Rafael Venegas | Con el amanecer del nuevo año, dos episodios han puesto de relieve, una vez más, la profunda crisis que padece el país y la urgente necesidad de superarla. Por una parte, un acto de fuerza, violento y arbitrario, orquestado y ejecutado por agentes de la dictadura y sus acólitos en la Asamblea Nacional (en una operación que mezcla el chantaje, la corrupción y el cinismo con la represión, el uso abusivo de la fuerza policial y militar, la acción de los grupos paramilitares y la complicidad del resto de los poderes públicos) ha tomado por asalto la Directiva de dicha institución y, por esta vía, un precario control de la misma, lo que en realidad se traduce en caos institucional que la anula por completo. De esta manera se vulnera la soberanía popular expresada en el voto, se desconoce la mayoría parlamentaria y se profundiza la crisis de legitimidad que caracteriza a la institucionalidad impuesta por el régimen. De otra parte, la parcial y efímera ilusión de mejoría económica vivida a finales del año 2019, ha dado paso a un nuevo envión de la hiperinflación, disparando a la estratosfera los precios de todos los bienes y servicios, triturando aún más el valor del Bolívar y el poder adquisitivo de los salarios y agravando la situación de empobrecimiento, hambre y miseria que agobia a la inmensa mayoría nacional.

            Ambos asuntos –que se traducen en vulneración grave de derechos y garantías fundamentales y cercenan severamente las ya menguadas condiciones de existencia de nuestra gente– se hallan indisolublemente entrelazados en una relación de causa-efecto. Ambos son el resultado de la deriva dictatorial tomada por quienes usurpan arbitrariamente el poder, del abandono del cauce constitucional y legal de la República, del fracaso estruendoso de su proyecto político y de sus políticas económicas y sociales; y, finalmente, del derroche criminal de más de 3 billones de dólares que se han esfumado por los desaguaderos del despilfarro, la ineficiencia, la demagogia y la corrupción. Se trata de dos crisis que discurren en forma simultánea pero por caminos paralelos; dos crisis que, en realidad, son una sola; dos caras de una misma moneda que se resume en una sola frase: crisis general de toda la sociedad venezolana.

Una y otra crisis, en apariencia, solo en apariencia, parecieran no tener vinculación. La primera, la institucional, sugiere ser un asunto de “los políticos” y de “la política”; mientras la segunda, la económico-social, ocupa los desvelos y las angustias del ciudadano común. La gente “de a pie”, el pueblo llano, percibe que mientras “en las alturas” se libra una pelea feroz “entre políticos” y por el poder político, nadie atiende la urgencia de la otra crisis que propaga como una peste bíblica el hambre y la pobreza por todos los rincones del país. No se trata, sin embargo, de que nuestra gente no sepa establecer la relación existente entre la clase política, la orientación de las políticas públicas y la situación de la economía, el ingreso familiar, los precios de los productos de la canasta básica y el colapso de los servicios, por ejemplo. Al contrario, está tan claro este asunto entre nuestros compatriotas que el enorme descontento popular, que según las encuestas promedia alrededor del 85%, está asociado a una demanda de cambio. El pueblo sabe que para superar la grave crisis que deteriora sus condiciones de vida y trabajo, que priva a sus hijos de salud y educación, de oportunidades de estudio y de progreso, es necesario un cambio radical en la conducción y orientación de los destinos de la Nación; en otras palabras, la gente sabe que el origen de la crisis se halla en Miraflores, que Maduro y su entente cívico-militar son los principales responsables de la crisis y el principal obstáculo para su superación.

            ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué ambos asuntos aparecen desligados? En nuestra opinión, ocurre que el ciudadano común no se siente interpretado en el discurso y la conducta del liderazgo político nacional, no siente que la lucha que se libra en la esfera de la política sea la expresión más genuina del compromiso de dicho liderazgo con los mejores intereses del país y su gente; no siente que la misma tenga como propósito esencial ponerle fin a esta terrible tragedia que nos hunde en el atraso y la decadencia y, por sobre todas las cosas, no identifica una conducción política que brinde un cauce cierto para canalizar sus reclamos y para enrumbar la enorme potencialidad de cambio que abriga.

Dando por cierto que la mayoría ciudadana ha entendido que para revertir el desastre nacional es necesario sustituir a los actuales gobernantes, llamamos, entonces, la atención acerca de la situación de las fuerzas democráticas, patrióticas y populares, cuyos principales liderazgos y referentes, a nuestro juicio, no han sabido estar a la altura de las complejas y, en muy buena medida, inéditas circunstancias históricas. Sus precarios, parciales e inconsistentes niveles de unidad; su desconexión con el sentir popular, sus reclamos y luchas cotidianos; la ausencia de una estrategia clara y asertiva en condiciones de canalizar la demanda de cambio por caminos de victoria; la falta de un discurso que interprete claramente los anhelos y esperanzas de un pueblo angustiado por las inclemencias de la crisis; la generación de falsas expectativas que se traducen en frustración y desencanto; son, entre otras, algunas de las causas de la crisis de legitimidad y confianza que registran aquéllas y, en muy buena medida, las razones que explican el divorcio entre lo que ocurre en el plano político-institucional respecto del drama económico-social que padecen nuestros conciudadanos.

Favorecer la posibilidad de que una y otra crisis confluyan en un vértice en el que se encuentren con el descontento popular y el reclamo de cambio, es una condición necesaria pero no suficiente para hacer renacer la esperanza y para configurar la posibilidad cierta de producir un relevo en la conducción y orientación del rumbo del país. Esto exige como prerrequisito la renovación y el relanzamiento del compromiso de unidad; una unidad más amplia, más generosa y trascedente, que ponga los intereses nacionales y populares por encima de cualquier interés parcial, individual o grupal; que coloque en el centro de sus preocupaciones la suerte de nuestro pueblo, que lo conciba como sujeto y destinatario de los cambios que permitan revertir la pavorosa crisis que nos afecta a todos. Una unidad que se asiente en el diseño de una estrategia que combine múltiples y diversas formas de lucha y organización que confluyan en un gran torrente de fuerzas capaz de derribar los diques de contención impuestos por quienes aspiran perpetuarse en el poder y, por esa vía, perpetuar la tragedia nacional por ellos producida. Una unidad que renueve su discurso, que exprese con autenticidad la angustia, los reclamos y las aspiraciones de un pueblo que ha dado muestras suficientes de determinación y compromiso, pero que no ha contado con una conducción política a la altura de los esfuerzos y sacrificios empeñados. Una unidad, en fin, que se traduzca en una dirección política eficaz, coherente y consecuente, a la altura de nuestra historia, de nuestro pueblo y de las circunstancias dramáticas que nos ha tocado vivir.

Es la opinión de quien al decir estas cosas está asumiendo su propia autocrítica, está asumiendo la cuota-parte de responsabilidad que le corresponde en la situación descrita, a la vez que renovando el compromiso con la palabra empeñada y acreditando el concurso de sus modestos esfuerzos a fin de contribuir a hacer bueno el lema de quienes generosamente han abierto su portal para permitir la expresión sin restricciones de nuestros puntos de vista: Todos los derechos para todas y todos.

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular