Rafael Venegas | Pareciera una obviedad que en Venezuela es necesario un gran acuerdo nacional entre todos los sectores económicos, sociales y políticos para encarar con urgencia la grave situación derivada de la irrupción en el País de la pandemia del coronavirus COVID-19. La Secretaría General de la ONU, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS), acaban de calificar esta pandemia como el flagelo más terrible que ha azotado a la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial y advierten sobre sus nefastas consecuencias para todos los pueblos y naciones en el corto, mediano y largo plazos. Para nosotros, este acuerdo adquiere la forma de un Gobierno de Unidad y Emergencia Nacional. Su concreción es un imperativo de la hora presente y debe convertirse en un clamor nacional que tendrá que ser atendido.

No basta, sin embargo, con decirlo o proponerlo. Es necesario tomar la iniciativa tendente a hacerlo posible. La crisis de salud pública que sufrimos cabalga sobre sobre una nación en ruinas, con una economía destruida, un Estado literalmente quebrado y un sistema de servicios públicos desmantelado (con especial énfasis en la salud, el agua, la recolección de desechos sólidos, la electricidad y el gas doméstico). El hambre, la miseria y el empobrecimiento alcanzan, en distintos grados, al 90% de los hogares venezolanos. De allí, y de la profunda dependencia del País respecto de las grandes economías del planeta, se origina nuestra vulnerabilidad y riesgos frente a la pandemia.

El País no tiene los recursos para financiar las medidas sanitarias, económicas y sociales que se imponen en el corto y mediano plazos. Tenemos un déficit fiscal de más de 20 puntos del PIB, registramos una caída brutal de la producción y los precios petroleros, las arcas nacionales fueron saqueadas, las reservas internacionales están agotadas y algunas medidas que lucen impostergables suponen reducir aún más los ingresos fiscales e, inevitablemente, tendrán efectos inflacionarios. Solo la apertura de un canal humanitario para que fluya la ayuda internacional y un crédito blando a través el FMI, el BM y/o el BID pueden garantizar los recursos requeridos. Esto no parece posible en las circunstancias actuales. Estamos en presencia de un régimen maula, que endeudó al País en más de $160.000 millones y lo colocó en situación de impagos desde hace ya más de dos años, cuya capacidad para el pillaje y el dispendio es harto conocida, de una gran opacidad en el manejo de los asuntos públicos, cuyo legalidad y legitimidad está en discusión dado el origen fraudulento de la presidencia de Maduro y cuyos principales personeros son hoy objeto de graves acusaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y legitimación de capitales.

Tampoco la presidencia interina de Juan Guaidó y la alianza de fuerzas democráticas cuenta con la gobernabilidad requerida para colocarse al frente de la crisis. Ninguno de los dos sectores, por sí mismo, garantiza reunir las voluntades, capacidades y recursos necesarios para enfrentar con éxito la emergencia nacional y su existencia paralela constituye un grave obstáculo en este sentido. Solo un Gobierno de Unidad y Emergencia Nacional, de vocación democrática, patriótica y humanista, con representación de todos los sectores sociales y políticos y el más amplio respaldo nacional e internacional, puede garantizar el desarrollo de un Programa de medidas orientadas a garantizar la salud de la población, a preservarnos de la hambruna potencial que se vislumbra en la medida que, inevitablemente, se extiende la cuarentena y el confinamiento, a echar las bases para reflotar nuestra economía, revertir la devastación social y abrir cause a los insoslayables cambios políticos requeridos.

El Presidente interino, Juan Guaidó, lo ha propuesto sin encontrar eco en el régimen encabezado por Maduro y sin un sólido respaldo por parte de las fuerzas vivas del País, más allá de los partidos. El gobierno de los Estados Unidos, unilateralmente, lanza una propuesta similar sin el respaldo explícito de la comunidad internacional. El gobierno de Maduro responde rechazando ambas iniciativas, incrementando la represión y la persecución política, pero propone, al mismo tiempo, un diálogo cuyos interlocutores y alcances se desconocen.

Así las cosas, consideramos llegada la hora de acompañar la palabra con los hechos, de expresar coherente y consecuentemente la voluntad política para el entendimiento y los acuerdos. Lo que está en juego es la vida de nuestros compatriotas, sus condiciones de vida y trabajo en el devenir inmediato; el bienestar, la educación y el futuro de nuestros hijos. Llegó la hora de que la sociedad venezolana toda se pronuncie expresamente en torno a este asunto y se active en función de hacerlo posible. Las asociaciones empresariales y de los trabajadores; los gremios profesionales; las organizaciones defensoras de los derechos humanos; las Academias, universidades y la intelectualidad; los medios de comunicación; los partidos políticos; las organizaciones comunitarias y demás expresiones organizadas de la sociedad civil venezolana; todos estamos emplazados por la urgencia a tomar la iniciativa, a pronunciarnos individual y colectivamente, a respaldar consecuentemente esta propuesta hasta convertirla en un gran consenso nacional que se concrete en la conformación inmediata de un Gobierno de Unidad y Emergencia Nacional.

Igual rol debe cumplir la comunidad internacional. La OEA, la ONU, La Unión Europea, El grupo de Lima, las instancias defensoras de los derechos humanos; en fin, los gobiernos y órganos multilaterales de la comunidad internacional deben sumarse a esta iniciativa, persuadiendo y presionando cuanto sea necesario a fin de ampliar su respaldo, en función de atender eficazmente la emergencia causada por el coronavirus y perfilar soluciones más estables y duraderas a la tragedia nacional que padecemos.

Profesor universitario. Dirigente político. Secretario General de Vanguardia Popular