Keymer Ávila | Los últimos días han sido aparentemente una locura y mientras más información y vocerías aparecen más turbio y confuso se hace todo. Nuestro problema de institucionalidad, lamentablemente, no solo lo padece el Estado, cada vez hay menos actores que gocen de credibilidad. La censura en los medios es grande, lo que hace que nos mudemos todos a las redes sociales, donde quienquiera puede decir cualquier cosa, así que lejos de estar más informados, lo que tenemos es un exceso de “información” poco confiable, no verificada, que nos ofrece una versión distorsionada de lo que sucede y si sobre eso opinamos, lo que hacemos es amplificar la distorsión y la confusión.

Me han preguntado sobre los últimos sucesos de Petare, cualquiera que pretenda hacer algún comentario serio sobre esos eventos tiene que estar vinculado con ese sector de alguna manera, ya sea porque lo haya tomado como objeto de sus estudios de campo, observaciones, seguimiento o análisis, o porque hace vida en ese lugar. No me encuentro en ninguno de los dos supuestos. Razones por las cuales solo puedo hacer referencia a cuestiones muy básicas y generales, que cualquier persona dedicada a la criminología, o las sociologías que tienen como estudio al sistema penal o la violencia debería decir, más allá de repetir lo que ya abunda por las redes sociales. En estas coyunturas hay que tener cuidado con los opinólogos.

La existencia de bandas criminales con alto poder de fuego es una muestra de la precariedad institucional del Estado en distintos niveles: el primero, más básico y fundamental, es en lo social y económico. Es lo que se denomina violencia estructural que tiene que ver con la exclusión social y la no satisfacción de las necesidades más básicas de la población. Esta ausencia de un Estado Social real, con políticas realmente universales, no discriminatorias, sostenibles, institucionalizadas, no clientelares ni esporádicas, es la madre de todas las demás formas de violencia. Es la que priva, por ejemplo, a los jóvenes excluidos de suficientes oportunidades para una vida en el mundo lícito.

Ante esa ausencia de Estado Social aumenta y se fortalece el Estado Policial, que se sostiene a través de la violencia institucional que busca contener los distintos tipos de conflicto que provoca la violencia estructural.

Luego caen en forma de cascada otros tipos de violencia, como la violencia social, violencia delictiva, violencia individual, etc. Tradicionalmente en ciertas coyunturas políticas, donde la violencia estructural e institucional es evidente, se visibiliza más la violencia delictiva e individual como forma de encubrir a las primeras.

Ahora bien, hecho este marco, en el que la violencia de tipo delictiva está inserta dentro de una lógica de violencia estructural e institucional que la genera, la potencia y la define, si nos concentramos en la violencia delictiva que se da en el seno de bandas armadas -más allá de los enfoques culturales y etarios que son fundamentales para el estudio de estos fenómenos-, hay un elemento que considero fundamental: para que exista en un sector territorial grupos armados organizados debe preexistirle una “estructura de oportunidades ilícitas”. Esto es lo más básico de la criminología de las subculturas criminales.

¿Qué es una estructura de oportunidades ilícitas?

Es el apoyo del mundo lícito a las actividades y existencia de una banda, esto pasa por soportes sociales, institucionales, económicos, políticos, entre otros. Es decir, garantía para operar de manera impune, colaboración de cuerpos policiales y militares, complicidad de fiscales y jueces. Padrinazgos políticos y económicos, entre otras. Esto no tiene que ver con ideologías ni programas políticos, es solo un asunto de negocios, de mercados ilícitos comunes. Estas alianzas no son estables, en ocasiones estos intereses en común pueden entrar en conflicto generando guerras irregulares entre estos bandos.

Las bandas delictivas serían, entonces, apenas un eslabón más de la cadena. Acá hay preguntas básicas: ¿Cómo obtienen las armas? ¿Cómo tienen acceso a armas de guerra? ¿Cómo obtienen municiones? ¿Cómo algunas poseen granadas? ¿Quiénes son los responsables de la fabricación, importación, distribución y comercialización de las armas y municiones en el país? ¿Quiénes tienen ese monopolio? ¿Desde cuándo lo tienen?

En síntesis: las grandes bandas, no pueden surgir, ni tener poder, sin un mínimo apoyo o al menos tolerancia de policías o militares, fiscales, jueces, así como del poder político y económico del mundo “legal”.

Publicado originalmente en: Efecto Cocuyo.

Abogado (UCV) Máster en Criminología y Sociología Jurídico Penal, UB (Barna). Investigador del @cpenalesucv y Profesor de @criminologial en Pre y Postgrado UCV
@Keymer_Avila