Marino Alvarado | El riesgo para el personal de salud crece incesantemente en Venezuela. El coronavirus se extiende y las cifras de personas con COVID-19 ascienden de forma acelerada. En ese contexto el personal de salud sigue trabajando en condiciones no apropiadas y de alto riesgo de contagio.

Según la organización Médicos Unidos de Venezuela hasta el 08 de agosto 56 personas vinculadas al sector salud habían fallecido. Solo en el mes de julio fallecieron 25 según reporte de Provea en su informe del mes de Julio sobre condiciones y medio ambiente de trabajo del sector salud. Por su parte Ana Rosario Contreras presidenta del Colegio de Enfermeras indicó que en la primera semana de agosto ya había solo en Caracas 300 personas del sector enfermería afectadas por el COVID-19.

El personal trabaja con alto riesgo a su salud y con ingresos de hambre. Indica Provea en su reporte de Julio que el salario de un médico equivalía a 30 dólares mensuales con el cual solo podía cubrir menos del 6% de la canasta básica familiar la cual tenía un costo de 513 dólares. Una enfermera gana 18 dólares y el personal obrero 3 dólares.

Tanto en el sector público como en el sector privado los patronos tienen la obligación de cumplir con la Ley orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat). En el área de salud deben adoptar todas las medidas para garantizar condiciones adecuadas y seguras de trabajo. No podemos normalizar lo que no está normal. Tampoco podemos normalizar como parte de nuestro contexto nacional los reportes de personal de salud fallecido. Cada muerte no solo debe dolernos sino indignarnos.

El Estado venezolano no está cumpliendo con la ley, ni en su labor de garante de los derechos contemplados en ella ni en su papel de inspector para que se cumpla. Es su deber promover y garantizar trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Sencillamente convirtió la ley en letra muerta.

Pero los trabajadores y trabajadoras del país vinculados al sector salud tienen en la Lopcymat un instrumento para exigir sus derechos y para evidenciar por vías institucionales y en los medios de difusión, la situación irregular que pueda estar ocurriendo en cualquier centro de salud.

El personal de salud tiene derecho a no ser sometido a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres que, de acuerdo a los avances técnicos y científicos existentes, puedan ser eliminadas o atenuadas con modificaciones a las instalaciones o puestos de trabajo o mediante protecciones colectivas.

Pueden según la ley rehusarse a trabajar, a alejarse de una condición insegura o a interrumpir una tarea o actividad de trabajo cuando, basándose en su formación y experiencia, tenga motivos razonables para creer existe un peligro inminente para su salud o para su vida sin que esto pueda ser considerado como abandono de trabajo.

En este momento por el cual atraviesa el país y donde además hay personal de salud limitado necesitamos que cada uno esté en su puesto de trabajo, pero en las mejores condiciones laborales. Ello debería pasar en primer lugar por un aumento significativo de sus salarios. No es digno el salario que perciben y mejorar sus ingresos debe ser una prioridad. En segundo lugar, debe garantizarse equipos de bioseguridad cónsonos para prevenir contagios: máscaras Nro. 95, protectores faciales y bragas protectoras entre otros. Además, en los hospitales y otros centros de salud se requiere de agua continua y suficiente, jabón, desinfectantes de manera permanente y en la cantidad necesaria.

Exijamos y ayudemos a proteger a quienes están en la primera línea de atención a la emergencia nacional de salud, no solo porque protegiéndolos a ellos el país está en mejores condiciones de dar respuesta a la situación, sino que son hombres y mujeres quienes en primer lugar deben ser tratados con dignidad y se les deben garantizar a plenitud sus derechos.

Abogado y activista de Derechos Humanos
@marinoalvarado