Marino Alvarado Betancourt | La mañana del 24 de julio de 2015 no fue un día normal para más de 120 familias que habitaban el sector La Ensenada en el kilómetro 3 de la carreteara Panamericana en Caracas. A las 4 de la mañana fuerzas policiales y militares tomaron la zona. Nadie podía entrar o salir. Su habitantes al principio pensaron que se trataba de un operativo más de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP). Igual se preocuparon, ya que conocían los antecedentes de tales operativos atropellando a la población. Pero, éste era diferente. Traía más maldad. Junto a los vehículos policiales y militares, aparecieron tractores. La orden estaba dada. Había que desalojar a toda la población, pero no solo sacarla de sus viviendas. Había que destruirlas.

No hubo compasión. Tampoco espacio para el diálogo. Ni siquiera explicaciones. Bajo amenaza, la que producen las voces altaneras y la punta de los fusiles, se les dio una hora para recoger sus enseres. Así mismo, una hora.

El humanismo que tanto pregona el presidente Maduro y su equipo de gobierno no estuvo presente. Imperó todo lo contrario

Ejecuciones policiales, desapariciones forzadas, torturas, allanamientos ilegales, hurto de bienes, desalojo y destrucción de viviendas en varios lugares del territorio nacional

Los operativos OLP ordenados por el presidente Nicolás Maduro y apasionadamente dirigidos por el actual director del Sebin el General Gustavo González López y el ministro del interior Néstor Reverol, han dejado en año y medio de aplicación una estela de graves violaciones a los derechos humanos. Ejecuciones policiales, desapariciones forzadas, torturas, allanamientos ilegales, hurto de bienes, desalojo y destrucción de viviendas en varios lugares del territorio nacional.

Así como el Ministerio Público ha investigado y posteriormente llevado a juicio algunos de los responsables materiales de esos abusos, debe investigarse y juzgarse a sus principales autores intelectuales.

En La Ensenada se dejó a niños, niñas y adolescentes en la calle. Les tocó ver como la vivienda que con tanto esfuerzo construyeron sus padres era en pocos minutos derribada. Y así, su calidad de vida desmejorada por una inhumana y arbitraria orden. Algunos tuvieron que abandonar la escuela y otros ir de errantes a otros lugares del país.

Quienes integran esas 120 familias no se han resignado. Se organizaron en el Comité de Víctimas de la OLP. Han ido a diversas instituciones a denunciar lo ocurrido. En más de una les han ofrecido resarcir el daño causado, pero todo se queda en promesas. Mientras tanto, el tiempo pasa y la angustia crece. Seguirán luchando.

La arbitrariedad, el abuso de poder, la falta de humanismo, no solo derribó casas y dejó familias humildes en la calle, les arrebató la posibilidad de celebrar la navidad en comunidad.

Abogado y activista de Derechos Humanos
@marinoalvarado