Caso VIASA

Jubilados de la empresa VENEZOLANA INTERNACIONAL DE AVIACIÓN (VIASA), agrupados en la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VIASA (ANTJUVIASA), y el PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA) introdujeron el 06.09.01, una petición contra el Estado Venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación del derecho humano a la jubilación, a la protección judicial efectiva y al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales

Las acciones judiciales de ANTJUVIASA datan de 1998 cuando, a raíz del proceso de privatización de la línea aérea nacional VIASA, adelantado por el Gobierno Nacional, se suscribió un contrato con los compradores de -Iberia, Banco Provincial y Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV)-, cuyas cláusulas laborales establecían que los trabajadores perderían su condición de empleados públicos y, en consecuencia, el beneficio del Plan de Jubilación previsto en la anterior contratación colectiva. Desde esa fecha, 6 afectados fallecieron esperando que el Estado venezolano, cumpliera una sentencia del Juzgado 7mo de Primera Instancia del Trabajo de Caracas, a través de la cual se resarciría su situación. 

Ya elevado el caso a instancias de la CIDH, las partes acordaron avanzar hacia una solución amistosa a favor de las personas jubiladas y pensionadas de VIASA. El acuerdo quedó registrado en un acta de compromiso suscrita el 02.03.05, suscrita por ambas partes, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, en representación de ANTJUVIASA. En este compromiso, el Estado convino en ejecutar distintas acciones en el plazo de los 4 meses subsiguientes, a fin de restituir los derechos agraviados

El Ministerio de Finanzas procedió a cancelar un monto total de 600 millones de bolívares, a un grupo de 27 ex empleados de la empresa Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (VIASA), entre los cuales figuran jubilados y herederos de ex trabajadores fallecidos.

Se han realizado varias solicitudes de reuniones de trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para encontrar una pronta solución al caso y con la finalidad de adoptar formalmente una solución amistosa, al tiempo de realizar una revisión de los acuerdos que no se han cumplido:

  • Realización de un programa especial de televisión en el canal oficial de mayor cobertura a nivel nacional en homenaje al jubilado fallecido Jesús Manuel Naranjo, Presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados de Viasa, y en reconocimiento a la perseverancia de los jubilados en la lucha por sus derechos.
  • Realización de un programa educativo en donde se den a conocer los derechos y beneficios que asisten a las personas jubiladas en Venezuela.

Además se exhorta al Estado a continuar cumpliendo los compromisos acordados, especialmente los de naturaleza no pecuniaria, que implican el establecimiento de responsabilidades, así como adoptar medidas para evitar la reiteración de estos hechos.

En febrero de 2011, Provea envió una comunicación a la CIDH solicitando información acerca del avance en la tramitación del caso. En marzo de 2011, la Comisión envió respuesta señalando que el caso se encontraba en etapa de resolución amistosa, lo que significa que no habían ocurrido avances significativos.

Posteriormente en junio de 2012 Provea envió a la CIDH una comunicación informando los niveles de cumplimiento del Acta de Acuerdo Amistoso suscrita por la República Bolivariana de Venezuela y los Jubilados de VIASA. En dicha comunicación, se informó que el Estado Venezolano viene cumpliendo con los aspectos fundamentales del acuerdo suscrito. Las personas beneficiarias de pagos de jubilación y pensión vienen recibiendo sus pagos mensualmente, por lo que se reconoció, la voluntad política asumida por los representantes del Estado de Venezuela para cumplir el compromiso asumido.

Asimismo, se informó acerca del no cumplimiento de los compromisos de carácter no pecuniario, por lo que Provea considera fundamental que, para llevar a buen término el proceso de un acuerdo amistoso, mediante el cual la CIDH pueda proceder a elaborar un informe en los términos del artículo 49 de la Convención Americana, el Estado Venezolano debe cumplir con los compromisos no pecuniarios y asumir el reconocimiento público de responsabilidad (numerales 1, 2 y 3 del punto II del presente escrito) por haber violado los derechos humanos de la personas jubiladas de VIASA y sus familiares.

Con la denuncia de Venezuela a la CADH, se puede hacer ilusorio el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre los ex trabajadores de VIASA y la República Bolivariana de Venezuela, lo que vulneraría los derechos consagrados en la constitución, las leyes y los tratados internacionales.