Marino Alvarado | La dictadura de Maduro creó una institucionalidad favorable al abuso de poder, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad. Así, el triángulo que propicia la injusticia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Poder Judicial no garantizan investigación y sanción a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Por ello, más de 100 organizaciones de la sociedad civil le vienen solicitando al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que cree una Comisión de Investigación para Venezuela,  un mecanismo que ha sido impulsado por la ONU en diferentes situaciones graves en materia de derechos humanos, para poder establecer la verdad y señalar responsabilidades. La tarea de la Comisión de Investigación puede ser complementada con un mandato más específico hacia la Oficina de la Alta Comisionada para que continúe monitoreando y reportando al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación, con tareas más precisas y reportes más enfocados en temas concretos, como por ejemplo, el derecho a la alimentación, a la salud y acceso a los servicios públicos, políticas de seguridad y su impacto en los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, impacto del Arco Minero del Orinoco en los derechos humanos, entre otros.

Sin embargo, Naciones Unidas también tiene otro mecanismo que también puede contribuir a que haya justicia en Venezuela, ese mecanismo es la Misión de Determinación de Hechos.

La tarea de la Comisión de Investigación puede ser complementada con un mandato más específico hacia la Oficina de la Alta Comisionada para que continúe monitoreando y reportando al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación

La Misión de Determinación de Hechos tiene un mandato también amplio de investigar graves violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de ello es la establecida con carácter de urgencia por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2017, para determinar los hechos y circunstancias de las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y de seguridad en la República de la Unión de Myanmar en Asia también conocida como República de Birmania.

La misión internacional independiente integrada por tres expertos fue designada por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, para determinar los hechos y las circunstancias de  detenciones arbitrarias, torturas y tratos inhumanos, violaciones y otras formas de violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y la destrucción ilícita de bienes, con miras a garantizar la plena rendición de cuentas de los responsables y la justicia para las víctimas. Se le solicitó que esa Misión presentará un Informe Oral al Consejo información actualizada en seis meses. En agosto de 2019 la Misión presentó un su más reciente Informe escrito. Naciones Unidas decidió avanzar muchos más en las investigaciones realizadas y para tal fin creó un Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar que trabajará a partir de la documentación y recomendaciones de la Misión.

La Misión concluyó que el Estado de Myanmar ha incurrido en responsabilidad por haber incumplido la prohibición del genocidio y los crímenes de lesa humanidad, así como por otras infracciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Para que tengamos una idea de la labor de la Misión ella entregó al Consejo de Derechos Humanos  una lista confidencial de personas sospechosas de estar involucradas en delitos de derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, cometidos desde 2011 en los estados de Rakáin, Kachin y Shan. Esta lista es mucho más extensa que la lista inicial de seis generales de alto rango del Tatmadaw publicada por la misión en 2018. Consta de más de 100 nombres, entre ellos los de soldados y mandos del Tatmadaw, la policía, la policía de fronteras y otras fuerzas de seguridad, como los funcionarios de prisiones, así como autoridades civiles, entre ellas representantes de los distritos, los estados y la Unión, particulares y miembros de grupos armados no estatales. Asimismo, figuran en la lista numerosas entidades a las que estaban afiliados los presuntos responsables de delitos, por ejemplo determinadas unidades de las fuerzas de seguridad, determinados grupos armados no estatales y determinadas empresas.

Para establecer las responsabilidades los expertos analizaron el contexto general de las violaciones y se entrevistaron con numerosas víctimas, testigos, organizaciones no gubernamentales, diplomáticos. Recopilaron miles de evidencias.

Es importante destacar que la Corte Penal Internacional finalizó en julio de 2019 el examen preliminar que adelantaba en Myanmar y la Fiscalia solicitó autorización para abrir una investigación. La misión mantiene una estrecha cooperación con la Fiscalía y apoya enérgicamente su labor y toda oportunidad de exigir responsabilidades por delitos penales en el ámbito internacional.

De tal manera que tal como ocurrió en Myanmar si el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no establece una Comisión de Investigación para Venezuela, pudiera designar una Misión de Determinación de Hechos, que en el contexto actual del país pudiera colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el actual Examen Preliminar y además establecer un conjunto de recomendaciones para avanzar en la lucha contra la impunidad.

Abogado y activista de Derechos Humanos
@marinoalvarado