Oly Millán | Tal como se viene expresando, a la preexistente profunda crisis multifactorial y multidimensional que viene padeciendo el país desde hace ya varios años, se le incorpora la crisis sanitaria y humanitaria desencadenada a nivel mundial por el COVID-19.

Enfrentar esta crisis por parte de los distintos países del planeta, plantea en términos económicos una situación un tanto dilemática, ya que lograr aplanar la curva de contagios del virus para evitar el colapso de los sistemas de salud así como el incremento de las muertes de los ciudadanos, implica irremediablemente una contracción de la economía, por lo tanto las estrategias que se implementen involucran asumir una economía de guerra donde irremediablemente los estados tienen un rol preponderante, aunado al papel que puede cumplir la cooperación internacional en cuanto a facilitar recursos financieros, operativos, de investigación, gestión e insumos en materia de asistencia sanitaria.

En este contexto la situación que tiene que enfrentar Venezuela en el marco del COVID-19  no es nada sencilla, máxime si nos encontramos con que la base que sustenta la actual crisis venezolana está determinada por la profunda e inédita crisis política institucional que nos viene conduciendo a la existencia de dos poderes, uno que a nivel interno tiene control del territorio y de las instituciones del Estado liderado por el gobierno de Nicolás Maduro y otro que se aglutina en torno a la oposición (Grupo denominado G4)  liderada por el diputado Juan Guaidó, reconocido por parte de algunos países que conforman la comunidad internacional cuyo liderazgo lo ejerce, de alguna manera, el gobierno de Estados Unidos como hegemón de la estructura financiera mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial.

Es así como la clave que implica para nuestro país enfrentar con relativo éxito la contención de la pandemia durante los meses de confinamiento y aislamiento social se centra fundamentalmente en garantizar  a las familias venezolanas los recursos financieros (capacidad de poder adquisitivo) y acceso a los bienes y servicios fundamentales, como lo son los insumos básicos que componen la canasta alimentaria, el acceso a los servicios de agua, electricidad y comunicaciones, y, sin duda,  garantizar el derecho a la salud. Pero como sabemos, parte de la expresión de la profunda crisis que tenemos es la precarización generalizada de las condiciones de vida de la población que ha traído como consecuencia a lo largo de los últimos años la emigración de miles de venezolanos, cuya vulnerabilidad se ha profundizado como producto del COVID-19; afectando negativamente tanto a las familias venezolanas que han emigrado, como a las que se quedaron en el país y que en gran medida vienen dependiendo de las, ahora, mermadas remesas para compensar la pérdida del poder adquisitivo producto de la hiperinflación que padece Venezuela desde fines del 2018 como consecuencia de las políticas económicas erradas de Nicolás Maduro y compañía.

En términos generales, para enfrentar la pandemia necesariamente hay que instrumentar en el corto plazo una política fiscal muy activa, tal como lo vienen haciendo la mayoría de  los países del mundo[1], lo que significa destinar recursos financieros y estímulos económicos para lograr resolver la situación dilemática que implica aplanar la curva de contagio y aplanar el efecto negativo sobre el desempeño económico de los países.

Lamentablemente como producto de la crisis política institucional que padecemos,  nuestro país no cuenta con los recursos necesarios para  desarrollar con relativo éxito una política de confinamiento y aislamiento social que conlleve a no tener que profundizar aún más el drama social complejo que aqueja a las familias venezolanas, sin que necesariamente se construya y promueva un acuerdo político entre los dos poderes en pugna y lograr,  bajo mecanismos transparentes, democráticos, constitucionales, consensuados y rápidos, tener acceso a los recursos de los cuales dispone la república en el sistema financiero mundial, bien porque les pertenece (cuentas en el exterior congelada por las sanciones estimadas en aproximadamente 11.967 millones USD[3], adicional a los recursos que proceden del desfalco y la corrupción) o bien porque forman parte de los recursos provenientes de la cooperación internacional destinados para enfrentar esta pandemia como los que está asignando para ello el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y que en total son 2.500 millones de USD para sus países miembros.

El tiempo se acaba y se hace urgente y necesario un acuerdo político institucional que preserve la vida, y para ello la clase política venezolana tiene una enorme responsabilidad, ojalá se pongan a la altura de las necesidades y urgencias que tiene este sufrido pueblo venezolano, de lo contrario la historia los condenará.


[1] Para seguridad social, empresas y empleo: Alemania destinó 126.000 mil millones de euros, España 18.000 mil millones de euros, Francia 45.000 mil millones de euros, Italia 24.000 mil millones de euros, EEUU 2.500 mil millones de USD.  Ver: https://www.cepal.org/es/temas/covid-19

[2] https://www.bbc.com/mundo/noticias-52158532

[3] https://oilforvenezuela.org/2020/04/02/que-puede-hacer-la-asamblea-nacional-frente-al-covid-19/