Marino Alvarado | Las crecientes y ya graves deficiencias de los servicios de salud en el país, sumado a la escasez de medicinas producen angustia y sufrimiento en millones de personas.

La zozobra la padecen con mayor intensidad los pacientes con enfermedades crónicas cuyo tratamiento generalmente es de alto costo y los medicamentos son muy difíciles de conseguir.

Para muchos su vida es una cuenta regresiva acelerada en la medida que no pueden consumir los medicamentos indispensables o no en la cantidad necesaria.

El caso de los pacientes con trasplantes de riñón es uno de los más dramáticos. Lograr el trasplante de riñón es uno de los momentos de mayor felicidad para una persona a quien le han indicado que su vida depende del trasplante. Pero una vez recibido el riñón, el cuidado de la salud es muy exigente.

Hay medicamentos que la persona requiere por poco tiempo inmediatamente después de realizado el trasplante y son fundamentales para que el organismo termine aceptando al visitante. Pero hay medicamentos que deben consumirse por muchos años o por toda la vida para que el organismo no rechace al riñón. Son los que se conocen como medicinas anti- rechazo.

En noviembre de 2017 la Sociedad Venezolana de Nefrología afirmó que cerca de 3500 pacientes trasplantados estaban en riesgo y que más de 4500 que esperaban riñón tenían serias dificultades para realizar las diálisis requeridas. Los servicios públicos que ofrecen la posibilidad de realizar las diálisis se encuentran sin equipos e insumos necesarios o en mal estado y los servicios en el sector privado son costosos inalcanzables para la mayoría de quienes lo requieren.

La tragedia del día a día condujo a varias personas a organizarse y empezar a reclamar unidos el derecho a una adecuada atención de salud. Otros que tienen patologías distintas también lo hicieron y así se fue constituyendo lo que hoy se conoce como Codevida Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida.

Todas las puertas han tocado. Todos los reclamos se han realizado. De institución en institución que puede incidir en la solución del problema han visitado. Las promesas se repiten una y otra vez pero la gravedad de la situación avanza.

Entre diciembre y enero cinco trasplantados han fallecido. Pero también han perdido la vida por falta de tratamiento personas con VIH y personas con cáncer.

Aun cuando el Ministro de Salud y las autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales están al tanto de la situación las medidas no se adoptan y se condena a la muerte o al deterioro de la salud a millones  de personas.

La crisis en el área de salud se agudiza y el gobierno es indolente ante tal situación. Muestra poco o ningún interés por dar la debida atención a los reclamos y necesidades de la población en el área sanitaria.

La crisis humanitaria compleja que se vive en el país y que tiene en el sector salud una de sus más evidentes expresiones, requiere una respuesta integral y urgente  sumando voluntades a nivel nacional e internacional. La negativa del  gobierno en  a abrir un canal humanitario que permita cooperación de instituciones públicas y privadas por el tiempo necesario para  solventar la grave crisis, produce muertes. Esa conducta condenable genera sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos  principalmente en los sectores sociales más vulnerables. Por estas violaciones también deben establecerse responsabilidades y las sanciones respectivas.

Abogado y activista de Derechos Humanos
@marinoalvarado