Calixto Ávila/ Con la pandemia del COVID-19, las organizaciones internacionales y regionales de Estados hacen frente a una prueba sin precedentes históricos que pone en cuestión sus prioridades, sus capacidades y su funcionamiento. Responder a la pandemia para lograr salvar el mayor número de vidas, requiere esencialmente de la solidaridad y la responsabilidad no solo entre familias, vecinos y comunidades, sino también entre naciones. Como entre vecinos, las naciones deben cooperar y actuar responsablemente, pues la salud del otro es a la larga la garantía de la salud propia, y, superada la pandemia, la posibilidad de recuperación del otro es también la propia posibilidad de recuperarse.

Más concretamente, esta pandemia es una prueba mayúscula para los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y para los Estados como principales responsables de respetar y garantizar esos derechos. En especial porque la pandemia pone en riesgo todos los derechos humanos de manera simultánea, masiva y global, con diferencias de un país a otro y de una región a otra. El impacto en un país desarrollado es y será muy diferente al impacto en un país subdesarrollado, al igual que entre regiones más vulnerables o menos vulnerables, como puede suceder por ejemplo entre América Latina y África, con respecto a Europa.

A pesar de las limitaciones impuestas para controlar la expansión de la pandemia, las organizaciones intergubernamentales de derechos humanos están debatiendo y produciendo decisiones y recomendaciones dirigidas a los Estados para que las incorporen al elaborar e implementar las políticas públicas.

A nivel interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 10 de abril la Resolución 1/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, con un catálogo de 85 recomendaciones dirigidas a los Estado Miembros de la OEA. Esta resolución busca: orientar las políticas públicas para atender el derecho a la salud y otros derechos económicos, sociales y culturales; encuadrar los estados de excepción, protegiendo las libertades fundamentales y el Estado de Derecho; proteger a los grupos en situación de especial vulnerabilidad; y, estimular la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas. Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales”. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó el jueves 9 de abril, la Declaración “COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de Derechos Humanos y respetando las obligaciones internacionales”. La Presidenta de la Corte Interamericana, Jueza Elizabeth Odio Benito, dijo que esa declaración tiene por objeto que “los Estados tengan presente y no olviden sus obligaciones internacionales y la jurisprudencia de la Corte para asegurar la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos en la respuesta y contención ante la pandemia”

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha publicado este 7 de abril su segundo informe sobre “El COVID-19 y el mundo del trabajo” haciendo sugerencias a los Estados para dar “respuestas a nivel político”. Entre otras recomendaciones, afirma la OIT que “Las respuestas a nivel político tienen que contemplar cuatro pilares: Pilar 1: Estimular la economía y el empleo; Pilar 2: Apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos; Pilar 3: Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; Pilar 4: Buscar soluciones mediante el diálogo social”.

Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuyas sesiones fueron suspendidas en marzo debido al COVID-19, ha iniciado sesiones informales vía teleconferencias con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. La primera de ellas ocurrió el 9 de abril, con la participación de representantes de los Estados y algunos voceros de la sociedad civil. La Alta Comisionada hizo un balance de la situación y propuso 7 líneas de acción para enfrentar la pandemia y sus efectos: 1. mitigar los efectos de la pandemia en las mujeres y en grupos vulnerables; 2. tomar medidas para absorber el choque económico y social de la epidemia, y minimizar la expansión de las desigualdades; 3. proteger a los trabajadores de la salud; 4. no aceptar formas de nacionalismos o búsquedas de chivos expiatorios para culparlos de la situación; 5. en todo momento, durante y tras la pandemia, deben ser incorporadas las instituciones nacionales de derechos humanos, los activistas de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos; 6. las sanciones sectoriales que tengan impacto negativo en el derecho a la salud y los derechos humanos de personas vulnerables, deben ser inmediatamente levantadas o adaptadas con efectivas exenciones humanitarias para asegurar el acceso a insumos vitales; y, 7. el Consejo de Derechos Humanos debe ser capaz de responder a todos los problemas de derechos humanos relacionados con el COVID-19.

Hoy más que nunca las organizaciones intergubernamentales deben mostrar que están a la altura de las circunstancias para las que fueron creadas. Los Estados deben también actuar en consecuencia y atender los estándares que están en el derecho internacional que los obliga. En particular, las instituciones internacionales de derechos humanos ya están orientando a los actores políticos sobre la manera de responder a la crisis respetando los derechos humanos de la población. Sus recomendaciones deben ser atendidas pues son producto de la experiencia colectiva de la humanidad, especialmente en momentos en que hacemos frente a un peligro que no distingue fronteras.

Calixto Avila es experto en derecho internacional de los derechos humanos, asesor de Provea ante el Sistema de Protección de Naciones Unidas.