Gregorio Alfonso/ A pocos días de haberse conmemorado el día del trabajador en Venezuela, es pertinente revisar la política laboral del Estado Venezolano en tiempos de la Revolución Bolivariana, porque si bien es cierto que el Socialismo del Siglo XXI ha mutado, es transversal, en sus diferentes etapas hasta la actualidad, su desprecio por al Trabajo de Calidad.

 Primera etapa

Podríamos ubicarla entre 1999 y 2008, su característica dominante fue el desinterés por la protección del trabajo asalariado o dependiente y la promoción del trabajo autónomo, así como, el ataque contra la autonomía del movimiento sindical.

La política laboral en esa etapa hizo énfasis en la promoción del trabajo autónomo por medio del financiamiento estatal a las iniciativas de microempresas, cooperativas y empresas de producción nacional. No hubo nada que destacar en materia de protección del trabajo de calidad y de los trabajadores dependientes.

Estudiosos del tema laboral en Venezuela como Richter e Iranzo[1], identificaron, en su momento, que el énfasis colocado por el Estado Venezolano a la promoción del trabajo autónomo no era casual, sino que se trataba de un desprecio por el trabajo asalariado por considerarlo una rémora del Estado Capitalista.

El resultado de esta política de generación de trabajo autónomo sirvió para encubrir subcontrataciones y favorecer la tercerización velada dentro de la administración pública. La inmensa mayoría de esas Cooperativas y Empresas de Producción Social brindaban servicios a instituciones y empresas del Estado sin que su personal formara parte de sus nóminas. Además tras la predica del cooperativismo, promovida compulsivamente, se crearon más de 300.000 cooperativas, cuyos miembros mantenían una suerte de relaciones laborales que no estaban contempladas dentro de la concepción cooperativista y se ubicaban al margen de la legislación laboral[2].

El ataque a la autonomía sindical en esta etapa presenta varios episodios, pero dos podrían ser los más relevantes:

1.-Como resultado del proceso constituyente los sindicatos pierden la facultad de organizar sus procesos eleccionarios, pues estos por disposición constitucional estarían a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pese a que esto en su oportunidad y posteriormente ha sido advertido por la OIT como una violación de los convenios 87 y 98 y en consecuencia, un atentado contra la libertad sindical, más aún cuando el Estado introduce el concepto de mora electoral para no discutir convenciones colectivas con sindicatos que presenten atrasos en sus procesos eleccionarios.

2.-La convocatoria en el año 2000 a un referéndum sindical con participación de toda la ciudadanía, es decir más allá de la población sindicalizada, para preguntar si estaba de acuerdo con la renovación del liderazgo sindical, a pesar de desarrollarse en el marco de unas elecciones para escoger gobiernos locales, el resultado fue un fracaso, la primera derrota electoral del gobierno bolivariano, ya que apenas participó el 22% de la población. Seguido de esta iniciativa el gobierno impuso las elecciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y presentó la candidatura del profesor Aristóbulo Isturiz que fue apoyada abiertamente por el carismático presidente Chávez, el resultado fue otra clamorosa derrota para el Chavismo. Luego de allí, la historia fue promover el paralelismo sindical y el corporativismo.

 Segunda Etapa

 Podría ubicarse, entre los años 2008 cuando se profundiza las nacionalizaciones hasta el 2012 año en el cual terminan los gobiernos del presidente Chávez.  En ella se profundiza el autoritarismo y aumentaron los ataques al movimiento sindical. El punto máximo de la arbitrariedad oficialista fue la aprobación en el año 2012, vía Ley Habilitante, de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

El incremento del autoritarismo se expresa en la reducción, a niveles inéditos, del número de convenciones colectivas de trabajo en Venezuela, la cual mientras en la década de los 90 con en el precio del petróleo por debajo de 10 dólares por barril se firmaban en promedio 1000 convenciones colectivas por año[3], en tiempos del presidente Chávez esta cifra se redujo a la mitad y los retardos para la discusión de los convenios de trabajo vencidos se cuentan por años siendo especialmente relevantes el caso de SIDOR, MERCAL y Lácteos los Andes.

La acción autoritaria también se dirigió directamente en contra de los dirigentes sindicales. Resulto emblemático la primera detención del sindicalista de la Empresa Estatal Ferrominera del Orinoco Rubén González quien fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión. Luego de 14 meses de detención se le concedió la medida de arresto domiciliarias y medidas cautelares. Este tipo de medidas en 2011 alcanzó a 150 trabajadores por protestar[4].

El desconocimiento a los trabajadores por parte del Estado Venezolano alcanza su punto máximo cuando se aprueba, vía ley habilitante, la LOTT en el año 2012, es decir, sin consulta alguna a las principales organizaciones de trabajadores y empleadores del país. Se trata de un instrumento que determina en forma significativa el futuro de las relaciones laborales y que se redactó en forma “sumaria”. En ella se modifica elementos de fondo como la definición del trabajo, entre otros tantos más, de forma arbitraria y unilateral. Un hecho de tal relevancia y claramente autoritario que fue cuestionado por la OIT.

 Tercera Etapa

Podría situarse desde 2013 hasta la fecha, durante el gobierno hoy devenido en dictadura de Nicolás Maduro. En ella se mantiene la política contraria a la libertad sindical y contra el trabajo de calidad. Nuevamente es apresado el dirigente sindical Rubén González junto con 8 trabajadores más por protagonizar acciones sindicales para reclamar derechos laborales; se incrementan los despidos de dirigentes sindicales y trabajadores que reclaman sus derechos laborales en el sector público;  y con motivo de la Reconversión Monetaria se violentan vía decreto todos los tabuladores salariales de la administración pública en el mes de septiembre de 2018, es decir, se desconocieron simultáneamente todas las convenciones colectivas de la administración pública vencidas o vigentes.

En esta etapa la dictadura de Maduro logra que el trabajo, en especial el asalariado, pierda sentido pues sucumbe ante un proceso hiperinflacionario que lo destruye, resultando inútil la política de múltiples aumentos salariales  por año: 8 en el año 2018 y 2 en el 2019.

Recientemente el primero de mayo de 2019 el salario mínimo nacional se elevó de bs.18.000 a bs. 40.000, es decir se incrementó en un 125%. En términos concretos se reiteró que Venezuela cuenta con el salario mínimo nacional más bajo de América Latina y el mundo, el cual se ubica en aproximadamente 7 dólares. Además es claro que tal remuneración, según todos los métodos de medición de la pobreza por ingresos, somete a estos trabajadores a la condición de pobreza extrema pues no tienen como alimentarse. Situación similar ocurre para las remuneraciones medias, pues no hay ningún tabulador salarial de la administración pública que muestre cargos que superen los 25 dólares.

En Venezuela el trabajo en vez de generar ganancias a los trabajadores, opera en sentido contrario: Los precios del transporte público, alimentos, vestido y calzado convierten en costoso asistir y permanecer a jornada completa en las instituciones o empresas en las cuales trabajan.

Toda esta situación de deterioro del trabajo solo se profundiza tras cada anunció de aumento salarial y cada primero de mayo. Esto, sin duda, es uno de los principales factores de la migración de casi 3.5 millones de Venezolanos que han huido del país y cuyas edades se ubican mayoritariamente dentro de la población económicamente activa.

El reto para los trabajadores es promover el cambio político que desaloje a la dictadura del poder y con él, un acuerdo nacional, fundado en un verdadero Diálogo Social con participación del Estado, empleadores del sector privado y los trabajadores, que rescate del trabajo, pues solo el trabajo de calidad podría hacer sostenible un proceso de superación de la pobreza y elevar la productividad en el país.

[1] Iranzo, Consuelo y Richter, Jaqueline (2006). La política laboral en la Venezuela de Hugo Chávez Frías (2006) En: Revista Latinoamericano de Estudios del Trabajo (Revista en LÍNEA). Disponible: www.izt.uam.mx/sotraem/Documentos/Revista18Final.pdf

[2] Bastidas, Oscar y Esteller, David (2011) Hacia una política de estado para la economía social y las cooperativas venezolanas como ejes de un modelo de desarrollo basado en la cooperación. Disponible en: www.desarrollosustentable.com.ve/…/index.php?

[3]Lucena, Héctor (2012). Convenciones Colectivas: difícil desarrollo. En: Revista SIC, año LXXV, N 746, julio 2012.

[4] PROVEA (2011) Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, Informe Anual octubre 2010 / Septiembre 2011 Derechos Laborales. Disponible en: https://www.derechos.org.ve/informe-anual-2011-2/