Oly Millán/ En un reciente artículo publicado en enero del presente año que lleva por título:  Venezuela, su Pueblo y Territorio a merced de las Aves de Rapiña, concluía diciendo lo siguiente:

“Es indudable que el país está huérfano en lo que se refiere a su defensa contra las acciones del capital internacional, no existe, por lo menos de forma visible, una estrategia clara y firme que indique el interés por parte de quienes gobiernan de defender a la Nación de los buitres financieros (porque así se comporta el capital cuando está frente a síntomas de debilidad y vasallaje que vulnera la soberanía de las naciones). Mientras continúe y se profundice la crisis política- institucional es imposible que el país desarrolle una estrategia coherente, cohesionada y soberana que impida la pérdida de sus principales activos en el exterior, como lo es Citgo, necesarios para superar la profunda crisis económica que tenemos. Una respuesta soberana a las pretensiones de estos “buitres”, requiere del concurso de todos y todas, pero sobre todo de quienes ocupan responsabilidades en las instituciones del Estado…” [1].

La noticia reciente, que no nos sorprende, pero si nos llena de mucha indignación, es la referida al rechazo que una corte federal de apelaciones de Estados Unidos realizo a la apelación que hizo PDVSA donde se solicitaba anular la orden que permite a la minera canadiense Crystallex cobrar con activos de PDVSA una indemnización, que según Crystallex[2], le adeuda el Estado venezolano estimada en unos 1.400 millones de dólares. Por otra parte, tenemos a los tenedores de bonos[3] aspirando sacar el mejor provecho financiero con las promesas de reestructuración de la deuda que hiciese en un futuro inmediato un hipotético “gobierno de transición”.

Un recuento necesario:

El 06 de febrero de 2011 la empresa canadiense Crystallex presenta ante el CIADI[4] una solicitud de arbitraje en contra de Venezuela[5], por considerar que sus inversiones en la mina denominada “Las Cristinas” ubicada en el Edo. Bolívar fueron seriamente afectadas, ya que el gobierno no solamente había rescindido la concesión de explotación de la mina otorgada en 1964[6] a una empresa que durante los 90 del siglo pasado había sido adquirida por Crystallex, sino que también,  había anulado unilateralmente el Contrato de Operaciones Mineras (COM) que había firmado esta última empresa, en el año 2002, con la CVG  para la explotación aurífera en dicha mina.

En la misma solicitud de arbitraje Crystallex solicitaba al Estado venezolano la indemnización por un monto de 3.160 millones de USD como compensación por el “lucro cesante” (valor de mercado) y los diversos gastos en los cuales, según esta empresa, había incurrido durante su proceso de “operaciones y preparación” para la explotación minera, que nunca llegó a ocurrir.  Cabe mencionar que Crystallex no es una empresa minera con probada experiencia en el campo, su proyecto más importante del cual nunca extrajo un gramo de oro, fue el de Las Cristinas, obteniendo con el contrato firmado con la CVG[7] una revalorización en su posición de mercado y por ende en sus estados financieros, del cual se ha aprovechado con creces.

En el laudo emanado del CIADI en fecha 04/04/2016 sentencia que el Estado venezolano le debe cancelar a Crystallex por concepto de indemnización la cantidad de 1.202 millones de USD[8] más los intereses que surjan hasta la cancelación total de dicho monto. El asunto es que Crystallex logra en el 2017 que un tribunal de Estado Unidos[9] le autorice incautar Citgo Petroleum como mecanismo para compensar el pago que “le adeuda el país”. Una estrategia clave en dicha sentencia a favor de Crystallex y en contra del Estado venezolano, fue el papel que para ello tuvo y viene jugando el abogado venezolano José Ignacio Hernández G contratado por Crystallex.

Lo indignante e insólito es que este abogado fue designado por el “gobierno interino” del Dip. Guaido’ como “Procurador especial de la República” y es quien recomendó la cancelación de los 72 millones de dólares por concepto de intereses de los bonos PDVSA2020[10], además es parte del equipo que ha venido realizando las propuestas de reestructuración de la deuda venezolana en el caso de un hipotético “gobierno de transición”.

Lo cierto es que en esta tierra de gracia y desgracia llamada Venezuela, es hoy en día, el centro de disputa del capital internacional, donde todos buscan sacar el mejor provecho personal y corporativo de un país, cuya soberanía está siendo comprometida y vulnerada por su propia dirigencia política, repartiéndose el país y entregándolo al mejor postor, obteniendo las “aves de rapiña” su mejor festín.

 

 

[1] Deuda: Venezuela, su Pueblo y Territorio a merced de las Aves de Rapiña:  https://www.aporrea.org/actualidad/a273663.html

[2] Esta empresa demanda al Estado venezolano en el 2011 por considerar que sus intereses fueron afectados cuando el gobierno del entonces presidente Chávez en el año 2008 decide rescindirle el contrato que tenia de explotación sobre la mina Las Cristinas, en el Edo. Bolívar.

[3] PDVSA2020.

[4] Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial.

[5] Esta solitud se sustenta en el Tratado Bilateral de Inversiones, TBI que tiene Venezuela desde el siglo pasado con Canadá.

[6] Inversora MAEL

[7] Corporación Venezolana de Guayana.

[8] https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7195.pdf

[9] Tribunal Federal de Delaware, EEUU.

[10] Bonos estos que están garantizados con el 51 por ciento de las acciones de Citgo.