Gregorio Afonso | Venezuela no es ajena al debate sobre las modalidades educativas que permiten la continuidad de la enseñanza en tiempos de pandemia, sólo que los educadores venezolanos ante la inminente catástrofe de la educación pública en todos los niveles, hemos incorporado una modalidad distinta a las habituales: La exigencia, en las calles, del derecho a la educación de calidad y al trabajo decente como acción pedagógica.

La pérdida del Estado de Derecho e inexistencia de condiciones objetivas para darle continuidad a la labor educativa regular en cualquier modalidad, nos conduce a un dilema existencial: Nos doblegamos ante las precarias condiciones para educar y trabajar que impone la dictadura o en contraposición, nos rebelamos y reclamamos educación de calidad y trabajo decente. Fiel a nuestra naturaleza y tradición gremial, los docentes venezolanos hemos decidido asumir la última de esas opciones.

La escuela y la universidad no forman exclusivamente sujetos competentes para desempeñarse profesionalmente, sino y esto es esencial, forman también ciudadanos críticos, socialmente responsables, comprometidos con su entorno, que cumplen sus deberes y se reconocen como titulares de derechos. En esta perspectiva, se inscribe la movilización que impulsamos los docentes en favor de la educación calidad y el trabajo decente.

Si aceptáramos pasivamente, educar sin garantías que permitan la enseñanza de calidad y el trabajo en condiciones dignas, negaríamos, en la práctica, la formación ciudadana, en tanto naturalizaríamos la violación de derechos.

Los docentes venezolanos asumimos la exigencia de nuestros derechos como una lección cívica, a viva voz, que trasciende el aula de clase o los entornos virtuales para alcanzar a la sociedad que nos observa. Se concreta a través de la protesta pacífica.

Los educadores, al igual que los trabajadores de salud y el resto de los que laboran en la administración pública, hemos mostrado una enorme vocación por nuestro trabajo. A diferencia del 83% de las empresas privadas que realizan pagos a sus trabajadores en dólares, la educación pública y con ella sus docentes, no contamos con ningún mecanismo de indexación salarial, cuya base sea el tipo de cambio, lo cual en medio de tres años de hiperinflación, dolarización de facto de la economía y una pandemia: es insostenible.

En los últimos años, en especial a partir de 2014, muchos colegas han migrado a diversos países o abandonado forzosamente su profesión para dedicarse a otros oficios. Los que aún nos mantenemos ejerciendo la docencia, hemos recurrido a diversos trabajos (pluriempleo) a riesgo del deterioro de nuestra salud física y mental por el sobre esfuerzo; la solidaridad de nuestras familias fuera y dentro del país, así como, a una lista infinita de privaciones para financiar nuestra continuidad como educadores en planteles o universidades públicas.

Pese a que la UNESCO reconoce a los docentes del mundo como líderes que reducen el impacto de la pandemia sobre 1.600 millones de alumnos y recomienda incrementar la inversión en educación, el gobierno de facto hace lo contrario: Impone salarios miserables a los docentes en todos los niveles y reduce la asignación presupuestaria para la enseñanza y la investigación.

No protestar contra los salarios de hambre que impone la dictadura a los docentes en Venezuela, que los condena a la pobreza extrema, es validar que la formación y el trabajo no tienen valor, ese aprendizaje jamás lo promoveremos.

La preparación y ejercicio profesional son valiosos, ellos contribuyen al desarrollo de las naciones y sostienen los proyectos individuales y familiares de las personas. El antivalor que con nuestra lucha enfrentamos se refleja en los siguientes tabuladores salariales:

De este modo, todos los docentes venezolanos estamos condenados a la pobreza extrema. Nuestras remuneraciones no permiten costear los gastos de alimentación de un día. El ingreso más alto no alcanza los 15 centavos USD diarios. Con ese cuadro no es posible obtener éxito en la misión de promover, entre nuestros alumnos, el estudio como garantía de futuro. Luchando reiteramos ante ellos, que la preparación y el trabajo tienen valor.

Con nuestra lucha también reivindicamos, la importancia de la educación para el crecimiento de las naciones y bienestar de la población. Exigimos inversión suficiente en la educación. Le mostramos a la sociedad y a nuestros alumnos que la educación pública demanda presupuestos para mantener estándares de calidad. Enseñamos que no podemos aceptar pasivamente que, por ejemplo, el presupuesto 2021 aprobado para dos de las principales universidades del país: la Central de Venezuela y la Simón Bolívar alcance el 2,27% y 0,5%  de lo solicitado por ellas. 

Como ocurrió el 05 de octubre en 16 estados del país, este 21/10, los docentes daremos nuestras clases nuevamente en la calle. El tema es el mismo: la educación pública de calidad y el trabajo decente como derechos irrenunciables.

Profesor universitario y Secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela | @gregorio_afonso