José Gregorio Alfonso/ Las limitaciones presupuestarias que la dictadura de Nicolás Maduro le impone a las Universidades Autónomas imposibilitan su funcionamiento, comprometen su calidad y auspician su cierre si esta situación no cambia en forma sustancial.

Estas restricciones presupuestarias que el régimen le impone a las universidades públicas, en especial, a las autónomas no tienen precedentes y su alcance implica todos los órdenes de la vida universitaria. Estas las hemos denominado “cerco presupuestario”.

La afectación sobre las universidades atenta contra el derecho al estudio – no existen cifras oficiales creíbles al respecto –de 1.500.000 jóvenes y el derecho al trabajo de más de unos 200.000 trabajadores. Además, lo más importante, deja al país desprovisto de ciencia y tecnología pues en ellas, por décadas, se produce más del 90% que de la investigación que se genera en Venezuela.

El régimen desapareció la figura del presupuesto universitario

Es cierto que el tema de los presupuestos escasos para las universidades no son nuevas, se inician con la política de presupuestos reconducidos en la década de los 80, continúan con los presupuestos deficitarios y la figura de créditos adicionales del fallecido presidente Chávez, pero ambas son menos agresivas que el secuestro del presupuesto universitario, que realiza en la actualidad la dictadura de Nicolás Maduro, con este último desapareció el presupuesto universitario y,  conforme a su naturaleza autoritaria, se producen transferencias unilaterales decididas en forma arbitraria a las instituciones universitarias de los montos que el Ministerio de Educación universitaria decida en el momento que les resulte más conveniente. El Ministro del área no convoca el Consejo Nacional de Universidades para discutir temas presupuestarios ni se atiende a los Rectores que forman parte de la Asociación Venezolana de Rectores

Estas transferencias se orientan, en más de un 90%, para gastos de personal. Su manejo arbitrario es de tal naturaleza que en abril del año 2019 fueron negadas a las universidades autónomas hasta tanto estas no reconocieran a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela, además, han logrado que los pagos de sueldos y salarios y otros beneficios a los trabajadores universitarios en vez de ser un asunto recurrente, se convierta en noticia.

Para que se realicen estas transferencias, las universidades, mensualmente, deben enviar al Ministerio de Educación Universitaria una solicitud de recursos para cubrir los gastos del mes respectivo. Se trata, de un formato estructurado que impone lo que se puede solicitar y lo que no. Bajo este procedimiento no hay planificación posible, los proyectos desaparecen.

La ausencia de recursos para gastos de funcionamientos y las labores académicas ha llevado al Núcleo de Vicerrectores Administrativos de las Universidades agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) a afirmar en comunicado público del mes de julio de este año: “El 2019 ha sido el año económica y logísticamente más difícil en toda nuestra historia” y más adelante son más precisos señalando: “Alertamos al país sobre el daño tan grande que se le está haciendo a la universidad venezolana, que amenaza incluso con sacarnos de los estándares mundiales de calidad”[1], lo cual de hecho viene sucediendo, porque pese aún contar con algunas universidades en diferentes Ranking que miden la calidad de las universidades, el descenso en sus posiciones continuará.

¿Cómo se expresa esta ausencia de presupuesto en la cotidianidad de las universidades?

Por razones de espacio, las resumiré en dos asuntos, el primero, es el deterioro casi total de la infraestructura y las actividades docentes y el segundo, la reducción abrupta de  proyectos y programas académicos y el tercero, el aislamiento. El resumen de toda esta precariedad es: La Universidad Venezolana esta ruinas.

En cuanto a la infraestructura y las actividades docentes es un factor constante en todas las universidades del país, el deterioro de su planta física por falta de mantenimiento, incluso en universidades como la Central de Venezuela declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Resulta frecuente auditorios y aulas sin aire acondicionado, luminarias, fallas de conectividad y equipamiento para desarrollar la educación a distancia, porque no hay presupuesto para invertir en su mantenimiento y como consecuencia de hurtos recurrentes; Facultades y Escuelas que no cuentan con personal de limpieza; instalaciones de pre y post grado sin sanitarios suficientes en funcionamiento o ausencia total de ellos, motivado a los problemas presupuestarios que derivan de su funcionamiento; oficinas y dependencias sin material de oficina mínimo para funcionar ni equipos para realizar sus tareas. En fin, un estado caótico en el que todo funciona a menos de un tercio de su capacidad y esto, porque es la comunidad universitaria quien aporta materiales y trabajo para “subsanar” en algo esta calamidad. Toda esta penosa,  ruinosa y extendida precariedad de nuestros campus violenta derechos de todo tipo y al obligar a que las comunidades, sean quienes asuman sus costos conduce a una privatización velada de la educación superior. Tal vez con la desaparición de facto del presupuesto universitario, el régimen de Maduro tan prolijo en criticar las tesis Neoliberales impone a las Instituciones de Educación Superior una de las tesis centrales de esa corriente del pensamiento económico: El Estado Mínimo.

Al igual que con la infraestructura, la actividad docente se ve duramente afectada, por la inexistencia de facto de presupuesto. Los profesores no son dotados de materiales para la docencia, ellos deben financiar sus marcadores, borradores, colocar su equipos personales de computación cuando los requieren y es cada mes más limitada la existencia de equipos para realizar presentaciones, esto para el caso de la docencia teórica, resulta más complicado aún para la de tipo práctico, las estaciones experimentales están inoperativas, no hay vehículos ni viáticos para las salidas de campo, los laboratorios no cuentan con equipos suficientes y materiales para realizar sus prácticas estas, en la mayoría de los casos, los financian profesores y estudiantes; lo mismo ocurre con la docencia asistencial, son los docentes con sus estudiantes quienes financian los insumos para realizar sus prácticas tanto en sus respectivas Facultades como en hospitales. En síntesis, la docencia no recibe recursos y su deterioro es, obviamente, indetenible. La formación de profesionales de calidad no es un gasto: es una inversión en presente y futuro para las naciones. Además es el vehículo que permite a las personas tener acceso a una vida digna, en la que los derechos humanos se concretan.

En relación con la reducción abrupta de  proyectos y programas académicos,  desapareció el financiamiento de proyectos de investigación en las universidades a través de sus Consejos de Desarrollo Científicos y Humanísticos o su equivalente en cada universidad, en instituciones, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela desde el año 2013 no hay financiamiento para estas iniciativas. Igual suerte, corren los programas de financiamiento de asistencia a eventos científicos nacionales e internacionales, pasantías y becas de estudio de postgrado fuera del país, los cuales elevan la calidad del profesorado y favorecen la creación de conocimientos vía investigación.

Estos programas, con distintas denominaciones y algunas especificidades, existían en todas las universidades y  daban la posibilidad de formación e intercambio a más de un 700 de profesores anualmente, actualmente la negación de recursos vía presupuesto universitario los han paralizado, lo que contradice abiertamente las tendencias actuales de gestión de universidades en los cuales la integración y la movilidad son principios rectores.

Podría ser interminable, pese a lo resumida que queramos hacerla, la identificación de la afectación de la desaparición del presupuesto universitario, lo que si estamos seguro que urge un cambio en el país para recuperar a las universidades, pues el régimen conduce a su cierre y mutación a universidades en las cuales, con dudosa calidad, de las tres funciones universitarias docencia, extensión e investigación tan sólo se cumpliría con una de ellas.

[1] NÚCLEO DE VICERRECTORES ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES (02 de julio de 2019) COMISIÓN DE PRESUPUESTO. Disponible en: http://notiadmin.ucv.ve/?p=11508

José Gregorio Alfonso es profesor de la Universidad Central de Venezuela y directivo de la Asociación de Profesores de dicha Universidad