Jennifer García | En la Venezuela actual es necesario debatir a profundidad sobre las políticas sociales y el control social, ambos tienen implicaciones prácticas en la vida de las personas y la sociedad en general, por lo cual conviene esclarecer sus finalidades y lógicas.

La política social constituye un tema de gran complejidad por sus implicaciones prácticas y teóricas, quienes han asumido la tarea de estudiar su concepto siempre se encuentran con una gran cantidad de concepciones, enfoques y tendencias, el Dr. Carlos Aponte (CENDES-UCV) hizo una exhaustiva revisión sobre este término, y aportó una definición que permite delimitarlo para facilitar su comprensión: “La política social es el conjunto de acciones públicas prioritarias o directamente destinadas a mejorar las condiciones sociales de vida de la población o de grupos significativos de la misma” (2015, p. 10).

Además señala que “desde una perspectiva transversal (e inter-sectorial) tiene especial relevancia la política de protección social destinada a grupos específicos en razón de su vulnerabilidad o discriminación por razones de necesidades básicas insatisfechas (pobreza e indigencia); género (mujeres); culturales (indígenas); etarias y de ciclo de vida (infancia, juventud, y adultos mayores); o de discapacidad, entre otras” (p.17).

Diversos autores, independientemente de sus posturas teóricas, coinciden en que la política social pretende impulsar el bienestar social y la mejora de las condiciones de vida de determinadas poblaciones o grupos de personas.

A pesar de la multiplicidad de experiencias, enfoques, conceptos y tendencias, el control social no forma parte de las definiciones de política social, porque está fuera de su racionalidad; debido a que el control social se fundamenta en la implementación de una serie de mecanismos con el objetivo de dominar a la sociedad, así como a las familias e individuos que la componen.

La aparición de los programas Comités locales de abastecimiento y producción (CLAP) a través del cual se distribuye una caja o bolsa contentiva de una serie de alimentos (arroz, granos, enlatados, azúcar, pasta y aceite) conocida como Caja CLAP, los Bonos de la patria y el Carnet de la patria han abierto un debate sobre el control social en Venezuela por las múltiples denuncias que hacen los siguientes señalamientos sobre la asignación de estos beneficios:

  • La entrega de la caja CLAP está condicionada a un comportamiento político favorable al gobierno o que no le resulte incómodo al mismo;
  • los integrantes del Comité local de abastecimiento y producción están obligados a hacer la vigilancia del comportamiento político de los vecinos y reportar si consideran que es inadecuado;
  • realiza un registro minucioso con información personal, que en algunos casos incluye la inspección al hogar por parte del consejo comunal o miembros de dichos comités;
  • incluye recibir convocatorias a eventos políticos del partido de gobierno y en algunos casos asistir con carácter de obligatoriedad;
  • en algunas localidades han migrado a los beneficiarios de las Cajas CLAP a nuevos centros de votación, por lo cual se sospecha que su derecho al voto estaría sometido a supervisión;
  • los alimentos no aportan nutrientes de calidad y balanceados.
  • las asignaciones no se realizan con base en estudios socioeconómicos que permitan conocer la situación en la que se encuentran los beneficiarios y sus necesidades;
  • los bonos, por lo general, no exceden a 5 dólares, esto implica que tienen una baja capacidad de compra
  • las transferencias de los bonos de la patria son al azar, prueba de ello es la expresión “me cayó el bono” o “no me cayó el bono”;
  • los bonos de la patria responden a coyunturas políticas, períodos vacacionales o feriados (Carnavales felices, niño Jesús, guerra económica) no a criterios de orden socioeconómicos.

Las prestaciones dinerarias, asignaciones de alimentos o cualquier otra acción emprendida en el campo de lo social que subsane necesidades básicas, no pueden ser consideradas per se políticas sociales, para determinarlo si realmente lo son debemos responder, al menos, las siguientes preguntas:

  • ¿Contribuyen con el bienestar y mejoran las condiciones de vida de la población?
  • ¿Crean capital humano, entendido como los conocimientos, habilidades y la salud que las personas acumulan a lo largo de su vida y que les permiten desarrollar sus potencialidades como miembros productivos de la sociedad?
  • ¿Contribuye con el fin a la pobreza?
  • ¿Contribuyen con la integración de los individuos a la sociedad?

Si estas medidas (entrega de cajas CLAP y bonos de la patria) no detuvieron el deterioro sostenido de las condiciones de vida de la población, las cifras de ENCOVI y el informe presentado por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet así lo reflejan, sus resultados fueron inefectivos o estuvieron fuera del campo de lo social.

Es importante dejar claro que el control social no está orientado al bienestar social, su fin último es el dominio político de la sociedad. El país necesita con urgencia una política social que detenga la creciente pobreza y garantice la instrumentación de los derechos sociales de la población; las transferencias directas son una opción, pero éstas deben organizarse de manera que permitan a los beneficiarios invertir en bienes y servicios que aseguren su bienestar social por un lapso determinado. Asimismo es importante resaltar que, junto con la aplicación de una política social correcta y viable, deben hacerse correctivos en todas las políticas públicas (salud, educación, empleo, seguridad) pero en especial en materia económica para corregir males como la hiperinflación, migraciones forzosas, deserción escolar, deterioro y colapso de los servicios públicos, entre otros.

Trabajadora Social, profesora y Directora de la Escuela de Trabajo Social de la UCV | @jenniferegm