Rafael Venegas | Empecemos por la conclusión: es urgente un acuerdo en función de conformar un Gobierno de Unidad y Emergencia Nacional. Los vientos gélidos del hambre amenazan con convertirse en una tormenta arrojando sus puñales de muerte sobre la aterida piel de nuestra patria. Pronósticos serios de organismos internacionales calificados advierten acerca del peligro real de que una hambruna entierre sus fauces en el maltrecho cuerpo de la Nación; es decir, sobre nuestra gente, sobre seres humanos concretos. Como siempre, las víctimas serán los más pobres, cuyo número crece al influjo de la crisis; los grupos más vulnerables y, dentro de ellos, dolorosamente, la población infantil. La pregunta a responder, entonces, es: ¿Cuántos muertos tendremos que contar para entender que es perentorio un giro de 180º en la conducción y orientación del rumbo del País?

En el contexto de la pandemia mundial del COVID-19 y de las medidas de cuarentena y confinamiento que, entre otras, han sido adoptadas, organismos como la ONU, la OIT, el FMI y la CEPAL anuncian la entrada, desde ya, en una crisis recesiva de alcance planetario y de dimensiones inéditas. Millones de puestos de trabajo se han perdido y se seguirán perdiendo, se flexibilizarán aún más las relaciones laborales y se modificarán sensiblemente los términos de realización de la actividad productiva. La demanda energética seguirá siendo baja, por lo cual no se vislumbra una recuperación importante de la producción y precios del petróleo y sus derivados.

El conjunto de las materias primas, energéticas o no, será afectado en igual sentido. Las exportaciones se verán reducidas como consecuencia de la recesión económica y en virtud de los requerimientos de las economías nacionales, mientras las importaciones no podrán ser satisfechas a plenitud por las mismas razones. Se prevé una escasez de bienes y servicios, un encarecimiento de sus precios y un abaratamiento de la fuerza de trabajo. Los Estados, gobiernos y órganos del sistema financiero internacional serán rebasados por las necesidades de financiamiento, estímulos y subsidios a la producción y al consumo, así como por las políticas y programas de compensación social dirigidos a las poblaciones más vulnerables y empobrecidas ante el desempleo y la precarización del trabajo. En general, todos los países y economías, en mayor o menor grado, han sido afectadas y lo serán aún más en el futuro inmediato, en dependencia de sus capacidades, fortalezas y debilidades.

Frente a este panorama sombrío, Venezuela constituye uno de los países más vulnerables. Tenemos una economía en ruinas que combina la más alta inflación del planeta con la depresión económica más honda del mundo; un colapso general de todos los servicios públicos y 90% de los hogares venezolanos padecen, en distintos grados, los rigores del empobrecimiento y el hambre. La dolarización de facto de la economía y de los precios de todos los bienes y servicios; la destrucción de nuestro signo monetario; la pulverización del salario, la contratación colectiva y la seguridad social de los trabajadores, entre otros elementos, terminan por configurar la que ha sido calificada, desde antes de la pandemia, como una Crisis Humanitaria Compleja por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Consideración aparte amerita la situación de los cinco millones de compatriotas que constituyen nuestra diáspora. Ellos serán –ya han comenzado a serlo– de las primeras víctimas de esta crisis que apenas inicia su carcoma. Su situación de extranjeros y su condición, básicamente, irregular profundizará la furia racista y fascistoide de la xenofobia que han estado sufriendo y serán arrojados masivamente al campo del desempleo, el subempleo y la precarización del trabajo. Paradójicamente, quienes se fueron del País huyendo de la crisis, con la luz de un horizonte promisorio alumbrando sus sueños y esperanzas, se verán aún más empobrecidos, iniciarán –como ya estamos viendo– el retorno a la Patria, con lo cual se profundizará la crisis nacional y se verán reducidos los ingresos por remesas, que el año pasado representaron un alivio parcial a los padecimientos de numerosas familias y a la economía misma.

Sobre este telón de fondo –que incluye una nueva caída de 18% del PIB y una inflación promedio de 10.000% para 2020, de acuerdo con estimaciones preliminares de la CEPAL y el FMI– el riesgo de la hambruna exhibe su guadaña. En días recientes Naciones Unidas ha ubicado a Venezuela en una lista de diez países cuyas condiciones entrañan el peligro cierto de que sobrevenga este flagelo. El informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU señala que el 32,2% de los hogares venezolanos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. La desnutrición infantil se elevó al 13,2% entre febrero y marzo del presente año, de acuerdo con cifras aportadas por Caritas.

Susana Raffalli, experta en el tema, afirma que nueve millones de compatriotas están en condición de agotamiento de sus medios de sustento. No contamos con reservas alimentarias para afrontar un agravamiento de la problemática en el corto y mediano plazos. El mercado mundial de alimentos se verá afectado por la crisis, por lo que no tendremos a dónde acudir para importarlos ni contamos con los recursos financieros para hacerlo. Puede sobrevenir la hambruna –alerta la especialista– y unos niveles de desnutrición que podrían producir una mortalidad infantil crecida exponencialmente. Se avecinan tiempos de mucha tensión, hambre y presión social que no estamos en capacidad de manejar por un Estado limitado y sin liquidez, concluye Raffalli.

Llama la atención, no obstante, el hecho de que el Plan de Respuesta al COVID 19, diseñado por ONU-Habitat para 64 países, no incluye a Venezuela. No se conocen razones para esta exclusión, pero es posible pensar que la crisis política del País gravita al fondo de la decisión tomada. El orden constitucional y legal está resquebrajado, las principales instituciones del Poder Público han sido secuestradas y convertidas en marionetas manejadas desde Miraflores. Tenemos, de hecho, al menos dos Presidencias y dos Asambleas Nacionales, lo que conforma una dualidad de poderes, ambos resquebrajados y sin capacidad para asegurar la gobernabilidad. Existe una crisis de legalidad, legitimidad y representación que se traduce en caos institucional y político. No hay certidumbre ni garantías de cara al País y a la comunidad internacional.

El hambre, sin embargo, no espera por el desenlace de la confrontación política. Recientemente hemos visto desbordarse la protesta, en algunos casos los saqueos, frente a la carestía de los productos de la dieta básica, la escasez de gasolina y gas doméstico, la falta de agua y los recurrentes apagones. Cumanacoa, Punta de Mata, Maturín, Turmero, Barquisimeto, Maracaibo, Guanare, Valles del Tuy, Upata y otras ciudades y pueblos han sido escenarios de airadas protestas sofocadas con violencia por los cuerpos policiales y militares, así como por los grupos paramilitares y mercenarios al servicio del régimen. Esta situación tenderá a incrementarse en la medida en que se prolongue la parálisis del País. Más de la mitad de la fuerza de trabajo oscila entre el desempleo y la informalidad, por lo que su ingreso depende del día a día, mientras el resto devenga salarios míseros y se halla desprotegido por la ausencia casi absoluta de seguridad social. Las menguadas dádivas repartidas por el régimen son insuficientes, irregulares y de alcance limitado. Así las cosas, el malestar social, traducido en angustia y desesperación, amenaza con transformarse en revueltas de impredecibles consecuencias, frente a las cuales la dictadura no tiene otra respuesta que la represión, el silencio y la mentira.

Solo la apertura de un canal humanitario para que fluya de forma coordinada y sostenida la ayuda internacional, un crédito blando a través del FMI, el BM y/o el BID y un programa integral de medidas económicas y financieras orientado a abatir la hiperinflación, a reactivar el aparato productivo, a restablecer el poder adquisitivo de los salarios y recuperar los servicios públicos, entre otras cosas, permitirán hacerle frente a los estragos del COVID 19 sobre la salud de la población, sobre la economía y las condiciones de vida y trabajo de nuestro pueblo. Esto no es posible bajo la presidencia de Maduro. Tampoco el gobierno interino de Guaidó puede garantizarlo. Es urgente, entonces, un acuerdo nacional, amplio, democrático, incluyente, cuya posibilidad, ciertamente, está en manos de ambos sectores, a fin de conformar un Gobierno de Unidad y Emergencia Nacional que, insoslayablemente, debe contemplar también importantes medidas en el orden social y un entendimiento para recomponer la base política e institucional del País en corto plazo y para relegitimar la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional en un lapso no mayor de un año.

Cerramos con la pregunta inicial: ¿Cuántos muertos más habrá que contar para entender que es imperativo un acuerdo a fin de conjurar los riesgos de la hambruna y la anarquía?

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular