Carlos Patiño |

“Aquí cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”.

Los corruptores; Jorge Zepeda Patterson

El compromiso de la VIII Cumbre de las Américas es elocuente: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. En el documento, los Jefes de Estado acordaron fortalecer las instituciones democráticas para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio, brindar garantías de acceso a la información, promover la cooperación jurídica internacional; así como el combate al cohecho, al soborno, al crimen organizado y al lavado de activos.

Es evidente la influencia del escándalo transnacional de Odebrecht en la resolución de la Cumbre. Por solo mencionar dos de los casos más sonados: Pedro Pablo Kuczynski ofreció su renuncia a la presidencia de Perú después de la difusión de un video de compra de votos para frenar su destitución en el Congreso; seguido del fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil  en contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien a pesar de liderar las encuestas presidenciales, probablemente conocerá los resultados en prisión.

Algunos sectores políticos han calificado las recientes acciones contra la corrupción de excesivas, violatorias del estado de derecho y desestabilizadoras al provocar destituciones, dimisiones presidenciales, inhabilitaciones y hasta cárcel. Sin negar las arbitrariedades procesales que se deban corregir, estas medidas y los precedentes que sientan están más cerca del ideal de justicia que tolerar la impunidad de los poderosos, por muy populares que sean. Lo que no debe convertirse en una versión de la “lucha contra el terrorismo” en cuanto a violaciones del debido proceso y la presunción de inocencia.

A pesar de que la última encuesta de Latinobarómetro establece que en promedio, apenas el 30% de los habitantes de la región dicen estar satisfechos con el funcionamiento de la democracia, principalmente por insatisfacción de derechos económicos, sociales y de acceso a la justicia; países en dictadura como Venezuela, con instituciones cooptadas o sometidas por el partido de gobierno, son ajenos a la cruzada anticorrupción que surca el continente a pesar de las recurrentes denuncias y los señalamientos.

La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, solicitó desde Colombia la captura internacional de Nicolás Maduro por presunto recibimiento de pagos de sobornos de manos de la constructora Odebrecht. Sin embargo, la dictadura en Venezuela ha impuesto una institucionalidad paralela a través de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), desestimando las iniciativas de la fiscal general y del Tribunal Supremo en el exilio designado por la Asamblea Nacional; por lo que la incidencia de estos órganos, producto del choque de poderes, entran más en el espectro político que en el terreno jurídico.

El gobierno es el responsable de la pobreza y la emergencia humanitaria compleja, ocasionada en gran medida por la corrupción. En la experiencia venezolana, a menos  democracia, más impunidad y corrupción; a más dictadura, mayor violación de los derechos humanos, en especial los económicos y sociales.

El rescate de la democracia no solo implica un cambio de presidente: pasa por la construcción de instituciones sólidas, con independencia de los poderes públicos, la garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la sociedad civil y la dignificación de la función pública. Pese a las turbulencias políticas, es innegable que la democracia es vital para hacer justicia.

Las organizaciones de la sociedad civil continúan su labor de documentación, registro y difusión de los atropellos del gobierno; a la vez que siguen expectantes ante los procesos judiciales en tierras vecinas. Por los momentos, en Venezuela, los lobos de la corrupción siguen cuidando el rebaño.

Abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea. Lee y escribe cuentos cuentodelcamino.blogspot.com @carlosdpatino