Incredulidad. Desconcierto. Indignación.

El 07 de octubre de 2019, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela resultó electa para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; es decir, en el mismo órgano que apenas unos días antes adoptó una severa resolución para el país, al establecer una Misión Independiente de Determinación de los Hechos con el fin de investigar graves violaciones a partir de las conclusiones del Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Ante semejante contradicción (de país investigado a investigador), la opinión pública tildó la incorporación de insólita y lamentable, visto el carácter totalitario de Nicolás Maduro y las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante su gestión. Por su lado, el gobierno de facto calificó el resultado de hazaña histórica: “Ha triunfado el derecho internacional, y el intento de imponer un enclave colonial en Venezuela ha fracasado…”, expresó el vocero de Maduro, Samuel Moncada, a contravía del embajador Jorge Valero quien a finales de septiembre aseguró que no cooperarían con los mecanismos aprobados por el Consejo del que ahora forman parte.

En consecuencia, a partir de enero del 2020, Venezuela integrará por un período de tres años el principal órgano intergubernamental de las Naciones Unidas encargado de los derechos humanos y compuesto de 47 miembros. Sin embargo, por muy desalentador que parezca, dicho ingreso no representa ni una épica diplomática ni una victoria para el chavismo en el poder.

Lo primero a considerar es que la composición del Consejo refleja criterios geográficos con 13 escaños para África, 13 para Asia Pacífico, ocho para América Latina y el Caribe, siete para Europa Occidental y seis para Europa del Este. A Latinoamérica y al Caribe le correspondía renovar este año 2 de los 8 escaños. Es decir, que solo había 2 cupos para la región y únicamente se postularon Brasil y Venezuela.

A última hora Costa Rica se postuló con el fin de impedir la elección venezolana para el periodo de 2020-2023, pero muchos de los votos de Venezuela y Brasil ya estaban amarrados para ese momento. La decisión sobre si un país es parte del Consejo es política, y depende de que el país candidato consiga la mayoría de votos en la Asamblea General (la votación es anónima), así que era previsible el ingreso de Venezuela a falta de otras opciones.

De hecho, Venezuela ya ha estado antes en el Consejo y con Maduro en el poder, durante el período 2015 y 2018 sin que ello impidiera que el órgano de la ONU instara al Estado venezolano de aceptar la entrada de ayuda humanitaria al país y le solicitara a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, preparar su conocido informe sobre la situación en el país.

En algunas regiones ha sido común que se presenten sólo el número de países que pueden ser elegidos, anulándose cualquier otra alternativa. El Consejo ha sido objeto de críticas porque países donde se comenten graves violaciones a los derechos humanos son electos miembros. En 2018, por ejemplo, la elección de Filipinas y Eritrea generó reacciones similares a las de Venezuela en 2019.

Por supuesto, la representación de Maduro en el Consejo le servirá de propaganda y buscará bloquear cualquier límite a su control represivo y al de sus pares como Nicaragua o Bolivia, sin embargo, eso no significa que lo logre. Que Venezuela forme parte del Consejo no la exime de sus responsabilidades ante los 5 mecanismos internacionales activos para Venezuela en este momento:

  1. Misión Independiente de Determinación de los Hechos con el fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas cometidas desde 2014.
  2. Mandato para la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que continúe investigando la situación de los derechos humanos en Venezuela, con énfasis en el sistema judicial y el acceso a la justicia, las violaciones de los derechos económicos y sociales, y las denuncias sobre el Arco Minero del Orinoco.
  3. Cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con ocasión a las violaciones a los convenios internacionales del trabajo ratificados por el Estado venezolano.
  4. Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE) establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
  5. Examen Preliminar que cursa ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de manifestaciones.

El gobierno de facto también será evaluado por sus pares en el Consejo y estará en el deber de cooperar con los relatores y los grupos de trabajo independientes cuyos informes son presentados ante el Consejo. En tanto que miembro del Consejo, se le complica rechazar las decisiones del mismo, como impedir la visita de las misiones a Venezuela.

A pesar de que la ONU y sus dinámicas para formar parte del Consejo deben ser revisadas para precisamente evitar que países investigados formen parte del mismo; queda evidenciado que este ingreso no es como vende el gobierno y como muchos le compran, una victoria de Nicolás Maduro.