Marino Alvarado/ Este mes se cumplen 27 años de la masacre de Haximú. Era junio de 1993 cuando ya existían denuncias de minería ilegal en territorio de pueblo indígenas. Todo con la complicidad o ineficiencia de la fuerza armada para garantizar protección del territorio contra la depredación ambiental.

Entre los meses de junio y julio de 1993 un grupo de garimpeiros (mineros) de nacionalidad brasileña dieron muerte, en dos ocasiones, a un total de 16 indígenas Yanomami incluyendo ocho niños y niñas e hirieron a otro grupo, en la región de Haximú, Estado de Amazonas.

Aunque en Venezuela y Brasil se abrió investigación por la masacre, en el caso de nuestro país las investigaciones no avanzaron. En Brasil fueron identificados 22 responsables varios de ellos detenidos y luego de un largo proceso finalmente mediante sentencia definitiva cinco fueron condenados por genocidio por haber sido cometido contra una etnia y los responsables condenados a 20 años.

Brasil juzgó a los responsables a pesar de haberse cometido el delito en territorio venezolano ya que la ley brasileña permite la aplicación extraterritorial de la ley penal para el delito de genocidio cometido por sus nacionales en el extranjero.

Como en Venezuela no hubo ni voluntad para investigar ni para proteger el territorio del pueblo Yanomani, el caso fue presentado el 6 de diciembre de 1996 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch Américas.

Luego de varios años de diálogo con gobiernos de Venezuela con la intermediación de la Comisión Interamericana se logró un acuerdo amistoso. El 1° de octubre de 1999 se suscribió un acuerdo preliminar posteriormente ratificado el 10 de diciembre de ese año día internacional de los derechos humanos.

En el año 2004, el representante del gobierno venezolano abogado Fermín Toro Jiménez, alegando se había violado la soberanía de Venezuela cuestionó el acuerdo y quedó en suspenso. Afortunadamente los abogados que lo sustituyeron rectificaron y volvieron a retomar el acuerdo el cual aún se mantiene.

Dos de los seis puntos del acuerdo son los siguientes:

1. Sobre vigilancia y control del área Yanomami. “El Estado se compromete a promover la suscripción de un acuerdo con el gobierno de Brasil, a fin de establecer un Plan de Vigilancia y Control Conjunto y Permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área Yanomami”

2. Sobre la situación de salud del Pueblo Yanomami. “El Estado se compromete: a diseñar, financiar y poner en funcionamiento, a través del Ministerio de Sanidad y en Coordinación con el Consejo Regional de Salud del Estado Amazonas, un Programa Integral de Salud dirigido al Pueblo Yanomami, para enfrentar la grave problemática sanitaria de la zona. El programa incluirá, entre otros aspectos, la construcción de infraestructura, la dotación de equipos médicos y la capacitación de miembros de la etnia. El Estado se compromete a destinar un presupuesto anual administrado por el Consejo Regional de Salud para la ejecución del Programa adoptado”

Ninguno de esos puntos ha sido cumplido satisfactoriamente. En el caso de la atención a la salud si bien en algunos momentos se han adoptado medidas adecuadas parcialmente ejecutadas, la situación de salud del pueblo yanomami se ha caracterizado por su gravedad y existe una permanente improvisación y falta de continuidad de las medidas.

La situación de protección del territorio no se ha cumplido. Avanza en el estado Amazonas la presencia de minería ilegal con personas provenientes tanto de Brasil como de Colombia y la presencia de grupos delictivos de distinta naturaleza que constituyen un riesgo para la población indígena yanomami y otros pueblos indígenas.

No solo existe el riesgo de violencia nuevamente, sino la contaminación de sus territorios y la propagación de enfermedades las cuales atentan contra la integridad de la población indígena.

Ya no solo por omisión existe una extensa minería ilegal, sino que el gobierno de facto con su plan desarrollista minero al sur de Venezuela va copando y destruyendo territorios indígenas, afectando su convivencia, su cultura y generando riesgo.

Veintisiete años después de la masacre de Haximú el Estado venezolano sigue en deuda con los Yanomami y tiene la obligación de cumplir de manera efectiva los compromisos adquiridos en el acuerdo amistoso

Coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión de Provea