“Los revolucionarios se proponen liberar a los seres humanos y comienzan por privarlos de libertad”

Rafael Cadenas

Carlos Patiño/ “Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, continúan los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición.” Así inició su más reciente informe oral Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y cual forajido que desafía las reglas, a las pocas horas del pronunciamiento, funcionarios del FAES y del Sebin detuvieron arbitrariamente a los parlamentarios de oposición Renzo Prieto, Ángel Torres y Zandra Castillo; aunque estos dos últimos fueron liberados minutos más tarde.

Nicolás Maduro y sus voceros atribuyen los fracasos de su gestión a las sanciones financieras. Si bien el discurso les sirve de excusa ante su ineficacia en lo económico y social; resulta delirante vincular estas medidas con las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y las torturas cometidas por su aparato represivo. Justo ahí es donde puso el foco la mencionada actualización de Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos: casos donde no hay enemigo interno o externo a quien echarle la culpa.

En apenas 10 minutos, la Alta Comisionada denunció que desde el 5 de enero las Fuerzas de Seguridad han dificultado el acceso a parlamentarios de oposición a la sede de la Asamblea Nacional. Lamentó la detención del diputado Gilber Caro, de su asistente Victor Ugas y del diputado Ismael León, este último sometido a arresto domiciliario. También manifestó preocupación por las amenazas de Diosdado Cabello en el programa “Con el mazo dando”, anunciando la futura aprobación de una ley que sancione a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a ONGs (específicamente a Provea).

En su breve discurso, mencionó la palabra “agresión” 4 veces. Rechazó las agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo. Hizo referencia al 11 de febrero, fecha en la cual fueron agredidos, por lo menos, 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en Lara. Adicionalmente registró casos de allanamientos de la sede de un partido político, ONGs, y oficinas de medios de comunicación. Estas agresiones –dijo-, suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia.

Por otro lado, documentó hostigamiento en contra de algunas autoridades universitarias y restricciones a la libertad sindical, a través de desalojos y la detención arbitraria de líderes obreros. Además, aseguró que su Oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, sede a la cual sus oficiales en el país no han tenido acceso.

Para el 09 de marzo, el Foro Penal Venezolano contabilizaba 316 presos políticos. A la lista debe sumársele el diputado Renzo Pietro, encarcelado el 10 de marzo mientras la Alta Comisionada de Naciones Unidas le hablaba al mundo sobre las agresiones a la disidencia y la persecución política en Venezuela.