Marino Alvarado | Las razias represivas denominadas Operación de Liberación del Pueblo (OLP) vuelven a dejar como resultado una nueva masacre contra el pueblo. Esta vez más grave. La desaparición forzada y asesinato de 12 personas en la población de Barlovento. El pasado 26 de noviembre el Ministerio Público informó que por esa masacre habían sido detenidos 11 efectivos del Ejército.

Lo ocurrido no es casualidad. Desde hace varios meses he venido denunciando junto a otros activistas de derechos humanos que los grupos comando de varios organismos policiales y de la Guardia Nacional, los han transformado en escuadrones de la muerte. Se le ha dado tanto poder para atropellar a la población, que no pueden evaluarse como sucesos aislados.

Es también una consecuencia directa del progresivo proceso de militarización de la seguridad ciudadana, hasta el punto de involucrar ya no solo a la Guardia sino al Ejército. Varios años involucrando a la Fuerza Armada de manera inconstitucional en una labor que le corresponde a las policías. Una distorsión en las políticas públicas de seguridad que no ha logrado disminuir el delito, pero si incrementado las violaciones a los derechos humanos.

No podemos olvidar que en 2006 integrantes del Ejército también realizaron otra masacre en la población de La Paragua, cuando asesinaron a seis mineros. Desafortunadamente, por esa masacre, los responsables fueron condenados a menos de cinco años de cárcel.

Lo ocurrido con la masacre de Barlovento poco se diferencia de la masacre de El Amparo ocurrida en octubre de 1988, cuando fueron asesinados por policías y militares 14 pescadores. Es la misma historia de graves violaciones a los derechos humanos mediante el uso deliberado de las armas para asesinar a mansalva a población indefensa. Tal como ayer, fue la constancia de los familiares y sobrevivientes en denunciar lo que permitió que se conociera la verdad. Igualmente la asesoría prestada por organizaciones de derechos humanos, pues las familias contaron con el respaldo de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

En esta oportunidad, en la investigación sobre la desaparición forzada-asesinato en Barlovento, hay que reconocer una rápida y eficaz actuación del Ministerio Público, que en los últimos tiempos ha dado muestras de mayor capacidad y voluntad para investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas por policías o militares o casos muy graves como la masacre de Tumeremo.

No obstante, si se cuenta cada mes la cantidad de personas que presuntamente son ejecutadas en los operativos OLP, en el país, estamos en presencia de una masacre continuada

No basta que voceros del Ministerio de la Defensa hayan públicamente afirmado que se facilitó la investigación de la masacre de Barlovento. Esa actitud es positiva. Sin embargo, si se sigue alentando a los cuerpos policiales y militares para que intervengan en las zonas populares con los niveles de violencia que actúan, posiblemente se repetirán las masacres. No obstante, si se cuenta cada mes la cantidad de personas que presuntamente son ejecutadas en los operativos OLP, en el país, estamos en presencia de una masacre continuada.

Es urgente detener los operativos OLP. Se requiere una política de seguridad ciudadana que combata el delito con eficacia, pero con pleno respeto a los derechos humanos y que de verdad le dé importancia a las políticas preventivas. Una política de seguridad ciudadana que retome la filosofía original de la Gran Misión a Toda Vida que fue peligrosamente distorsionada por el gobierno de Nicolás Maduro, quien reivindica las políticas de mano dura, las cuales han fracasado históricamente en Venezuela y América Latina.

Abogado y activista de Derechos Humanos
@marinoalvarado