Rafael Venegas | La terrible pandemia mundial del coronavirus COVID-19, como temíamos todos, finalmente nos alcanzó, al menos de manera oficial, desde hace dos semanas. Su gran capacidad de propagación, su alto poder letal sobre las poblaciones más vulnerables y el hecho de que, hasta ahora, no se conoce un antídoto eficaz para contrarrestarlo, han permitido la súbita expansión de sus trágicos efectos sobre la población mundial, aún en los países más avanzados en materia científica y tecnológica, con sistemas de salud robustos y estándares de vida elevados. En nuestro caso, el temor es aún mayor dadas las gigantescas fragilidades que presenta nuestra sociedad en todos los ordenes. La preocupación por el devenir inmediato del País es del tamaño de la incertidumbre reinante. Nada debe llevarnos a sentirnos a salvo por lo que parece ser, a la luz de la información oficial, una evolución lenta y controlada de su desarrollo. Es demasiado temprano para ser optimistas o para sacar conclusiones.

De cara al poder devastador de la pandemia, Venezuela es uno de los países más vulnerables del mundo. Con una economía con los niveles de inflación y recesión más altos del planeta, agravados por la caída sostenida de la producción petrolera y el desplome brusco de los precios del crudo, por la destrucción de nuestro signo monetario, la pulverización de los salarios y la seguridad social de los trabajadores, y por el colapso general de los servicios públicos, hoy el hambre, la miseria y el empobrecimiento alcanzan, en distintos grados, al 90% de los hogares venezolanos. Y ya sabemos que la pobreza es caldo de cultivo de todas las enfermedades, especialmente de las endémicas y epidémicas, algunas de las cuales, como la malaria, han resurgido con fuerza, cuando creíamos que era solo un triste recuerdo del país rural que fuimos.

Particular consideración merece la reseña del estado calamitoso de todos los servicios públicos. Regiones enteras del País, como el Zulia y los estados andinos, por citar solo dos ejemplos, sufren a diario prolongados apagones; más del 80% de los hogares no cuentan con servicio regular de agua potable; el transporte público y privado es deficiente, insuficiente y caro; el gas doméstico es cada vez más escaso y sus precios cada vez más altos; la telefonía fija y móvil, el internet y otros son desastrosos e irregulares. El sistema de salud es, probablemente, la mayor requisitoria a la desidia, la corrupción y la insensibilidad de la casta cívico-militar que usurpa el Poder. Hospitales destartalados y una red de atención primaria desmantelada – lo cual incluye los módulos de Barrio Adentro–, sin insumos ni medicamentos, sin los servicios básicos indispensables para garantizar su funcionamiento, con un déficit creciente de personal médico y de enfermería adicionalmente mal pagado, atropellado y vilipendiado en sus legítimos reclamos, y sin las condiciones mínimas de asepsia requeridas porque no cuentan ni siquiera con agua y cloro para garantizar la limpieza. Completa el cuadro de esta tragedia una industria farmacéutica reducida al 30% de su capacidad productiva, de tal manera que medicinas e insumos médicos son hoy escasos y sus precios inaccesibles para la mayoría de la población.

No menos importante es la consideración de la situación medio-ambiental, signada por la ausencia de condiciones sanitarias mínimas como resultado del deficiente y catastrófico servicio de recolección de desechos sólidos, la crisis del servicio de aguas blancas y del sistema de aguas servidas, por una parte; y, por la otra, el deterioro de la salud psíquica y emocional de nuestra gente, consecuencia directa del estado de angustia, incertidumbre y desesperanza que le embarga frente a los rigores de la crisis general que nos golpea, lo cual nos hace aún más vulnerables frente a la embestida de agentes patógenos.

Para terminar de ponderar los principales elementos que configuran el contexto en torno al cual se desarrolla esta pandemia y la hace aún más peligrosa, es insoslayable agregar lo que aporta la naturaleza y el talante del régimen que en mala hora, y por imposición de facto, le ha correspondido asumir la conducción de esta contingencia. Empezando porque el país en ruinas que somos no es obra de la casualidad, del “saboteo de la derecha” o de las sanciones impuestas recientemente por los Estados Unidos y otros países. La catástrofe nacional que hoy nos azota es la hechura sostenida y sistemática de quienes detentan el poder y lo usufructúan. La misma ha sido definida como una Emergencia Humanitaria Compleja, calificación esta acuñada por los organismos multilaterales especializados en el estudio y tratamiento de los problemas sociales; los cuales, en última instancia, tienen su origen en regímenes políticos despóticos y tiránicos, que cercenan las libertades y garantías democráticas, violan masiva y sistemáticamente los derechos humanos y dilapidan y desvalijan las arcas nacionales. De eso se trata en nuestro caso, de la crisis más pavorosa que en la era contemporánea haya sufrido algún país no sometido a la guerra o a desastre natural, paradójicamente producida en el período en que Venezuela disfrutó de los más altos ingresos petroleros y fiscales de su historia.

La naturaleza autoritaria y despótica del régimen, lejos de promover la consulta, los acuerdos y consensos entre todos los sectores sociales y políticos involucrados en la problemática y en su eventual resolución; lejos de convocar a los mejores talentos que, a su vez, resumen en muy buena medida la experiencia acumulada históricamente por el País en el combate contra las enfermedades endémicas y epidémicas; lejos de esto, decimos, se conduce con la arrogancia, la prepotencia y la arbitrariedad propias de su talante antidemocrático, manipula la situación para sacar provecho político y para extender su sistema de control social sobre la población y se reafirma en una política de hegemonía comunicacional que, por una parte, filtra y “potabiliza” la información que se divulga y, por la otra, incrementa el cerco sobre los medios de comunicación convencionales o digitales, imponiendo la censura, la autocensura y la represión, tal como lo confirma la detención y enjuiciamiento del periodista Darvinson Rojas.

En tal contexto es claro que las medidas preventivas son esenciales para tratar de frenar la propagación del coronavirus y para minimizar sus efectos más nocivos. No obstante, se nos pide que nos lavemos bien las manos de manera frecuente, pero no hay agua constante para hacerlo ni para cocinar debidamente los alimentos y nos vemos forzados a almacenarla, cuando llega, con el riesgo de formar criaderos de zancudos. Se nos conmina a usar tapabocas y guantes pero estos desaparecieron del mercado desde antes de la irrupción del coronavirus en el País, en parte porque el pánico ya comenzaba a apoderarse de la gente y en parte porque acaparadores y especuladores lo fueron acumulando para revenderlos en el mercado negro. Se nos pide que nos quedemos en nuestras casas, pero no se nos garantiza el ingreso para cubrir las necesidades básicas ni la alimentación del núcleo familiar, ni las comunicaciones regulares y fluidas con parientes, amigos o el entorno laboral. No sabemos cuándo pasará el camión del gas, si pasa, cuándo se irá la luz o cuando será restablecido el servicio, porque es seguro que se irá.

Para que las medidas adoptadas –de suyo parciales, unilaterales e insuficientes– sean eficaces y sostenibles en el tiempo, requieren de un conjunto de condiciones que las hagan viables y de otras medidas complementarias que corrijan las falencias de las hasta ahora anunciadas. Así, por ejemplo, la suspensión de las actividades laborales ignora el hecho de que nueve millones de venezolanos ubicados en la economía informal viven del día a día, sin salario ni ninguna otra forma de ingreso fijo, mientras el resto devenga salarios míseros que ni remotamente alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica de bienes y servicios, los cuales, con el correr de los días, se harán más deficitarios, más escasos y más caros. En estas condiciones, la suerte de los informales y de los desempleados no queda clara en las medidas anunciadas. Solo se habla de mantener los bonos cuyos montos se asemejan más a una limosna y cuyo alcance es limitado porque dependen del carnet de la patria, mientras se apela al Sistema Patria para cubrir el pago de las nóminas de la pequeña y mediana empresa, cuando sería más práctico, de mayor alcance y efectos más rápido, utilizar el sistema bancario nacional. Pero se hace de esta forma para aumentar el control social sobre la población, para reforzar el dominio, la capacidad de chantaje y el esquema opresivo impuesto por la dictadura.

Para garantizar el suministro de alimentos y bienes esenciales se apela a los CLAPs, cuya cobertura, lo sabemos, es parcial y cuyo contenido ha ido disminuyendo en cantidad y calidad, con especial ausencia de proteínas de origen animal (carne, pollo, pescado, leche, huevos y otros). Mientras de este modo apenas se podría paliar parcialmente las necesidades de la población, es posible, sin embargo, seguir aumentando el sistema de control social que se ha ido construyendo bajo la simbiosis entre el PSUV, el Estado y el gobierno. Igualmente, se suspende el pago de los alquileres de locales comerciales y vivienda principal, pero no se dice qué pasará con los arrendatarios mientras tanto. Se habla de mejorar la calidad de las telecomunicaciones y de garantizar el servicio a los usuarios aún en condiciones de impago, pero no se dice quién será el mago que logrará el milagro de elevar en corto plazo la calidad de estos servicios, de dónde saldrán los cuantiosos recursos requeridos para producir tal milagro y para subsidiar el consumo a fin de no apelar a los cortes.

Luce urgente reducir sustancialmente el encaje legal y suspender el pago de intereses bancarios para liberar recursos destinados a financiar el consumo y la producción; suspender el pago de los impuestos nacionales y municipales, tales como el IVA, el ISLR y otros, para reducir costos y precios, estimular la producción y abaratar el consumo; eliminar los aranceles y hacer más expedita la importación de alimentos, medicinas, insumos y bienes de capital destinados a estas industrias; establecer un sistema de subsidio directos e indirectos y de alcance universal, para mitigar los efectos de la escasez y la carestía sobre la población, esto es, por una parte, garantizar un bono no menor de $20 mensuales para informales, desempleados y demás sectores económica y socialmente vulnerables y, por la otra, una cesta de productos para la alimentación y el aseo personal y del hogar.

Todas las medidas económicas y financieras anunciadas hasta ahora por el régimen, y aún las sugeridas en el párrafo anterior, tendrán inevitablemente un efecto inflacionario en el corto y mediano plazo. El País es un cuero seco que si lo pisas por un lado se levanta por el otro. Ello es la consecuencia de la grave crisis estructural de toda la economía y de toda la sociedad, sobre la cual cabalga la crisis coyuntural provocada por la irrupción del COVID-19. El País no tiene los recursos necesarios para financiar un plan de medidas de esta naturaleza porque los dilapidaron, porque están en las arcas personales de los beneficiarios del régimen en bancos extranjeros, porque tenemos un déficit fiscal de más de 20 puntos del PIB, porque padecemos de una caída brutal de la producción y los precios petroleros y porque algunas medidas que lucen impostergables suponen reducir aún más los ingresos fiscales. Solo un financiamiento de carácter internacional (a través el FMI, el BM y/o el BID) puede garantizar los recursos requeridos, pero esto no será posible sin una negociación que establezca condiciones y garantías suficientes sobre la orientación y el destino de los recursos. Estamos en presencia de un régimen maula que endeudó al País en más de $160.000 millones y lo colocó en situación de impagos desde hace ya más de dos años, cuya capacidad para el pillaje y el dispendio es harto conocida, de una gran opacidad en el manejo de todos los asuntos públicos y particularmente en el manejo de la información y las estadísticas, y cuyo legalidad y legitimidad está en discusión dado el origen fraudulento de la presidencia de Maduro. En consecuencia, se impone una negociación no solo entre el régimen y los multilaterales y no solo en el orden económico y financiero. A nuestro juicio, debe ser una negociación urgente y expedita que involucra a la presidencia interina representada por Juan Guaidó y que supone condiciones económicas y políticas que perfilen soluciones más definitivas, menos coyunturales para el drama nacional que padecemos.

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular