Carlos Nieto/ Realmente esta pandemia mundial como es el Corona Virus o COVID-19 tiene preocupado al mundo entero y Venezuela no escapa de esto, cuando ya para el momento de escribir mi columna hay, según cifras oficiales, 36 personas detectadas con la enfermedad.

Como defensor de derechos humanos de personas que están privadas de libertad, siento gran preocupación que dentro de toda la información que surge para prevenir el COVID-19 y las acciones tomadas por el Estado venezolano, en ninguna se hace referencia a los hombres y mujeres privadas de libertad, da la sensación de que no existieran, que no importan.

Yo no soy médico para saber si el COVID-19 puede llegar a las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela, espero que no, de lo que si estoy seguro es que de llegar sería una catástrofe de grandes magnitudes por las terribles condiciones en que viven las personas que están en esos sitios.

Desde la organización que dirijo, “Una Ventana a la Libertad” (UVL), hemos reportado las graves condiciones en que viven los presos de los 238 centros de detención preventiva o calabozos policiales que monitoreamos en 15 estados del país. Solamente en estos sitios, según nuestro informe del 2019, hay 19.091 detenidos y su capacidad es para 6.448 personas, lo que representa un 205% de hacinamiento, solo con este dato nos basta para saber que lo del aislamiento social es imposible de cumplir en espacios donde los presos tienen que turnarse para estar acostados porque es imposible que todos estén al mismo tiempo.

Igualmente, según nuestro informe del 2019, fallecieron 192 reclusos de los cuales 46 fueron por enfermedades, en su mayoría tuberculosis. Aunado a este hecho, que ya de por si es muy grave, la investigación determino que se encontraron 1.103 reclusos enfermos, de los cuales 224 tenían tuberculosis, 96 enfermedades respiratorias y 289 desnutrición, el resto otro tipo de enfermedades.

También UVL reportó la falta de saneamiento en el 93 % de los centros de detención monitoreados, poco o ningún acceso al agua potable y la comida, medicamentos, así como otros útiles de primera necesidad son suministrado por los familiares, ya que las instalaciones policiales no cuentan con esos servicios, ni siquiera para su propio personal.

Con estas condiciones, no es difícil imaginar lo que podría pasar de llegar el COVID-19 a estos centros de reclusión, no se necesita ser experto en el área de la medicina para saber que la propagación del virus traería consecuencias catastróficas y lo más grave es que hasta el momento no conocemos de planes de prevención por parte del Estado, lo cual consideramos urgente y necesario.

Hemos visto protestas de reclusos en cárceles de Italia, una fuga de más de mil presos en Sao Paulo, Brasil, así como la liberación de un buen número de reclusos en cárceles de Irán, sobre todo con penas inferiores a los 5 años, pero en Venezuela solo hay un gran silencio por parte de las autoridades en lo referente a privados de libertad, independientemente de las razones por las cuales se encuentren presos y del delito que hayan cometido, es necesario crear planes urgentes en caso de que el COVID-19 llegara a las prisiones venezolanas.