Durante el gobierno del expresidente Chávez la dirigencia política que hoy nos gobierna promovió y decretó en 2011 a través de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 1958-1998. Se pretendió hacer justicia ante las innumerables víctimas que dejó la represión que se desató en esas décadas. Pero promover la ley implicaba a su vez cuestionar ese pasado represivo donde se practicó la detención arbitraria y encarcelamiento de cientos de activistas sociales, se recurrió al uso de la justicia militar contra civiles, se practicó la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones realizadas por militares y policías.

Según el artículo 8 de la Ley uno de los propósitos era que nunca más se repitieran esos delitos de lesa humanidad y otras violaciones contra los derechos humanos. Se prometió un Nunca Más.

Solo fueron palabras. No había el más mínimo interés de superar ese pasado represivo. Solo fue discurso demagógico. Han resultado peores a lo que tanto cuestionaron.

El Informe de las investigaciones adelantadas por la llamada Comisión de la verdad fue presentado el 24 de marzo de 2017. Es decir, unos días antes que iniciara la Rebelión Popular abril- julio. Ya sabemos cómo actuaron ante el reclamo social.

En el Capítulo 2.1 denominado Violaciones de los Derechos Humanos como práctica y política de Estado durante el período 1958-1998 puede leerse lo siguiente sobre terrorismo de Estado: Es el desarrollo sistemático de una política de violencia, orientada a inducir miedo y terror en la población civil; para imponer obediencia y sumisión. Tiene, entre sus objetivos, exterminar al adversario y al disidente político. Se caracteriza por la violación permanente de los derechos humanos, dominio militar sobre la autoridad civil y predominio por parte del Estado de los valores bélicos en la sociedad. Esto se manifestó, en el caso venezolano que nos ocupa, en la suspensión de las garantías constitucionales; creación de decretos que suspendieron los derechos fundamentales; censura a la información; represión desproporcionada hacia los movimientos disidentes; torturas, ejecución extrajudicial, masacres, persecución ilegítima, asesinatos, detenciones, desaparición forzada, bombardeos a poblaciones campesinas, cercos militares a liceos, universidades, barriadas y zonas campesinas. Asimismo, todo el accionar anterior fue acompañado por campañas de terror psicológico hacia la población, expresadas en una represión generalizada, estigmatización de las luchas por reivindicaciones populares, redadas permanentes en los barrios, toma militar por parte de los cuerpos policiales de esas barriadas con gran despliegue, en algunos casos, de funcionarios militares. Que llegaron a imponer el estado de sitio; donde la población no podía entrar ni salir de sus viviendas.

Esa política y practicas represivas descritas son las que hoy tenemos presentes, pero en un grado superior. En una sola semana dos madres que a través de videos exigían se respetara los derechos humanos de sus hijos fueron detenidas. Se mantiene durante meses a presos políticos incomunicados, se niega el traslado de presos para atención médica. Nunca en un operativo policial de seguridad en la llamada Cuarta República se derribó la vivienda de los pobres como ocurrió con los operativos OLP en el kilómetro tres de la carretera panamericana en Caracas donde más de 100 viviendas fueron demolidas. Dos ejemplos de la mayor perversidad de la represión en estos tiempos de dictadura.

Quienes hoy gobiernan solo han garantizado hambre y represión y mientras sigan gobernando las condiciones de vida de las mayorías serán muy malas y se incrementarán las graves violaciones a los derechos humanos. El cambio no solo es una aspiración, es una necesidad y para muchos la esperanza para no sucumbir ante el hambre y la miseria.

Marino Alvarado Betancourt

@marinoalvarado