Rafael Venegas |​ El referéndum aprobatorio de la actual Constitución se llevó a cabo el 15 de diciembre de 1999 bajo los estragos de intensas lluvias que afectaron todo el territorio nacional desde varios días antes, cuya consecuencia mayor fue el tristemente recordado deslave de Vargas. Numerosas voces se levantaron en la víspera para solicitar la suspensión de dicha consulta, en consideración a la emergencia nacional provocada por las lluvias, la cual demandaba atención prioritaria, y a la importancia de que la mayoría nacional participara en respaldo o no a la carta magna que habría de regir los destinos de la Nación a partir de la alborada del nuevo milenio.

La voz de la sensatez y la responsabilidad fue desoída entonces. A troche y moche y contra las circunstancias adversas, un poder ambicioso e impaciente, incapaz de ponderar la magnitud del desastre nacional en curso, continuó adelante su plan de referéndum, cual músicos del Titanic mientras el barco se hundía. Así, la nueva Constitución nacía bajo la impronta de una dolorosa tragedia nacional, bajo una estela de destrucción y muerte que sembró el luto en todos los hogares del País y con una participación electoral magra que la hacía ilegítima desde su alumbramiento, muy a pesar del entusiasmo y las expectativas despertados por la Constituyente a lo largo de aquel año.

Hoy han sido convocadas unas elecciones parlamentarias bajo los signos de la arbitrariedad, el atropello y la irresponsabilidad. Guardando la distancia, las proporciones y la singularidad de circunstancias, es posible, sin embargo, establecer un parangón con las condiciones que rodearon la realización de aquel referéndum y a presagiar similares resultados. Los comicios anunciados cabalgan sobre un estado de cuarentena y confinamiento, producto de la pandemia del COVID 19, cuya curva de ascenso crece exponencialmente sin alcanzar aún su pico, de acuerdo con la opinión de los expertos. A su vez, esta crisis sanitaria se desarrolla en medio de otra, aún más profunda y generalizada, definida por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como una Crisis Humanitaria Compleja.

En tal contexto, por ejemplo, se formula un cronograma electoral rígido, entre cuyos primeros pasos está la apertura del Registro Electoral para la inscripción de nuevos votantes (del 13 al 26 de julio 2020), al mismo tiempo que se decreta una cuarentena radical. La pregunta es obvia: ¿Cómo conciliar una y otra cosa? ¿Cómo facilitar la inscripción de nuevos electores si, a la vez, se los confina a las estrechas fronteras de sus hogares? Entretanto, circulan audios en los cuales las jefaturas medias del PSUV orientan a sus subalternos a agrupar a los suyos para ser inscritos, para lo cual disponen de equipos técnicos y logísticos que, en teoría, son de uso exclusivo del CNE. En otras palabras, mientras al elector común se le priva, de hecho, del derecho al sufragio, el oficialismo juega con ventaja y fraudulentamente.

La selección de los organismos electorales subalternos, un simulacro electoral anunciado para el 11 de octubre, unas ferias electorales a realizarse durante el mes de noviembre y una cortísima campaña electoral de 15 días, forzosamente mediática por cuanto están prohibidas las movilizaciones y concentraciones de gentes, completan un cronograma electoral reducido a mera formalidad. Esto consolida las irregularidades reseñadas en el párrafo anterior: las ciudadanas y ciudadanos quedan excluidos de un proceso del cual tendrían que ser protagonistas principales, las opciones distintas al continuismo gobernante –si las hay– quedan “pintadas en la pared” y el oficialismo consagra su juego desigual, ventajista y fraudulento.

Más grave aún que lo señalado antes, es el desarrollo de este cronograma en medio de una pandemia en franco proceso de crecimiento y expansión, con un sistema de salud en ruinas, sin los servicios básicos mínimos que garanticen las medidas preventivas y con un pueblo sometido cada vez más a las inclemencias del empobrecimiento y el hambre. En tales condiciones, más de la mitad de la población, que no tiene un empleo formal, que no cuenta con 15 y último, burla todos los días los rigores del confinamiento para salir a bregarse el pan de sus hijos, aun a riesgo de su salud y la de su familia. La otra franja de connacionales, sin embargo, no está exenta de esta suerte, por cuanto sus menguados ingresos no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica de bienes y servicios.

Continuar, entonces, con el empeño de realizar estos comicios contra viento y marea, nos confirma que la cuarentena y el confinamiento son, a los efectos de lo aquí considerado, una coartada para desmovilizar al pueblo y jugar con ventajas y las elecciones convocadas una mera formalidad para lograr el objetivo que se ha trazado el régimen con ellas: recuperar el control mayoritario de la Asamblea Nacional al costo que sea.

Si es verdad que la prioridad es la salud y la vida de nuestra gente, lo pertinente es diferir las elecciones parlamentarias convocadas a fin de reducir en algo los estragos del COVID 19 sobre el debilitado cuerpo de la Nación, conformar un gobierno de unidad y emergencia nacional que atienda la crisis humanitaria existente y reconfigurar las condiciones de todo orden para hacer posible la realización de elecciones justas, transparentes y libres, en las cuales se exprese sin restricciones ni apremios la voluntad soberana del pueblo. Si queremos evitar otro deslave, las elecciones parlamentarias deben ser postergadas.

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular