Calixto Ávila |​ Cada día que pasa en Venezuela es un día menos para concretar acuerdos humanitarios urgentes que permitan salvar al país de un escenario de mayor hambruna anunciado para los próximos meses por el Programa Mundial de Alimentos. Pero ¿a quiénes corresponde la responsabilidad de evitar esa catástrofe humanitaria?

En primer lugar existe una responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, pues ejerce de facto la potestad del Estado al controlar el territorio nacional. De esta potestad se derivan responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, de derecho humanitario y de derecho penal internacional. Y esa responsabilidad corresponde a todas las instituciones del Estado y a todos sus agentes en todos sus niveles. Se debe señalar especialmente la responsabilidad de las instituciones del Estado encargadas de garantizar los derechos humanos, en particular la Defensoría del Pueblo, a cargo de quien en el pasado fuera un experimentado defensor de derechos humanos. Si el defensor del pueblo, en sus atribuciones constitucionales, no se siente responsable de promover acuerdos humanitarios ¿a quién corresponde entonces esa responsabilidad? El defensor del pueblo debería jugar un rol clave en estos momentos pues la Constitución le da responsabilidades e inmunidades, si deseara servirse de esta últimas. Desafortunadamente, su inacción compromete, desde hace rato, el límite de transgresión de las responsabilidades internacionales.

También existe una responsabilidad de los actores que detentan formas de poder político y social en el país. En particular, hay una responsabilidad de la oposición política y sus líderes, quienes han acumulado un apoyo internacional sin precedentes como lo muestra el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino por gran parte la comunidad internacional a la que interesa la suerte de Venezuela. El esfuerzo adelantado por la oposición política para abrir una respuesta humanitaria no puede ser parte de una agenda política enmarcada en la confrontación por el poder, sino que debe obedecer a los principios fundamentales de humanidad que permitan salvar las vidas de miles de venezolanos y venezolanas. Esa dirigencia política tiene la responsabilidad de abrir los espacios para acuerdos humanitarios urgentes aprovechando el reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional. Debe además ser consciente de la adversa realidad creada por la pandemia para la cooperación internacional, con la inevitable reducción de recursos económicos, y que ha puesto a los Estados donantes a atender las urgencias nacionales y a preparar su propia recuperación económica y social.

El esfuerzo adelantado por la oposición política para abrir una respuesta humanitaria no puede ser parte de una agenda política enmarcada en la confrontación por el poder, sino que debe obedecer a los principios fundamentales de humanidad que permitan salvar las vidas de miles de venezolanos y venezolanas

Finalmente, existe una responsabilidad de la comunidad internacional representada en los Estados y sus organizaciones intergubernamentales. Por una parte, los Estados tienen la responsabilidad de ajustar sus relaciones con Venezuela al marco del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario. En especial, es necesario insistir en el llamado de la Sra. Bachelet, para que se levanten o mitiguen las sanciones internacionales sectoriales, en particular las impuestas por los Estados Unidos de América. La Unión Europea tiene la responsabilidad de persistir en el rol asumido para propiciar los diálogos dentro de Venezuela y entre los Estados con intereses en Venezuela o a los que le interesa el futuro del país. El mismo Grupo de Lima también tiene la responsabilidad de aportar en la construcción de un acuerdo humanitario en Venezuela. Tampoco escapan a esa responsabilidad los Estados que apoyan al gobierno de facto, algunos con presencia en territorio venezolano.

Dicho todo lo anterior, si hay un actor con la capacidad y la responsabilidad de facilitar un acuerdo humanitario, ese actor son las Naciones Unidas. Algún cambio se debe esperar en el rol del Secretario General de las Naciones Unidas, quien debe asumir un papel protagónico y en urgencia adelantando buenos oficios para que se llegue a un acuerdo humanitario. Pero las condiciones y las posibilidades de éxito al implementar acuerdos humanitarios pasan especialmente por las agencias de la ONU presentes en el terreno. Se trata de responsabilidades mucho más concretas, pues no solo tienen que ver con los acuerdos políticos que se pueda lograr sino con su operatividad e impacto. El sistema de agencias de la ONU presente en Venezuela ya ha sido “llamado a capítulo” por las organizaciones de la sociedad civil en el pasado, llegando inclusive a ser señalado en 2016 como responsable, por su silencio, de haber contribuido al agravamiento de la emergencia humanitaria compleja que hoy vive Venezuela. Ese sistema de la ONU en Caracas tiene la responsabilidad de tomar seriamente a las organizaciones de la sociedad civil, sin las cuales, seamos claros, no podría ejercer un rol independiente dentro del país. El camino no es borrar informaciones importantes sobre migrantes en una página web institucional pues ya es suficiente con que el gobierno de facto oculte las informaciones, o tomar a rajatabla irreales cifras sobre acceso al agua para el 96% de los venezolanos, o permitir que el país sea excluido del plan de emergencia de UN-Habitat para atender la pandemia. El camino tampoco es reproducir textualmente la dudosa data oficial del gobierno de facto en los informes sobre la pandemia y guardar silencio cuando una organización de la sociedad civil, como la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, es atacada por suministrar data científica, que más bien debería aparecer en los informes de ese sistema de la ONU. Es evidente que el debate científico en Venezuela es esencial para hacer frente a la pandemia y no es un lujo reservado a los países democráticos.

Ahora más que nunca, es tiempo de asumir responsabilidades para evitar un escalamiento de grandes dimensiones en esta emergencia humanitaria compleja. Es imperativo y urgente abrir los espacios a acuerdos humanitarios que sean operativos en el marco de principios humanitarios y del derecho internacional con el fin de proteger al pueblo venezolano y para evitar que su sufrimiento sea aún mayor, aún más inhumano, aún más invivible.

Calixto Ávila, consultor de derechos humanos y representante de Provea en Europa.