Rafael Venegas |​ El 3 de mayo del presente año deberá ser recordado como una fecha significativa para quienes nos definimos defensores de los derechos humanos, amantes de la paz y de la vida. Ese día confluyeron varios hechos que no pueden pasar desapercibidos ni ser vistos de forma aislada sino en su compleja concatenación, como sucesos importantes disparados por los mismos resortes. Repasemos sumariamente cada uno de ellos:

1.- En el Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare, se ejecuta una masacre contra la población penal con saldo de 47 muertos y más de 70 heridos, de acuerdo con cifras aportadas por el Director del Observatorio Venezolano de Prisiones, abogado Humberto Prado. La masacre se produce, presuntamente, en respuesta a un motín protagonizado por los reclusos del mencionado penal. De acuerdo con versiones de familiares, de algunos diputados y voceros de ONG’s, el mismo se origina en la protesta de los privados de libertad frente a la falta de comida, al menos en la cantidad y calidad suficientes y necesarias para evitar problemas de malnutrición y desnutrición. En el marco de las medidas restrictivas adoptadas ante la pandemia del COVID 19, entre las cuales destaca la suspensión de las visitas, familiares y amigos intentan paliar la ausencia de alimento con comida traída por ellos (lo cual, por lo demás, es una práctica habitual en estos centros), la que no siempre llega a manos de sus destinatarios. Así, una población penal sometida al hambre y al pillaje de su comida expresa su descontento y su reclamo a través de una protesta colectiva, la cual es sofocada con empleo desproporcionado de la fuerza y uso de armas de fuego, con el saldo lamentable ya reseñado. La versión oficial, obviamente, cuenta otra historia, según la cual se trató de un intento de fuga masiva que obligó a la Guardia Nacional a utilizar la fuerza y medios correspondientes al caso. Dicha versión, desmentida reiteradas veces por reclusos y familiares, fue expuesta tal vez un par de veces por voceros oficiales del régimen, para luego sepultar el caso en el silencio y el olvido.

2.- En esa misma fecha, en el barrio José Félix Ribas, en Petare, desde horas de la mañana y a lo largo de todo el día, se registra un enfrentamiento armado entre megabandas criminales que se disputan el control territorial, imponiendo, de facto, un toque de queda en el barrio más grande y populoso de Venezuela y sembrando la zozobra y el terror entre sus habitantes y sectores aledaños. Este choque en realidad vino a constituir un escalamiento de la violencia que ya tenía varios días en desarrollo, confirmando, una vez más, el clima de inseguridad que se ha apoderado del País, asociado a la implantación de las formas más crueles y horrorosas del delito y el crimen, en medio de una total impunidad. También en este caso, los voceros del régimen intentaron sepultar en el silencio el hecho, hasta que encontraron la manera de vincularlo a la “operación Gedeón”, de la cual nos ocuparemos de seguidas, supuestamente como una acción de distracción para facilitarla.

3.- En las playas de Macuto, en nuestro litoral central, se registra un desembarco de fuerzas irregulares conformadas por antiguos miembros de la Fuerza Armada y civiles venezolanos, liderados, sin embargo, por mercenarios estadounidenses, en un absurdo e irresponsable plan de asalto del poder político. Este desembarco es emboscado por efectivos policiales y militares, con el resultado de seis personas muertas y numerosos detenidos, en lo que la opinión pública ha conocido como “operación Gedeón”. En tan turbio como inverosímil episodio se conjugan la desesperación de un grupo importante de venezolanos que padecen los rigores del exilio, con la ausencia de una conducción política asertiva en capacidad de brindarle al 80% de nuestros compatriotas un camino cierto para hacer efectivos sus anhelos de cambio y, finalmente, la política de un régimen que cierra cada vez más las vías para una salida democrática y pacífica a la pavorosa crisis nacional, mientras arrincona a sus opositores, les monta reiteradas provocaciones y trampas a fin de irlos deslegitimando políticamente y aniquilando por la fuerza.

4.- En el 23 de enero se lleva a cabo un desfile de “colectivos” armados frente al Cuartel de la Montaña, bajo el argumento de defender “la revolución” y el legado de su comandante, Hugo Chávez, cuyos restos mortales reposan en dicho recinto. Encapuchados y exhibiendo armas de guerra de la forma más impune, el despliegue incluyó la instalación de alcabalas móviles, el registro de vehículos, la revisión de documentos personales y una arenga en apología a “el proceso”, cargada de amenazas y advertencias hacia la población. Se trata de una estructura paramilitar y parapolicial alentada y desarrollada por el régimen con funciones disuasivas y ofensivas, que actúa como fuerza represiva para disolver manifestaciones, acallar la protesta social, perseguir a líderes comunitarios y atacar a la oposición política.

 Todos estos sucesos tienen por base un denominador común: se trata de un conjunto de episodios violentos protagonizados por las fuerzas policiales y militares del régimen, en conjunción con algunas de sus hechuras más lamentables. Ellos son producto de una sociedad que desde las más altas esferas el Poder profesa un discurso arrogante y violento que estimula la arbitrariedad y la imposición de la fuerza y que se acompaña con una política de terrorismo de Estado. Su objetivo es imponer su voluntad sobre la inmensa mayoría nacional y al margen de lo dispuesto en la Constitución y leyes de la República.

Al influjo de este discurso y de esta práctica, del crecimiento de la pobreza y el hambre, de la profundización de la crisis general de toda la sociedad venezolana –que es también crisis moral, de valores y de referentes–, se ha implantado una cultura de la violencia y un clima de agresividad que impregna la cotidianidad de la ciudadanía, se ha resquebrajado la convivencia social, se ha impuesto la impunidad del delito y el crimen y se han desarrollado formas de violencia jamás conocidas por nosotros: los famosos pranes que desde las cárceles dirigen megabandas dedicadas a la extorsión, el secuestro y el sicariato; una versión similar en su conformación y práctica en los barrios de Caracas y del interior del País, consolidada como resultado de la nefasta política de las “zonas de paz” negociada por el régimen con las bandas criminales; mientras en el plano político se alienta la confrontación, se apela a la violencia armada del Estado y de sus grupos paramilitares para mediatizar y cancelar los preceptos constitucionales y legales que amparan la manifestación del descontento y la protesta, la demanda de cumplimiento de derechos y garantías constitucionales y legales, el ejercicio de la oposición y la disidencia frente a las actuaciones del Poder.

De esta forma, al cerrar canales para que fluyan las tensiones sociales, para que se diriman los conflictos por vías pacíficas, para que se manifieste libre y democráticamente el descontento y las aspiraciones de cambio de la gente, dichas tensiones buscan otros cauces para expresarse, a la manera de un río crecido cuya fuerza termina por derribar los diques que la contienen.

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular