embargo el poder desde Chávez hasta Maduro no reconoce a la ciudadanía que ha pedido rectificación y  cambio, la estigmatiza, primero la llamo escuálidos y desde 2014 guarimberos, desde ese discurso ha desarrollado jornadas de represión, siendo sus protagonistas más violentos: las Fuerzas Armadas y los colectivos paramilitares. El resultado de esta práctica ha sido la perdida de la democracia, centenares de asesinatos y miles de detenidos. De modo que no hay discurso ni liderazgo que se defina como democrático que pueda validar la represión, ella no es ninguna virtud, al contrario es un síntoma de democracias poco saludables o dictaduras abiertas. Apostamos, porque en ambos países (Chile y Ecuador) los procesos de diálogo que en ellos se impulsan, logren consolidarse y dar resultados favorables.

Mención aparte merecen las masivas protestas que ocurren en estos días en Bolivia, en esta ocasión, a diferencia de Chile y Ecuador, las razones son predominantemente políticas. Se trata de los ciudadanos Bolivianos reclamando respeto a la voluntad popular expresada en los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 20 de octubre, que obligan la realización de una segunda vuelta electoral en la que las proyecciones no le serían muy favorable al poder. Estos resultados con casi 90% de las actas escrutadas y luego de paralizar el conteo por horas cambiaron sustancialmente dando ganador, en primera vuelta, al actual candidato-presidente Evo Morales. La comunidad internacional se ha pronunciado exigiendo transparencia en los escrutinios y la realización de un balotaje.

Existen razones legitimas para la protesta en los países que hemos señalados, esta debe ser pacífica y escuchada por quienes ejercen funciones de gobierno, lejos debe quedar la práctica de reprimirla y utilizar a las fuerzas armadas para tal fin. Ninguna de ellas resume en sí mismo situaciones de guerra, lo que si identifican: es malestar social y hastío por determinadas prácticas políticas.

En Venezuela, con Chávez y Maduro, hemos vivido el horror y la vergüenza de la actuación de la fuerza armada reprimiendo protestas legítimas, su desproporción ha elevado la violencia, llenando de a luto la familia venezolana y privando a miles de venezolanos de su libertad plena. A los venezolanos no sobran razones y autoridad moral para gritar bien fuerte en cualquier parte del mundo: Protestar no es delito y reprimir no es una virtud.

[1] Cunil Grau, Nuria (1997) Repensando lo público a través de la sociedad, Nuevas formas de gestión pública y representación social, Caracas, Nueva Sociedad, 1997

Profesor universitario y Secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela | @gregorio_afonso