Rafael Venegas. La población de San Tomé, en el estado Anzoátegui, acaba de ser conmocionada por la espeluznante noticia de que un niño, de apenas 11 años de edad, fue sometido a torturas, tratos crueles y degradantes por parte de un funcionario de la Guardia Nacional. De acuerdo con informaciones de prensa, y de un video que circula profusamente en las redes sociales y que recoge el testimonio de la víctima, este habría sido sumergido de cabeza en un tobo con agua y aplicado electricidad. También denuncia el niño haber sido golpeado en la cara, estrellada su cabeza contra la pared, haladas sus orejas hasta hacerlo sangrar y sufrido amenazas en el caso de que denunciara los maltratos recibidos: “seré el muñeco de tus pesadillas si le dices algo a tu padre”, fue la frase del autor de esta “hazaña”, el teniente Anderson Arellano, quien, según algunas versiones, actuaba amparado en una orden genérica impartida por el General de Brigada, Marco Tulio Álvarez, jefe de seguridad de la Faja petrolífera del Orinoco, en respuesta al extravío de un par de ovejitas del nacimiento navideño de la Escuela Profesional de Tropas asentada en un campo petrolero de la mencionada población, en el cual reside el niño objeto de la agresión.

Dos razones permitieron que el caso fuese conocido y trascendiera los estrechos y apartados límites del lugar donde ocurrieron los hechos: por una parte, la respuesta airada de la población del campo petrolero, quienes se apersonaron en la entrada de la sede de la institución militar para protestar la aberrante conducta delictual del teniente Arellano; y, por la otra, la valentía del tío del pequeño Ricardo, quien grabó el video con el testimonio de su sobrino y lo hizo circular por las redes sociales. Como consecuencia de esto, hemos podido conocer las primeras respuestas, digamos oficiales, ante la denuncia. De un lado, una declaración formal del Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), admitiendo los hechos y anunciando una investigación. Y del otro, la persecución, amedrentamiento y amenazas hacia el tío de la víctima por haber grabado y difundido el video.

Todavía conmovidos por el doloroso testimonio de un niño, quien, sollozante, aterido y presa del pánico, narra los maltratos crueles e inhumanos de los cuales fue victima, y de la confirmación de su pequeño compañero de infortunio, quien bajo anonimato da fe de la veracidad de la versión del primero; nos parece pertinente reflexionar en torno a las preguntas que titulan este artículo y sus eventuales respuestas: ¿Se trata de un exceso policial-militar? ¿Es el resultado lógico de una doctrina criminal sobre la cual se edifica la formación y la práctica de los funcionarios de los cuerpos policiales y militares del país? o ¿es la consecuencia de una política de Terrorismo de Estado diseñada y ejecutada con propósitos claramente definidos? A continuación algunas consideraciones al respecto:

Empezamos por afirmar que no debemos ver este acto cruel, alevoso y criminal como un hecho aislado, más allá del dato singular y atroz de que las víctimas son niños que apenas asoman sus pasos a la preadolescencia; ni tampoco considerarlo un exceso de algún funcionario a quien “se le pasó la mano”. No. La verdad es que se trata de una larga y monstruosa tradición de todos los cuerpos policiales y militares del país, someter a vejámenes y tratos crueles y degradantes a quienes tienen la desgracia de caer en sus manos, independientemente de cuáles sean las causas o motivos de las detenciones y al margen de si son o no inocentes de los delitos de los cuales se les acusa.

Es una práctica bastante generalizada maltratar a los detenidos, agredirlos física y verbalmente, someterlos a humillaciones y amenazas, simular o aplicar efectivamente métodos de tortura, negarles sus derechos más elementales a presumir su inocencia, a tener un abogado que los asista o a recibir visita de sus familiares y amigos más cercanos. Dicha conducta, igualmente, se hace extensiva a estos últimos, quienes deben soportar estoicamente los abusos y agresiones, las ofensas y provocaciones, los intentos de extorsión a cambio de conceder algunos “favores”, que muchas veces son la promesa de no seguir torturando a sus parientes o de brindarle alguna protección frente a riesgos mayores. También los ciudadanos comunes y silvestres que transitan las peligrosas calles de nuestras ciudades y pueblos, ante operativos de rutina, o quienes ejercen legítimamente su derecho a protestar frente a las mil razones y motivos que hoy existen para hacerlo, generalmente reciben un trato similar o equivalente al aquí denunciado.

En todos los casos, se trata de un comportamiento generalizado que se refuerza desde las más altas esferas de las instituciones del Estado, especialmente desde el Ejecutivo Nacional: un ejercicio del poder arbitrario y abusivo, autoritario y despótico, que se acompaña de un discurso prepotente, insolente, descalificador y estigmatizador; modela, promueve y ampara el comportamiento de los cuerpos policiales y militares y les garantiza impunidad. Del mismo modo, el Tribual Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, los tribunales y el sistema judicial como un todo, terminan por consagrar tal impunidad al dejar sin castigo la casi totalidad de los casos denunciados, con la única excepción de algunos cuya entidad y trascendencia mediática fuerza a tomar tibias medidas.

Tales instituciones, subordinadas absolutamente a Miraflores, conforman la base de un régimen que desde hace largo rato se apartó de la Constitución y Leyes de la República, de los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, para devenir dictadura cruel y criminal desprovista de toda base de legitimidad, del respaldo popular que alguna vez tuvo, que usurpa el Poder y le niega a nuestros compatriotas sus principales derechos sociales, económicos, políticos y culturales, incluidos el derecho a manifestar su descontento, a elevar sus reclamos ante las instancias de gobierno y a aspirar un cambio radical en la conducción y orientación de los destinos de la Nación.

Dicho régimen, desbordado como está por la magnitud de una crisis sin precedentes de la cual es su principal causa y el principal obstáculo para su superación, y que condena a nuestro pueblo al empobrecimiento, el hambre y la miseria; cercado como está por la presión de la comunidad internacional; y, sobre todo, agobiado como está por el rechazo de la inmensa mayoría nacional; un régimen como este, decimos, solo puede sostenerse en la concertación alevosa del entramado institucional construido como parte de su proyecto de poder, en la demagogia y el reparto de migajas a través del cual busca imponer su esquema de control social, en el respaldo y apuntalamiento del Alto Mando Militar y, finalmente, en el desarrollo de una política represiva y de terrorismo de Estado orientada a sembrar el miedo y a doblegar la voluntad de resistencia y la demanda de cambio que emerge de todos los rincones del país.

Es dentro de este contexto que debemos buscar explicaciones a un hecho tan aberrante y repulsivo como el que nos ocupa. Se trata de una práctica consuetudinaria que se ha convertido en doctrina de facto de los cuerpos policiales y militares del país, incluido aquel a quien corresponde investigar los sucesos denunciados, dolorosa e indignantemente verificada en múltiples y variados testimonios. Se trata de una conducta reiterada y sistemática amparada y promovida desde la jefatura del régimen, como parte una manera de concebir y desarrollar el ejercicio del Poder. Y se trata, también, de la adopción de una política de Terrorismo de Estado cuyos propósitos ya hemos señalado y de cuyo desarrollo este caso resulta, lamentablemente, una consecuencia lógica.

Profesor de la Universidad Central de Venezuela y activista político.