Marino Alvarado | En un avance del Informe Anual 2019 sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela  de Provea, informamos hace poco que habían sido lamentablemente asesinadas 23 personas al ser sometidas a tortura por policías o militares. Una cifra escalofriante que refleja las graves violaciones a los derechos humanos que se producen en el país. Un total de 574 personas sufrieron tortura lo cual constituye un aumento de 526,60% en el número de víctimas contabilizadas, respecto a los 12 meses del año 2018 cuando fue registrado un total de 109 personas afectadas por torturas. Además, es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal, superando a las 185 víctimas registradas en 2014.

Los detenidos torturados fueron privados la libertad por motivos políticos o por haber presuntamente cometido algún delito común. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) es el organismo policial que más torturó. Sus policías torturaron a 259 personas. Es decir, casi la mitad de las personas torturadas, sufrieron en los calabozos de ese organismo. Por cierto, organismo que históricamente también se ha caracterizado por realizar un número significativo de ejecuciones policiales.

El Capitán de Corbeta de la Armada Venezolana, Rafael Acosta Arévalo, fue detenido el 21 de junio por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) de 2019 acusado de formar parte de una conspiración para desalojar del poder a Nicolás Maduro. Al día siguiente la esposa del militar denunció su desaparición.  El 26 de junio, después de seis días sin conocer su paradero, la detención de Acosta Arévalo fue anunciada por el ministro de comunicación e información de facto Jorge Rodríguez, quien acusó a tres de ellos, incluyendo al capitán, de incurrir en los delitos de “terrorismo, conspiración y traición a la patria”. Es decir, la alta cúpula de la dictadura tenía pleno conocimiento de la detención del Capitán y muy posiblemente algunos de ellos hayan ordenado las torturas.

Dos días después de la información suministrada a los medios por Jorge Rodríguez el capitán falleció como consecuencia de las torturas.

Diego Molina, ex fiscal de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) fue detenido el 10 de mayo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y trasladado a la sede de ese organismo en Palito Blanco, en Maracaibo, donde permaneció hasta morir con claros signos de tortura: sin uñas, golpeado brutalmente y una tetilla desprendida.

La autopsia practicada al cadáver de Molina reveló un Shock Hipovolémico Intestinal, con hemorragia en la parte superior del intestino. Sus familiares acudieron a los medios de comunicación exigiendo justicia.

Dos de las personas lamentablemente asesinadas por la misma práctica. Uno detenido por motivos políticos, otro por delitos comunes.

Todas las muertes ocurrieron en un contexto de silencio absoluto de quien hoy ejerce la función de Defensor del Pueblo: Alfredo Ruíz. Tal vez si hablara claro y alto ante la práctica de la tortura y ejerciera presión sobre el Ministerio Público para que los responsables sean llevados a la justicia, la realidad fuera otra. Si cumpliera con el mandato que la Constitución y la ley le otorgan y no se sometiera a los intereses políticos de defender la dictadura, se salvarían vidas.

Sabemos que la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos viene asesorando a la Defensoría del Pueblo en algunas áreas. Ojalá para evitar que sigan perdiendo la vida personas por tortura en Venezuela y otras miles sometidas a variedad de sufrimientos, sus más altas autoridades tengan la voluntad de empezar a velar para que se prevenga la tortura y en aquellos casos que ocurran, se sancione a los responsables. 

Todo lo que vaya orientado a que menos personas sufran del abuso del poder será bienvenido.

Abogado y activista de Derechos Humanos
@marinoalvarado