Marino Alvarado/ Del desprecio a la amenaza y, después, posiblemente la cárcel. Ese parece ser el destino para algunos venezolanos retornados. Y eso se los garantiza un gobierno que hace alarde de favorecer a los pobres.

Millones de venezolanos huyeron del hambre, la miseria o la represión y hoy algunos miles regresan. El COVID-19, sumado a la falta de protección por parte de los gobiernos de los países donde vivían, los obligó a regresar. Una buena parte de ellos caminando. El hambre, el frío, el cansancio y el peligro, no les impidió lograr el objetivo de llegar a la frontera con Venezuela. La mayoría llegó por la vía Cúcuta a San Antonio del Táchira.

El gobierno no los recibe con gusto. Ahora los han transformado en un nuevo enemigo. La descalificación es el primer paso y de manera despectiva se les dice “trocheros”, generando la idea que toda persona retornada recurre a vías ilegales para ingresar. Todo venezolano que llega a su comunidad después de haber sorteado dificultades y también posiblemente maltratos, termina siendo un sospechoso. Se asume que llevan en su cuerpo el virus COVID-19 y por lo tanto representa, según el gobierno, un peligro para la comunidad.

Reprimir, reprimir y reprimir es la filosofía de este gobierno. Todo lo quiere resolver de manera punitiva, imponiendo sanciones, penas, usando policías y militares para imponer miedo. Y en esa lógica se anunció que quienes sean detenidos pasando por una trocha serán mandados a la cárcel de El Dorado. Así es la maldad de este gobierno, capaz de encarcelar personas humildes quienes no han cometido ningún delito. A personas que requieren apoyo, se les ofrece más sufrimiento.

La campaña que viene desarrollando el gobierno de Maduro usando medios públicos para estigmatizar a los retornados deja en evidencia el carácter autoritario de quienes hoy mantienen el poder y su desprecio por los más pobres.

Una violación de derechos humanos a un colectivo en número creciente, como lo son los retornados, a quienes se les discrimina. Tal agravio ocurre ante un Defensor del Pueblo impuesto por la constituyente que calla y tolera tal situación y un Fiscal General constituyente que fue uno de los primeros que empezó a descalificar a los venezolanos y venezolanas que retornan.

Las acciones del gobierno de Maduro y los funcionarios que apoyan o toleran tales hechos, sigue engrosando el amplio prontuario de violaciones a los derechos humanos que tendrán que considerar tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Corte Penal Internacional.

Contrastando la actitud del gobierno, seamos solidarios con los retornados. Extendamos en cada comunidad la mano para que terminen de estabilizarse y se reinserten nuevamente a nuestra sociedad. Que el bien se imponga ante la maldad.