Marino Alvarado/ El 30 de julio de 2017 la dictadura convocó a elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Dos meses antes, el 01 de mayo Nicolás Maduro anunció la se convocaría a elecciones para ese fin. En tan poco tiempo se organizó el fraude. No había condiciones para una elección creíble e inclusiva con la participación de la diversidad del espectro político del país.

Una convocatoria contraria a la Constitución. La ANC no fue consultada ni convocada por el pueblo venezolano como depositario del poder constituyente originario. El Artículo 347 de la Constitución establece que “el pueblo es el depositario del poder constituyente originario” por tanto, “[e]n ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente.’ Sin embargo, Nicolás Maduro convocó, sin consultar previamente al pueblo venezolano si quería o no cambiar la actual Constitución por una “nueva”

Pero el interés de la dictadura era otro. No era ni la participación del pueblo, ni elaborar una nueva Constitución. A tres años los 545 integrantes todos pro dictadura no han elaborado un proyecto de nueva Constitución. La ANC solo ha servido como un instrumento para afianzar el control social y promover la represión. Además, asumió competencia legislativa que no le corresponden.

Así de manera ilegal ha dictado varias leyes en el área económica y la Ley Contra el odio y por La Convivencia Pacífica, además nombró al presidente del Banco Central de Venezuela, al Fiscal General y al Defensor del Pueblo todos designados de espaldas al mandato constitucional.

Destituyó gobernadores, les robó la voluntad popular a los electores del Zulia imponiendo a dedo un gobernador, despojó de la inmunidad parlamentaria a diputados y diputadas.  Julio Borges, Juan Requesens, Édgar Zambrano  Richard Blanco, Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo De Grazzia Juan Andrés Mejía, Freddy Superlano y Sergio Vergara son algunos de los parlamentarios que han sufrido persecución.

La Constituyente solo ha sido un instrumento político de la dictadura para terminar de socavar el estado de derecho y las instituciones en el país. Un gran mal para una Venezuela que ya venía mal en cuanto a su institucionalidad. El país perdió.

En mayo de 2019 la ANC se extendió su mandato hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir, le quedan cinco meses. Posiblemente, vuelvan a extender el mandato, para mantener con el presupuesto de todos y todas las venezolanas a más de 500 personas quienes cobran sin trabajar. No han justificado un solo bolívar de los honorarios que deben percibir.

La ANC para el bien del país debe llegar a su fin en diciembre. Mantenerla solo es un factor de perturbación y en nada contribuye a cualquier avance para una salida pacífica y constitucional a la crisis del país.

Nada bueno se puede esperar de una institución que ha sido utilizada para perseguir a la disidencia, para avalar actos contrarios a derechos humanos de Maduro y su cúpula, para fortalecer la opacidad en la gestión pública y contribuir al desarrollo de medidas económicas que generan miseria y sufrimiento.

Pasará a la historia como la única Asamblea Nacional Constituyente que, en tres años, fue incapaz de elaborar una propuesta de Constitución y someterla a la aprobación del pueblo.

  • Abogado, Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea.