Fernando Pereira | Yonaiver Moreno (15 años) y Ricardo Castro (12) fueron asesinados con impactos de bala en el pecho; Yojaiverson Castro (13) y Marbelis Lozano (17) fueron heridos de bala cuando funcionarios de la  arremetieron contra un grupo que realizaban un pesebre comunitario en una vivienda del Kilómetro O de la carretera Panamericana, El Valle, Caracas el pasado 5 de Diciembre. Los funcionarios justificaron la incursión planteando que buscaban una moto robada.

Yerwins Elias y Harold Enrique (ambos de 16 años) fueron ejecutados por una comisión del CICPC en el sector Cástulo Mármol Ferrer de Coro el pasado sábado 8 de diciembre. Las autoridades refieren que ambos estaban atracando una frutería. Los familiares con vehemencia afirman que eran estudiantes y peloteros que se esforzaban y soñaban con llegar a las grandes ligas. Desmienten las hipótesis oficiales que argumentan el enfrentamiento y señalan las contradicciones en las horas que sobre los hechos se manejan y la falta de pruebas y evidencias.

La familia espera justicia y tienen dudas sobre la realización de una investigación imparcial. Los adolescentes viajarían en enero a Colombia para participar en un campo de entrenamiento con miras a ser contratados.

Mencionamos dos hechos recientes donde funcionarios de fuerzas de seguridad están involucrados en ejecuciones extrajudiciales, dejando un saldo de 4 adolescentes muertos y 2 heridos. En ambos casos la versión de las familias y comunidad contradicen la versión de las autoridades. El informe Somos Noticia de Cecodap (2017) reporta 104 casos de niños o adolescentes que perdieron la vida en supuestos enfrentamientos con fuerzas de seguridad. ¿Ya nos acostumbramos como país a estos sucesos? ¿son normales si las víctimas no forman parte de nuestros allegados o entorno? La realidad es que las familias y la mayor parte de la sociedad no confían en las promesas de que se hará justicia.

El Comité de Derechos del Niño órgano que realiza un seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos de niños y adolescentes a nivel internacional recomendó al Estado venezolano en Octubre de 2014:

“El Comité reitera su profunda preocupación por las informaciones sobre el elevado número de ejecuciones extrajudiciales de niños, niñas y adolescentes, como el caso de la familia Barrios, y por el escaso número de enjuiciamientos realizados.

A la luz del artículo 6 y otros artículos pertinentes de la Convención, el Comité insta al Estado parte a que haga todo lo posible para reforzar la protección del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo de los niños ocupándose, entre otras cosas, de:

  1. a) Intensificar sus esfuerzos para prevenir los asesinatos de niños, niñas y adolescentes, en particular por bandas armadas, y abordar las causas profundas de esos actos de violencia, como la pobreza y la marginación;
  2. b) Garantizar que haya mecanismos disponibles para investigar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y que todos los asesinatos sean investigados a fondo y los responsables comparezcan ante la justicia;
  3. c) Proporcionar a la familia de los niños, niñas y adolescentes víctimas el apoyo adecuado y la debida indemnización;
  4. d) Velar por que no haya armas a disposición de los niños, niñas y adolescentes”

No es responsable nada más el que hala el gatillo; sino el que por acción u omisión no toma todas las medidas que son necesarias para prevenir, atender oportunamente a las víctimas, cooperar para que se establezcan responsabilidades y para que las prácticas de violación a los derechos humanos no estén legitimadas y los funcionarios se sientan como Herodes con placa.

Educador, orientador, escritor, defensor derechos de niños y adolescentes @Fernanpereirav