Alejandro Álvarez/ Recientemente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela publicó un extenso y minucioso informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. Este informe señala que en Venezuela se han venido cometiendo crímenes de lesa humanidad y se identifican los responsables de los mismos.

Este documento será muy importante para comenzar a avanzar de manera firme hacia la búsqueda de la justicia en nuestro país.

Pero así mismo, el informe indica que a pesar de que estaba en su mandato, no pudo documentar la situación en el Arco Minero del Orinoco debido a falta de tiempo y recursos. Ello es muy lamentable. Sin una verificación independiente y experta de la situación se sigue prolongando la crisis humanitaria que se vive en las zonas mineras del país.

Igualmente, se seguirá manteniendo el velo de silencio con que han sido cubiertos los crímenes contra personas y el ambiente cometidos en las zonas mineras al sur del país.

Algunas personas perciben la situación de las zonas mineras de Venezuela, frecuentemente asociadas con el Arco Minero del Orinoco, como la consecuencia de una disputa internacional por los recursos mineros de Venezuela. Pero lo que realmente está ocurriendo es una tragedia.

Para entender esta situación vamos a hacer un breve resumen de la realidad que se vive en las zonas mineras al sur del país.

Lo primero que es necesario subrayar es que, en la mayor parte de los casos, las minas están controladas por grupos criminales que actúan con total impunidad. Estos grupos criminales actúan frecuentemente en connivencia con autoridades civiles y militares del país.

Estos grupos delincuenciales actúan sin ningún control, sin respetar ninguna regulación legal, respeto a los derechos humanos o cuidado por la conservación ambiental. Como consecuencia de estas acciones en la zona crece la violencia, el hambre y la devastación ambiental.

Una breve lista de los crímenes que estos grupos han venido cometiendo incluyen:

Asesinatos, incluyendo masacres y crímenes atroces. Asimismo, estos delincuentes hostigan y amenazan a las poblaciones locales y los mineros.

Asimismo, se han producido casos de desplazamiento forzoso y esclavitud moderna que afectan a comunidades indígenas. En las zonas mineras se incrementa de manera muy grave la prostitución, el tráfico de drogas, la explotación y violencia sexual contra niños y niñas. Las condiciones de trabajo de los mineros son infrahumanas y la mayoría apenas logra conseguir algo de dinero para mantener a sus familias.

Igualmente, la economía perversa alrededor de las zonas mineras está asociada con la corrupción a gran escala, y la especulación con los bienes de primera necesidad. Ello incluye el cobro de precios abusivos por combustible, alimentos, medicinas, así como equipos y materiales de trabajo y de uso doméstico. De igual forma, es generalizado el pago de sobornos y “vacunas”.

Un elemento importante en este entorno criminal, resulta del contrabando de mercurio para su uso en la explotación de oro, a pesar de la prohibición legal de su comercialización y uso.

Este contexto tiene graves consecuencias sobre las comunidades locales. Algunas de las mismas son: El aumento de los casos de desnutrición, un incremento exponencial de los casos de la malaria, así como otras enfermedades infecciosas incluyendo las de transmisión sexual. Otros daños a la salud nacen de la exposición al mercurio y las muy inseguras condiciones de trabajo.

Igualmente se están produciendo graves daños ambientales producto de la deforestación de bosques asociada a las actividades mineras, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación por mercurio y el grave deterioro de los cuerpos de agua.

Todos esos efectos a su vez inciden sobre las economías locales, devastando medios de vida, tanto los tradicionales como los más recientes tales como el turismo y la explotación sostenible de productos del bosque. La consecuencia de ello es cada vez más pobreza y hambre.

Estos daños combinados están destruyendo las culturas, sistemas sociales y medios de subsistencia de las comunidades indígenas convirtiéndose en un etnocidio silencioso y silenciado.

Esta compleja realidad está afectando a cientos de miles de personas y está causando una muy importante crisis humanitaria. Peor aún, tiene el potencial de escalar hacia situaciones de guerra por el control de los minerales de conflicto.

Todo ello por una falsa promesa de prosperidad que sólo beneficia a unos pocos. El futuro del país está siendo destruido por la codicia minera, la corrupción y la irresponsabilidad.

Por todo ello, tenemos que exhortar a que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la Misión de Verificación de Hechos con capacidades mayores para investigar estas situaciones y señalar a los responsables de las mismas.

Es una obligación ética parar la destrucción de Guayana.

(*) Coordinador General de Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos