Gregorio Afonso | La decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de fecha 27/08/2019 de imponer a la Universidad Central de Venezuela (UCV), la realización de elecciones para la escogencia de las autoridades universitarias, en un plazo máximo de seis meses, expresa una clara determinación del régimen de concretar su hegemonía total sobre todas las instituciones del Estado que conservan su carácter de autónomas. En el caso de las Instituciones Universitarias, procura convertirse en una estocada final para hacerse del control sobre ellas y en consecuencia, consolidar su proyecto totalitario. De modo que, no hay posibilidad alguna de interpretar tal decisión como jurídica: su naturaleza es política, persigue declarar en la “ilegitimidad” de las autoridades rectorales en esta universidad e imponer en su lugar a quienes la dictadura considere. En breve: Se trata de un barniz jurídico de mala calidad para intervenir, en principio a la UCV y luego, el resto de las universidades autónomas.

Tal decisión del TSJ pretende imponer un reglamento electoral a la Universidad Central de Venezuela que es anticonstitucional e ilegal, pues violenta el artículo 109[1] de la Constitución Nacional y deroga olímpicamente los artículos 32,33, Y 65 de La Ley de Universidades que regulan la materia electoral en las instituciones de educación superior. Las universidades autónomas tienen la posibilidad de definir sus reglamentos, desde los de tipo académico hasta los que, como en este caso, tratan el tema de la escogencia de sus autoridades.

La decisión de la Sala Electoral del TSJ impone a la Universidad Central de Venezuela[2] un reglamento que incluso supero lo dicho en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación, en tanto que además de señalar quienes votarían y la cuantificación de esos votos, sorprendentemente, también establece que para resultar un candidato ganador, este debe obtener la mayoría de los votos en tres de los cinco sectores por ella definidos.

La decisión de la Sala Electoral del TSJ  del  además de ser un adefesio jurídico, es un imposible dado los requerimientos técnicos, logísticos y financieros que demanda una elección en la cual el padrón electoral alcanzaría cientos de miles de personas,  porque involucra a todos los egresados[3] de esta casa de estudio. La intención es imponer procesos electorales complejos y  costosos, como lo hicieron en el movimiento sindical, para que por la vía de facto se establezca la rectoría del Consejo Nacional Electoral en todos sus procesos electorales. La misión de las universidades es formar profesionales y crear conocimiento, imponerle modelos electorales de este tipo las desnaturaliza, las hará crecer en burocracia y derivaría en dinámicas políticas electorales más parecidas a la escogencia de alcaldes en un municipio que la de autoridades rectorales, cuya función principal es la gestión del conocimiento. El régimen conoce todo esto, pero lo que le importa en esta etapa es hacer crecer su hegemonía sobre las universidades, unas instituciones que, junto a la iglesia, representan una voz crítica sobre la realidad del país y el sufrimiento de los venezolanos.

Por sus hechos os conoceréis….

Como una prueba clara e inobjetable de los fines hegemónicos que persigue la decisión de la Sala Electoral del TSJ, está el hecho  público y notorio de que la dictadura en las universidades (Intervenidas y recién creadas) no ha facilitado debate ni proceso alguno, sobre las formas en las cuales debe participar la comunidad en la escogencia de sus autoridades.

El régimen cuenta con un importante número de universidades intervenidas desde hace 20 años y los rectores que ellas han tenido no los ha escogido nadie distinto al ejecutivo nacional, entre algunas de ellas se pueden contar: La Universidad Experimental de los Llanos (UNELLEZ), la Universidad Simón Rodríguez (UNESR) y la Universidad Experimental Rómulo Gallegos (UNERG). Lo mismo ha ocurrido con las recién creadas, entre ellas: La Universidad Experimental de las Artes (UNEARTE), la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES) y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). La lista en ambos casos- las intervenidas y las recién creadas- es bastante larga, sin embargo al revisar las universidades que conforman la denominada Asociación Bolivariana de Rectores (ARBOL) puede encontrar el total de ellas.

No es un dato menor precisar que el recién nombrado Ministro de Educación Universitaria César Trompiz es egresado de la Universidad Bolivariana y viene de ser su Rector, sin embargo, no existe registro de su actuación en favor de lograr que la comunidad de esa universidad pudiera participar en la escogencia de sus autoridades. Él, sus predecesores y su sustituto no fueron nombrados por la comunidad de la UBV, sino impuestos por el ejecutivo nacional. La comunidad de esa institución no es consultada electoral bajo ninguna modalidad.

En las Universidades recién creadas no se escoge Autoridades Rectorales de ninguna manera y en buena parte de ellas, no existen organizaciones sindicales ni gremiales. Cuando algún vocero de la dictadura habla de democracia universitaria muestra de un lado, el atrevimiento de la ignorancia pues ese concepto en el campo de la ciencia, la tecnología y el pensamiento humanístico es mucho más riguroso y profundo que la simpleza de imponer la ampliación de un registro electoral[4] y de otro, dan cuenta de su impostura puesto que ha sido público y notorio que en las universidades que gestionan predomina la subordinación al poder, lo que siempre, a través de la historia, ha dejado en un papel subalterno el apego a la verdad. 

¿Es posible detener la Intervención de las Universidad Central de Venezuela?

La respuesta, sin ningún dejo de dudas, es Si.

La Universidad Venezolana, según múltiples estudios de opinión pública, es una institución reconocida y valorada positivamente por la mayoría de la sociedad. De tal forma, si esta denuncia sistemática, documentada, nacional, internacional  y unitariamente este intento de ser intervenida por una dictadura -muy férrea para reprimir y valorada negativamente por más del 80% del país- podría generarse una matriz de opinión nacional e internacional que despierte la solidaridad con la universidad y debilite al régimen. La tarea es la denuncia de la violación del orden jurídico en Venezuela y la hegemonía total que aspira la dictadura alcanzar sobre las Instituciones de Educación Universitaria.

La Universidad Venezolana tiene tradición de lucha, estructuras organizativas y una reserva moral incalculable. Si en esta oportunidad, como en tantas otras, se dispone a confrontar con movilización el intento de intervención de la dictadura podría repetirse para el régimen una nueva derrota. En el 2001 intentó tomar la UCV por la vía violenta y obtuvo una derrota política de gran impacto; desde el 2010 ha intentado imponer lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación en materia de elecciones de autoridades universitarias y no lo ha logrado y en el 2011, el propio presidente Chávez valorando el conflicto político, tuvo que vetar la Ley de Universidades intervencionista aprobada por la Asamblea Nacional del momento. De modo que, la tarea es impulsar la movilización para defender el derecho a una educación universitaria de calidad, que respete la libertad de pensamiento y este lejos de las imposiciones hegemónicas del poder.

[1] Artículo 109 El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.

[2] No dudamos que es un globo de ensayo dado el carácter emblemático de la Universidad Central de Venezuela para extender tal decisión al resto de universidades agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores. Si lo logran en la UCV tendrán más de la mitad del camino andando para imponérselo a otras universidades.

[3] Muchos de ellos en localidades en el país en las cuales no hay núcleos o dependencias de la UCV, otros fuera del país y desvinculados del devenir universitario.

[4] No se encuentran experiencias en universidades del mundo de reconocido prestigio, en las cuales se impongan en elecciones para escoger autoridades universitarias como las que promueve el régimen a través  de la Sala Electoral del TSJ