Gregorio Alfonso/ Luego del tradicional período vacacional del mes de agosto, se reinicia, en las dos últimas semanas del mes de septiembre,  la educación en todos sus niveles.  Dada la magnitud de la crisis generalizada que atraviesa el país y la desidia de la dictadura esta reincorporación no despierta entusiasmo, proyectos nuevos, perspectivas de recuperación solo muestra sombras y sin mucho esfuerzo permiten advertir, que asistimos a un nuevo capítulo de profundización de la crisis en el sector.

En el caso de la educación universitaria el reinicio es sombrío, la reapertura de las universidades se muestra incierta y desoladora. El crecimiento de las manifestaciones de deterioro (cerco jurídico y presupuestario, precarias remuneraciones y condiciones laborales, la imposibilidad de los jóvenes de sostener sus estudios universitarios, la inseguridad en sus campus, entre otros) es exponencial amenazando con su cierre técnico. La reincorporación a actividades de los universitarios, podría resumirse en un contexto en el cual la realidad que priva es: Universitarios empobrecidos y universidades en ruinas.

En este octubre de 2019, se cumple un año de la Declaratoria de Emergencia Humanitaria Compleja[1] en las universidades venezolanas. La primera en hacerlo fue la Universidad Central de Venezuela y luego, le siguieron La Universidad del Zulia y otras universidades autónomas, lo central en ellas era denunciar la precaria situación económica y social de sus comunidades. De ese momento a la fecha, la violación de derechos humanos en Venezuela se ha agravado, al punto de ser reconocido no solo por organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores académicos dentro y fuera del país, sino que ha alcanzo dimensiones de orden mundial a través de los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En síntesis, sobran las evidencias de que la crisis humanitaria que viven los venezolanos y entre ellos los universitarios, en el último año no ha hecho otra cosas que agravarse, con su consecuencias negativas en la vida de las personas y sus familias y en el caso de las universidades, en su funcionamiento institucional.

Las universidades se ven ante un reinicio que no estimula la reincorporación entusiasta de su comunidad, pues crecen las urgencias de sobrevivencia que obligan permanentemente la renuncia de sus trabajadores a un empleo y carrera laboral en otrora estable y bien remunerado. Para el momento en que se presentan estas notas, no existe trabajador universitario alguno, que pueda tan siquiera cubrir los gastos de movilización diaria que supone ir a trabajar. El mayor salario (profesor titular a dedicación exclusiva) en las universidades venezolanas  es de bs. 153.427.07, es decir, 7 USD según la tasa oficial. Su salario diario es bs. 5.114 lo que supone 0.23 USD,  cuando la canasta alimentaria en mes de julio se estimó en 3.247.472,13, lo que equivale a 405 USD.

De igual modo, los trabajadores universitarios no reciben ningún estímulo a través de beneficios contractuales, porque la protección a su salud y la de sus familias fue abandonada por el Estado Venezolano, en este caso a través de los aportes y/o planes de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM) dirigidos a los universitarios a través del Ministerio de Educación Universitaria.  La reciente gestión de Hugbel Roa Ministro de Educación Universitaria, finalizada en julio de 2019  – y la que inicia su sucesor César Tronpiz, no anuncia nada nuevo que no sea profundizar lo viejo-  convirtió el HCM básico de los trabajadores universitarios en un beneficio inútil, discrecional, en el que se institucionaliza el autoritarismo y la discrecionalidad, estas últimas cualidades permanentes en la violación de derechos humanos.

El HCM básico de los universitarios quedó reducido a solicitudes de socorro que los trabajadores y sus familiares envían al Ministro de Educación Universitaria y este a su vez remite a los burócratas de su cartera, para que estos discrecionalmente aprueben un tipo de auxilio para dar alguna cobertura a quien presentó una contingencia de salud. No existen condiciones y procedimientos que garanticen equidad, atención oportuna, y el derecho Constitucional a la salud.

De modo que, la precariedad y la desprotección social de los trabajadores universitarios anuncia un reinicio de actividades que parece más un hecho formal que una realidad práctica, que se muestra poco sostenible si el régimen se mantiene en el poder. La dictadura venezolana varió el método de aniquilamiento de las universidades, puesta en práctica por sus pares en cono sur y las venezolanas que le precedieron: redujo la intervención vía fuerzas represivas oficiales y cierre vía decretos; su “aporte”, en coherencia con lo que Tulio Hernández ha llamado el Neototalitarismo, es aniquilarlas, reduciendo su funcionamiento al mínimo y forzando el éxodo de la mayoría de su comunidad, la cual por su naturaleza crítica le cuestiona. De tal manera que el colapso de las universidades que dificultad su reinicio, no es casual, al contrario, es inducido y se inscribe en la orientación estratégica de la dictadura de desmantelar para controlar la totalidad del Sistema de Educación Universitaria.

A estas dificultades para el reinicio de las actividades en las universidades vinculadas a la realidad de los trabajadores, están las de orden presupuestario, las cuales fueron advertidas por el Núcleo de Vicerrectores Administrativos de las Universidades Nacionales, quienes en el mes de julio del presente año señalaron que “ la primera quincena del mes de enero es lo único recibido del presupuesto ordinario (en algunas IEU lo transferido esa primera quincena no representa ni el 50%), lo cual llegó a finales de marzo. Para el momento en el cual se pudo disponer de esos recursos, ya era demasiado tarde”  Más adelante son más específicos en relación de la afectación académica derivadas de la asfixia universitaria “durante todo el año no se ha contado con ningún tipo de recursos para las compras previstas de papel, marcadores, reactivos ni otros insumos básicos necesarios para sostener la academia, lo cual hace que sea un año extremadamente difícil”[2]. El funcionamiento de la universidad venezolana y con él la calidad de la educación y el derecho al estudio, es negado sistemáticamente por la dictadura.

Al igual que los trabajadores universitarios, los estudiantes también se enfrentan a dificultades ante la proximidad del reinicio de actividades en las universidades, dado que la dictadura pulverizo el sistema de Desarrollo Estudiantil,  el cual  a través de programas asistenciales y promocionales (becas, comedores, atención médica-odontológica, transporte, entre otros beneficios) facilitaba la permanencia y prosecusión de los estudiantes en las universidades públicas, en especial, los que provienen de los sectores populares.

En las Universidades Nacionales las Becas Estudio para los estudiantes de pregrado alcanzan un monto de Bs. 720,00, es decir, 0.033 USD al mes. Un aporte que no permite cubrir ni día de movilización en transporte público del estudiante de su residencia a la universidad. El presupuesto asignado a los comedores universitarios es absolutamente insuficiente, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, en la cual funciona el comedor universitario de mayor cantidad de comensales diario, el presupuesto 2019 sólo alcanzó para tres semanas de servicio de desayuno. Lo mismo ocurre con los servicios médicos – odontológicos para los estudiantes, cuyo presupuesto en universidades como la UCV, no representa ni el 10% de lo solicitado, por lo que no pueden funcionar[3]. El transporte, como ocurre en el sector público, se ha visto afectado por los altos costes de insumos y repuestos que imposibilita el mantenimiento de las unidades afectándose, en consecuencia, las rutas. En fin, las dificultades para los estudiantes, especialmente, lo de más bajos recursos crece exponencialmente.

Ahora bien, ante un panorama como el descrito ¿qué hacer? a) documentar las dimensiones de la crisis e identificar los responsables, porque detrás de ella se violentan derechos humanos. El registro y difusión de la crisis universitaria debe ser metódico e incluir todos los medios y actores posibles y b) es necesario articular una lucha nacional universitaria, en la que la movilización sea permanente y se articule en torno al derecho a la educación en condiciones dignas y el trabajo decente.

[1] Se trata como lo afirma Patiño, Carlos, defensor de los Derechos Humanos, es un tipo de crisis con características propias que como ocurre “el caso de Venezuela, la dictadura ha dirigido sus políticas al quiebre de las instituciones del Estado y el orden democrático del país con el objetivo de mantener el control absoluto del poder, provocando profundos y masivos daños a la vida y al bienestar social de la gente”. Disponible en: https://www.derechos.org.ve/opinion/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-emergencia-humanitaria

[2] NÚCLEO DE VICERRECTORES ADMINISTRATIVOS DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

COMISIÓN DE PRESUPUESTO. Disponible en: http://notiadmin.ucv.ve/?p=11508 02 de julio de 2019

[3] Información suministrada por la Licenciada Aurimer Meza Directora de la Organización de Bienestar Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela