Marino Alvarado/ En el año 2017 Amnistía Internacional publicó un Informe sobre Venezuela denominado “Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela”. Afirmaba la organización “En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”

El informe se centró principalmente en los ataques que tanto policías, militares y grupos armados civiles realizaban contra las viviendas en el contexto de las protestas de ese año. Frecuentes lanzamientos de bombas lacrimógenas y allanamientos ilegales.

Tres años después la inseguridad que generan los policías en las viviendas se incrementó sobre todo en las zonas pobres. Destacan en esa perturbadora labor el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Policía Nacional Bolivariana a través de su componente las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes)

No hay hogar seguro en las zonas pobres de Venezuela. Y la policía en lugar de brindar tranquilidad genera zozobra. Del monitoreo a la actuación policial realizado por organizaciones de derechos humanos se desprenden diversos modos de actuación en los llamados operativos de seguridad que en realidad producen más inseguridad.

Allanamientos sin orden judicial con frecuencia en las madrugadas, portando capuchas, golpeando con violencia puertas y rejas dañando las cerraduras y entrando a las viviendas apuntando con sus armas incluso a menores de edad y adultos mayores.

Destrucción de bienes. Con la excusa de buscar armas o drogas, rompen con cuchillos y hojillas muebles y colchones, parten puertas, dañan televisores, peluches de los niños, y otros bienes.

Detienen y a menudo asesinan delante de las familias a presuntos delincuentes o, los familiares escuchan las detonaciones. Imaginen el terror de una madre y de niños y niñas vivir la situación de ver a su familiar asesinado en su propia vivienda e impedir, además, que sean auxiliados cuando quedan gravemente heridos. Recordemos el reciente caso en el Barrio El Limón en Caracas donde las Faes asesinaron a cinco personas entre ellas un escolta de la ministra del gobierno de facto Iris Valera. Ejecuciones como esa se realizan diariamente en todo el país en los barrios humildes sin que se investiguen y castigue a los responsables.

Robo de bienes. Las familias denuncian que además de la destrucción se apropian de teléfonos celulares, computadoras, juguetes, comida, licores, ropa, zapatos y electrodomésticos entre otros. Y si consiguen algo de dinero va a parar a los bolsillos de los funcionarios. Una clara violación del derecho de propiedad a familias que además con mucho sacrificio logran adquirir algunos bienes.

Agresiones físicas y verbales a los familiares incluyendo a adolescentes. Amenazas diciendo que si realizan alguna denuncia vendrán por más familiares.

A todas estas agresiones hay que sumar que para aparentar se produjo un enfrentamiento, disparan varias veces a las paredes o muebles.

Los momentos de terror que imponen las policías deja a familias angustiadas, nerviosas y con rabia frente a la actuación de quienes tienen la obligación de garantizar seguridad. Sus acciones constituyen una injerencia a la vida privada de las familias y dejan una sensación de inseguridad permanente. Ahí donde las familias deberían sentirse seguras, impera el temor. En el lugar donde los niños y niñas deberían sentirse protegidos, sienten angustia.

Abogado, Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea.