Caso Haximu

A mediados de 1993, en un sector del Edo. Amazonas conocido como Haximú, un grupo de 16 personas de la comunidad Yanomami fueron asesinados por mineros brasileños que ingresaron ilegalmente.

En diciembre de 1996, la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Provea, elevaron el caso ante el sistema interamericano al no conseguir justicia en la jurisdicción nacional.

En 1999, los representantes del Estado venezolano y estas organizaciones suscribieron un acuerdo de solución amistosa que, entre otros aspectos, incluía la adopción de un plan de salud para beneficiar al pueblo Yanomami y medidas para garantizar el control y la vigilancia del área territorial de esta comunidad.

Desde que se firmó este acuerdo el Estado no ha materializado la mayoría de los compromisos. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron este incumplimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).]

Ante dicha instancia una vez más el gobierno expresó su disposición a corregir sus faltas y en tal sentido aceptó la propuesta de organizar reuniones de carácter operativo donde se establecerían lapsos para el cumplimiento de los compromisos. En este sentido, el Estado venezolano firmó con las organizaciones un acuerdo amistoso el 10.12.99, el cual tampoco cumplió.

Luego de dar a conocer a la instancia hemisférica sobre este nuevo incumplimiento, las organizaciones recibieron en el año 2004 la información por parte del Agente del Estado para los Derechos Humanos ante las Instancias del Sistema Interamericano, del desconocimiento del acuerdo amistoso argumentando que no era competencia de dicho despacho comprometer a la República en obligaciones como las planteadas en el acuerdo frente a cualquier organización no gubernamental y la instancia regional.

En virtud de esta conducta del Estado venezolano, las organizaciones le comunicaron a la CIDH que se retiraban del marco de acuerdo amistoso. Sin embargo, dejaron expresamente establecida su voluntad de retomar el acuerdo amistoso si se produjedran hechjas concretas por parte del Estado venezolano que reflejen la disposición de cumplir sus obligaciones frente al pueblo Yanomami.

En enero de 2008, Provea solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se realizara una reunión de trabajo para retomar el diálogo, explorar posibilidades de seguir avanzando hacia un nuevo acuerdo amistoso, para que se concretara el fortalecimiento de las medidas de prevención y control permanente de la entrada de garimperios y de la actividad minera ilegal en el área Yanomami, especialmente en el Municipio de Río Negro donde hay presencia minera no controlada, localizada en hábitat indígena y bajo protección especial; para que se fortalezcan las actividades de coordinación, monitoreo, seguimiento y evacuación de los objetivos, metas y acciones derivadas del Plan de Salud Yanomami, para lo cual es necesario la definición e implementación de un Sistema de Indicadores Estructurales, de proceso y de resultado, que permita monitorear y evaluar con una perspectiva de Derecho las acciones emprendidas y los resultados derivados del Plan, de forma oportuna y efectiva; para que se fortalezcan las medidas orientadas a garantizar la ampliación de la cobertura de los servicios de salud en beneficio de las comunidades Yanomami de mediano y de más difícil acceso; para que se asegure la continuidad de los Programas de Formación en Salud, con enfoque intercultural en beneficio del Pueblo Yanomami y demás etnias indígenas, y para que se garantice la sostenibilidad financiera del Plan de Salud antes mencionado. 

En octubre de 2010, varios miembros de la comunidad Yanomami realizaron una denuncia en una estación de radio del estado Amazonas, en donde plantearon que aún continuaban los conflictos con los garimpeiros, ya que estos seguían teniendo acceso al territorio Yanomami. Además, denunciaron que uno de los caciques había fallecido y que el centro de salud en donde le habían prestado atención médica, no quería entregarles el cuerpo, por lo que no habían podido realizar los rituales correspondientes a su cultura y tradiciones.

 

Actualmente, Provea está estudiando cuáles serán las acciones que realizará con respecto a estas últimas denuncias presentadas por la comunidad Yanomami.