Luis Crespo | Han pasado tres meses desde que Nicolás Maduro decretó estado de alarma (Gaceta Oficial Extraordinario 6519) cuyo objetivo era enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19 en el país. Mucho ha dicho el régimen durante estos días sobre sus planes o estrategias para afrontar la llegada y propagación del virus a Venezuela con sus consecuencias. A la fecha van más de 3.150 casos de contagios y 27 fallecidos cifras oficiales, en medio de una gran incertidumbre por la situación de crisis que vive el país por las debilidades del sistema hospitalario nacional, el colapso de los servicios públicos y la crítica situación económica. 

El Covid-19 llegó a Venezuela que atraviesa por una emergencia humanitaria compleja, definida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como “una crisis humanitaria en un país, región o sociedad en donde hay una total o considerable ruptura de la autoridad, como resultado de un conflicto interno o externo, y que requiere una respuesta internacional que va más allá del mandato o capacidad de un solo organismo y/o el programa de país de las Naciones Unidas en curso”.

En estos momentos se requieren Estados o gobiernos fuertes, coherentes para definir y asumir acciones que creen las condiciones para responder en las áreas de la salud, servicios públicos, seguridad social y económica. Esto exige de instituciones, recursos públicos, políticas públicas que deben diseñarse teniendo en consideración las capacidades productivas de cada país y sus diversos actores.

Para nadie es un secreto el deterioro del sistema de salud venezolano, caracterizado por la carencia de insumos, equipos y el éxodo del personal a otras latitudes por los míseros salarios que se reciben en el sector; el Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) expresó lo siguiente: “El deterioro de la infraestructura y la insuficiencia de los insumos ha sido de tal magnitud que hoy día los servicios que se pueden prestar son escasos, carentes de garantías y de dudosa calidad”. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su comunicado del 12 de mayo advirtió que el número de pruebas era insuficientes para estimar adecuadamente la magnitud del Covid-19 en el país, y los subregistros significativos hasta el mes de abril eran alarmantes, cuestionando así las cifras oficiales, también realizó una serie de recomendaciones donde destaca el necesario aumento de la cobertura diagnóstica por medio del incremento de las pruebas PCR-RT, para reducir la incertidumbre y poder proyectar escenarios con estrategias acertadas para enfrentar la pandemia.

Al mismo tiempo, los gremios del sector salud han expresado su preocupación, ya que en más del 50% de los “hospitales centinelas”, seleccionados por el régimen para la atención del Covid-19 no cuentan con los insumos básicos suficientes (agua, jabón, mascarillas y guantes) y exigen la dotación adecuada, oportuna, continua de calidad.

En materia socioeconómica, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) recomienda el reforzamiento de los sistemas de seguridad o protección social que permitan apoyar a las poblaciones vulnerables. Instó a los países a crear o ampliar programas de transferencias directas de efectivo a los más vulnerables, protección por desempleo, créditos sin intereses a las empresas para el pago de salarios y las suspensiones de pagos de préstamos, como también el apoyo inmediato a los trabajadores por cuenta propia y del sector informal. Estas medidas dependerán de las capacidades fiscales de los países, o sus posibilidades de acceso a fuentes de financiamiento por medio de organismos internacionales (BM, FMI, BID, CAF).

Venezuela atraviesa una gran crisis económica y social histórica caracterizada por:

  • La caída de su producción interna en los últimos 6 años ha traído como consecuencia una profunda depresión económica,
  • año tras año se destruyen las capacidades productivas del país,
  • las reservas internacionales están en mínimos históricos: 6.440 millones de dólares aproximadamente,
  • arribamos al tercer año de hiperinflación (fenómeno altamente destructivo) y agudo déficit fiscal,
  • el Estado está insolvente en sus compromisos de pago de deudas a nivel internacional
  • aislamiento de los sistemas financieros internacionales y organismos multilaterales,
  • histórica caída de la producción en su principal sector (el petrolero) a menos de 600.000 barriles diarios como resultado de la destrucción de la industria y con precios que no permiten cubrir los costos de producción,
  • los trabajadores del sector público, pensionados y jubilados (más de seis millones de personas, aproximadamente) reciben salarios, jubilaciones o pensiones en bolívares, una moneda destruida cuyo monto no permite adquirir ni siquiera el 2% de la cesta alimentaria

Cuando llegó la pandemia a Venezuela, se encuentra con una población subalimentada; para finales del 2019,  el 32.3% necesitaban asistencia alimentaria (cifras FAO) lo cual tiende a agudizarse.

Este escenario de crisis que se cultivó en Venezuela durante los últimos 6 años, situó al país en una condición de alta vulnerabilidad frente al covid-19, en el marco de la estrategia comunicacional del gobierno se ha dicho mucho, pero pocas son las acciones concretas para la creación de programas que protejan a la población en este escenario; el régimen solo continúa distribuyendo las cajas CLAP con todo el trasfondo de control social conocido por todos, pero no define un plan de alimentación integral que permita atender a un gran porcentaje de familias que hoy se encuentran en condición de pobreza.

Aunado a la entrega de alimentos “cajas CLAP” el régimen ha otorgado a la fecha 12 bonos vía carnet de la patria (con sus distintos nombres asociados a la propaganda política del régimen) distribuidos de la siguiente forma:

  • Marzo: dos
  • Abril: tres
  • Mayo: cuatro
  • Junio: tres (hasta la fecha)

Estos bonos son de 3 o 4 dólares, dependiendo del valor del bolívar con respecto al dólar para el momento en que es depositado, son montos insuficientes que no cubren las necesidades básicas de las familias siendo eminente incrementarlos y asignarlos sin discriminación política, otros países crearon programas para transferir recursos monetarios a su población vulnerable:

  • Bolivia creó un Bono Familia (único) de 70 dólares al valor del cambio de su moneda para familias de escasos recursos y con hijos que asistan a nivel escolar primario,
  • Argentina una asignación por hogares de 154 dólares (evalúa una segunda asignación),
  • Brasil también otorgará una asignación dineraria para trabajadores informales o por cuenta propia de 117 dólares.

La CEPAL propone un aporte de ingreso básico de emergencia en los próximos seis meses por la pandemia para las familias en América Latina de 143 dólares. Este ingreso básico de emergencia equivaldría al costo de la canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas, estaría destinado a la población en situación de pobreza, en nuestro caso el 90% de los hogares venezolanos.

A tres meses de la cuarentena por la pandemia las familias venezolanas apenas pueden alimentarse, se requieren planes que faciliten la adquisición de productos de aseo personal, mascarillas, medicamentos y alimentos balanceados, dados sus mermados ingresos sin poder de compra, sin embargo, son inexistentes en el país.

Poco o nada se ha definido para proteger a los sectores productivos en Venezuela, por el contrario, la carga fiscal se mantiene sin alivios fiscales y no se han tomado medidas  orientadas a ellos y garantizar su continuidad en función de minimizar los impactos de la paralización en sus actividades productivas por el Covid-19. El colapso de los servicios público y la escasez de gasolina agravó la situación de los sectores productivos que aun apuestan  por el país. A la fecha se desconocen planes hacia esos sectores y aunque a muchos se les ofreció hasta el pago de sus nominas dicha oferta todavía no se concreta.  

La situación de los servicios públicos es otro agravante, los apagones contantes continúan en el país, estados como Zulia, Táchira, Lara, y Bolívar viven un drama, al que se sumó la escasez de gasolina que apenas se está superando en Caracas, pero se mantiene en el resto del país con un criterio de distribución y comercialización altamente discriminatorio, la falta de gas doméstico y la escasez de agua es dramática.

A tres meses de la llegada del Covid-19, el régimen dice mucho y realmente hace poco.  Se inicia una nueva etapa de la flexibilización de la cuarentena social en un momento de mucha incertidumbre con un notable incremento de los casos de contagios, sobre lo cual, el Dr. Julio Castro, experto infectólogo expresó que hoy es 10 veces más probable el contagio que hace 7 semanas y protegernos en este momento es fundamental, al mismo tiempo plantea que el país no cuenta con una estrategia organizada para enfrentar el COVID-19.

En la Venezuela de hoy están pendientes planes para atender familias vulnerables por su condición de pobreza con hijos en edad escolar y adultos mayores, trabajadores por cuenta propia, desempleados, personas con discapacidad; también microempresarios y trabajadores agrícolas que han perdido sus cosechas. Urge una política precisa y concertada con todos los sectores del país para enfrentar el covid-19 y la post-pandemia, que presenta una serie de retos para los cuales no estamos preparados, de manera que no siga privando la improvisación y eventos mediáticos sin resultados reales.

 

Economista, Msc. Moneda e Inst. Financieras, Prof. Economía UCV. @camberin