Juan Kujawa Haimovici | La prensa venezolana recientemente destacó hoy la voluntad del gobierno bolivariano de mantener como parte de su política de inclusión la salvaguarda de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Veamos que se destacó:

Tras recordar la publicación hace 11 años de la Ley que reconoce los derechos de ese grupo vulnerable, la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) apuntó que ese instrumento legal es producto de la lucha de la Revolución Bolivariana por dejar atrás el concepto de ‘incapacidad’ que recaía en ese sector población.

(La conceptualización de una condición, siempre obedece a las condiciones sociales – económicas – políticas y económicas de un país, adicionalmente a las políticas que surgen de organismos internacionales, como la Unesco y OIT entre otros, que en su época, desde1981, establecieron esos términos,)

Agregó que defiende a las personas con dificultades en sus capacidades motoras, auditivas, visuales, entre otras, teniendo en consideración la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Refiere que contempla la obligación de que al menos un 5 por ciento de individuos con algún tipo de discapacidad integren la nómina laboral de las entidades de la administración pública y empresas privadas, además de que se integren a actividades que se adapten a sus habilidades.

Gracias a la legislación se exige al Estado garantías para esas personas de viviendas dignas y de acceso a créditos para la construcción, adquisición o remodelación de su casa, indicó AVN.

También resaltó que gracias a la política de inclusión generada por el gobierno bolivariano, ese grupo vulnerable ha ganado espacios también en el terreno político como la actual Asamblea Nacional Constituyente.

En el foro plenipotenciario, se creó la Comisión para Personas con Discapacidad con vista a fortalecer las políticas sociales en el beneficio de ese sector de la población venezolana.

En conclusión esta voluntad política no se traduce en la práctica en:

1°. No existe un Plan Nacional a corto, mediano y largo plazo, como Política Pública del Estado Venezolano en materia de discapacidad. Existe si, una gran dispersión de organismos públicos en materia de atención a estas personas. A nivel del Ejecutivo está el Ministerio de Edu­ca­ción, el Ministerio de Salud, Dipais, el Ministerio del Trabajo. El Despacho de la Presidencia: Vice­mi­nisterio de la Suprema Felicidad Social del Pue­blo Conapdis, Misión José Gregorio Hernández, y los Consejos Presidenciales, y ahora la constituyente.

2°. No existen estadísticas públicas ni actualizadas acerca de cuantas personas con discapacidad hay en el país. Pero si existe una dispersión estadística, en su momento, de diversos organismos en la materia.

3°. No existen estadísticas púbicas de cuantas personas con discapacidad están incorporadas al mercado de trabajo, ni por sectores, ni por áreas.

4°. El espacio político no se traduce en la representación de diputados en la Asamblea Nacional, de personas con discapacidad.

5°. No existe un sistema de transporte público superficial, accesible a personas con discapacidad

6°  Las barreras arquitectónicas es un asunto pendiente en materia de políticas públicas.

7°. No se ha constituido el Sistema Nacional de Atención integral de las PcD., por parte del Ministerio con competencia en materia de desarrollo social. Art. 53 Ley para PcD.

8°. Se desconocen los resultados de las políticas promovidas para el acceso de las PcD, a la educación en general.

9°. El difícil acceso a los servicios bancarios, por parte de las PcD, que obliga a que un 33% de los servicios de telecajeros estén adaptados para su uso por parte de las PcD.

10°. Ausencia de campañas de concientización pública acerca de la discapacidad en los medios de comunicación.

11°. La no inclusión de la discapacidad en el currículo escolar y universitario.

12°.El desconocimiento por parte del Estado del papel de las ONGs privadas.

13° La no vinculación, en la práctica,  de las tecnologías de la comunicación para la educación de las PcD.

14° La no sinceración operativa de las unidades municipales para las PcD.

15°. El BCV no incluye en sus análisis económicos del país, el aporte al Producto Interno Bruto de las personas con discapacidad.

16°. El no abordaje de las PcD en situación de mendicidad.

17°. La no aplicación y seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con discapacidad en el país aun siendo obligatorio, por haberla suscrito, aunque tardíamente en 2013, Venezuela.

18° La voluntad política, (Esa si existe) es igualmente dispersa y ajustada si, a intereses de la política, no  de la política pública en materia de discapacidad…

18°. Agregue usted…

Lic. en educación. Unesr. Especialista en Gerencia y en RRHH (USM / UNESR).
Diplomado en Como Enseñar Etica y Capital Social. UNAM / OEA
Componente Académico Maestria en Educación Superior. USB
Docente UNES.
Docente CIU
Interés académico en Etica Profesional y Políticas Públicas y Discapacidad.
Docente en pre y postgrado
politicaspublicasydiscapacidad@gmail.com