Rafael Venegas | El pasado lunes 7 de octubre, Día Mundial del Trabajo Decente, declarado así por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Pablo, trabajador al servicio de la municipalidad de Iribarren, Barquisimeto, no sé si por casualidad, informaba a través de la red social twitter que el monto de sus prestaciones sociales, correspondientes a 25 años de labores, era de poco más de Bs. 60.000 que solo le alcanzaban para comprar medio cartón de huevos y algún producto más.

José, por aquello de que mal de muchos consuelo de tontos, le respondió diciéndole que a él le correspondía una liquidación de Bs 8.100.000 antes de la última reconversión monetaria y que luego de esta sus prestaciones se redujeron a Bs. 81. Comentando esto con Carlos, me enteró de que por sus 25 años como obrero al servicio de la Universidad Central de Venezuela le habían pagado Bs. 180.000. Recordé, entonces, que Tibisay, maestra que luego completó su licenciatura como educadora en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y más tarde coronó su Maestría en Educación Especial, también por 25 años de servicio recibió Bs. 290.000 como monto total de sus prestaciones.

La conclusión es tan sencilla como dramática: el ahorro de los trabajadores venezolanos ha sido pulverizado por la hiperinflación. Lo que ocurre con las prestaciones sociales es exactamente lo mismo que pasa con las cajas de ahorro o los fondos de jubilaciones: se ha reducido a nada el dinero ahorrado con gran esfuerzo por los trabajadores, con la esperanza de asegurarse una vida digna y libre de apremios, luego de más de 25 o 30 años de labores ininterrumpidas, resultado de compendiar las prestaciones reunidas con lo acumulado en sus cajas de ahorro y en sus fondos, más el monto de sus pensiones y/o jubilaciones.

La suma de todo esto hoy solo da para comprar medio cartón de huevos, un paquete de harina de maíz precocido, un kilo de arroz o de pasta y alguno que otro producto de la cesta básica.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha establecido que el salario de subsistencia actual de un trabajador equivale a dos dólares diarios, lo cual significa que cualquier ingreso diario inferior a este monto se ubica por debajo de la línea de miseria.

Como sabemos, ese es el monto del salario mínimo nacional oficial, o sea, Bs 40.000 mensuales. Como quiera que es absolutamente imposible subsistir con un salario tan paupérrimo, se podrá argumentar que el monto de este ha sido superado, en la práctica, por la realidad de las remuneraciones en el mercado laboral. Contra esto señalo que, aunque luzca difícil de creer, alrededor del 34% de los trabajadores del país solo perciben el monto correspondiente al salario mínimo nacional mensual. Todavía podría decirse que una cosa es el salario de un trabajador y otra distinta el ingreso familiar. Este último está conformado, en promedio, por el salario y otras remuneraciones de, al menos, tres miembros del núcleo familiar.

Aún en este caso, es necesario informar que se requieren 65 salarios mínimos mensuales para cubrir el costo de la canasta básica de bienes y servicios, calculada hoy en Bs 2.600.000. El nivel de destrucción del salario en Venezuela es tal que, en muchos casos, el monto de la mensualidad de un trabajador es inferior al costo que representa acudir al trabajo, si solo tomamos en cuenta el vestido, la alimentación y el transporte. De esto podemos dar testimonio los profesores universitarios y, más en general, todos los profesionales de la educación o del sector salud, por citar solo tres ejemplos.

La noción de trabajo decente supone, entre otras cosas, un empleo productivo pagado de forma suficiente y justa, llevado a cabo bajo condiciones de salubridad y seguridad satisfactorias, con protección social para el trabajador y su familia, que garantice condiciones para su desarrollo profesional, laboral, personal y social; que le asegure igualdad de oportunidades, trato y condiciones a trabajadores y trabajadoras; y, finalmente, que conforme un ambiente de libertades para la expresión sin restricciones de opiniones sobre aquellos asuntos que lo afectan o involucran, la libre organización sindical sin interferencias patronales o estatales, el derecho a la contratación colectiva y a la huelga en el marco del diálogo social, tenido, junto a la igualdad y equidad de género, como ejes transversales de toda la definición.

Básicamente, estas son las implicaciones del concepto de trabajo decente formulado por la OIT, cuyo logro forma parte del esfuerzo y del compromiso del sistema de Naciones Unidas por reducir y erradicar la pobreza, en el marco de las metas del milenio.

La paradoja consiste en que mientras en la escala planetaria, al menos formalmente, Estados y gobiernos se comprometen a orientar sus esfuerzos en la dirección señalada anteriormente; en Venezuela, bajo la ilegitima y usurpadora figura de un autoproclamado “presidente obrero”, de una autoproclamada “revolución bolivariana”, de un autoproclamado “socialismo del siglo XXI”, se desarrolla la más brutal política antiobrera, antisindical y antidemocrática que conozca nuestra historia contemporánea.

Dicha política ha empobrecido a casi el 90% de nuestros compatriotas, ha destruido y deteriorado masivamente las fuentes de trabajo, ha hecho añicos el salario, el ahorro y la seguridad social de los trabajadores y su familia; ha conculcado las libertades sindicales, criminalizado y judicializado los reclamos laborales, la protesta social y la defensa de las libertades democráticas y los derechos ciudadanos.

NOTA: este artículo debió ser publicado el pasado viernes 11 de octubre 2019. Fallas en el servicio de internet lo impidieron. Para entonces el salario mínimo nacional seguía siendo de Bs 40.000 mensuales. Hoy, lunes 11 de octubre, el gobierno anuncia el aumento del salario mínimo a Bs 150.000, lo cual no cambia la problemática de fondo planteada en este escrito.

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular