Gregorio Afonso/ Es poco responsable el anuncio de reinicio de clases en las universidades el 16 de septiembre realizado por el Ministro de Educación Universitaria César Trómpíz, porque no hace mención alguna a los problemas del sector universitario y un balance del Plan Universidad en Casa.

Ningún universitario aspira que la Instituciones de Educación Superior no continúen su labor formativa bajo la modalidad educativa que la actual circunstancia permita, pero eso no es posible sin tratar los problemas que amenazan la existencia de la universidad como institución generadora de conocimiento y formadora de profesionales

 El primero de esos problemas es el salario de los trabajadores universitarios, un tema apremiante, dado del agravamiento de la Emergencia Humanitaria Compleja que viven sus comunidades. El Estado venezolano con su política laboral, los ha condenado a la pobreza extrema. El sueldo más alto en tabulador salarial de las universidades es bs. 1.578.270,88, es decir, aproximadamente USD 5,4 al mes, lo que supone USD 0,18 diarios, una cifra muy inferior al ingreso mínimo vital de USD 1,9 que promueve el Banco Mundial.

En medio de la pandemia, la precariedad de las condiciones de vida de los universitarios se ha agravado, porque: la inflación no se detiene; se restringen las posibilidades de conseguir ingresos adicionales a través de otros trabajos y  disminuyeron las remesas familiares. De tal manera, que los universitarios no cuentan con otros recursos adicionales para seguir subsidiando indirectamente – como lo han hecho hasta ahora con su sobrecarga de trabajo y la descapitalización de sus familias- la actividad docente en las universidades.

Si no ocurre un viraje de la política salarial hacia el sector universitario que cambie radicalmente la actual y dote a las remuneraciones de sus trabajadores de mecanismos de indexación que eviten su depreciación, es poco probable el reinicio y sostenibilidad de la actividad académica de las universidades. Ninguna modalidad educativa, sea presencial o a distancia, podría sostenerse si, como lo señala la Rectora de la Universidad del Zulia, la profesora Aular: “nuestros profesores están pasando hambre”

El tema salarial antes y durante la pandemia está ausente en la política universitaria del Estado venezolano y de las declaraciones del ministro Trómpiz, se limita a los anuncios unilaterales de incremento del salario mínimo del gobierno de facto. No hay diálogo social alguno con las organizaciones de los trabajadores, no hay discusión de nuevas Convenciones Colectivas y se incumplen flagrantemente lo que ellas y otros instrumentos que regulan las relaciones de laborales del sector establecen.

 El segundo de los problemas no considerado por el ministro Trómpiz para una reanudación de la actividad docente en las universidades es la casi total destrucción del sistema de desarrollo estudiantil, el cual durante años hasta la primera década del siglo XXI, garantizó protección social al estudiante, evitando su deserción y apoyando su prosecución académica.

La educación universitaria, sea presencial o a distancia, supone gastos, en consecuencia solo podría ser posible para los estudiantes de los sectores populares si cuentan con el apoyo de becas que permitan cubrir significativamente los costes de su formación profesional. Sin embargo, esto no ocurre, las becas actuales no representan ningún auxilio, su monto es Bs. 720.000, es decir, aproximadamente USD 2,4, con el agravante que en  medio de la pandemia  el régimen  insiste en politizar este beneficio a través del sistema patria.

Tampoco hay anuncios de apoyo a los estudiantes asociados al Plan Universidad en Casa. El gobierno de facto no ha presentado ningún programa de financiación de planes de conectividad o dotación de equipos, orientado a garantizar, como recomienda la UNESCO, que ningún estudiante se quede atrás y sea excluido de la formación académica no presencial.

Pretender reanudar las actividades académicas y administrativas, bajo modalidades no presenciales sin abordar la precariedad de las remuneraciones y las becas de los universitarios, así como, la dotación de equipos y el financiamiento de planes de conectividad, es gestionar la educación universitaria de manera poco responsable, pues no se considera el limitado alcance y sostenibilidad que tendría esta decisión, especialmente, en las universidades públicas.

Lo responsable sería que el Ministerio de Educación Universitaria en vez de anunciar unilateral e infundadamente el “reinicio de las clases en las universidades” bajo modalidades no presenciales:

 

  1. Declare al Consejo Nacional de Universidades en sesión permanente, para analizar los resultados de la educación a distancia de las universidades públicas desde el inicio de la pandemia. Esto permitiría, identificar sus perspectivas correctamente.

 

  1. Convoque, de un lado, a los gremios y sindicatos de trabajadores universitarios para lograr acuerdos salariales que dignifiquen su trabajo y de otro, a la Confederación de Estudiantes Universitarios para relanzar un sistema de protección estudiantil eficaz, libre de discriminación política.

 

Dado el carácter autoritario del Estado venezolano, somos pocos optimistas de que el Ministerio de Educación Universitaria asuma prácticas democráticas y responsables en su gestión, sin embargo, nuestra condición de universitarios y la conciencia de la importancia del derecho al trabajo decente y el derecho al estudio para en el logro una vida digna, nos ratifica la pertinencia de advertir lo que consideramos incorrecto y proponer eventuales soluciones.

  • Profesor de la Universidad Central de Venezuela directivo  de la Asociación de Profesores